El nuevo partido Frente Amplio, que unió Convergencia Social (CS) con Revolución Democrática (RD), se está recién instalando en la política nacional. La fusión dio paso a este nuevo gran movimiento en el que están incorporados parte de las principales figuras del oficialismo.
Pero no todo lo de CS y RD desapareció con la unión. Todavía quedan algunas cuentas pendientes de los dos partidos. Son multas que les impuso el Servicio Electoral (Servel) por problemas en las rendiciones de sus gastos durante los años 2021 y 2022. En total, son más de $48 millones los que tienen como multas ambas tiendas políticas. Tanto CS como RD recurrieron ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para apelar a las sanciones del Servel. Esta deuda podría ser arrastrada al nuevo partido Frente Amplio.
“El partido resultante de la fusión, de conformidad a la Ley de partidos, es sucesor de los partidos fusionados en sus derechos y obligaciones patrimoniales, dentro de ellas, el pago de multas al fisco”, confirmó el Servel a Interferencia.
Los pendientes serán una tarea a resolver para la nueva colectividad, que no ha tenido necesariamente una convivencia tranquila con el Servel en el pasado. Cabe recordar que fue este organismo el que solicitó la disolución del partido Comunes en diciembre de 2023, lo que fue decretado por el Tricel en mayo de este año, por faltas graves y reiteradas a la normativa que regula el financiamiento público de los Partidos Políticos.
Los $39 millones de Convergencia Social
El Servel tuvo observaciones en dos de los balances presentados por Convergencia Social, correspondientes a los años 2021 y 2022. Así lo reconoció Yerko Cortés, ex tesorero de CS y actual tesorero de la directiva provisoria del Frente Amplio, en una declaración enviada a Interferencia: “Efectivamente tuvimos observaciones a nuestros balances 2021 y 2022 por diversas dificultades que posteriormente fueron resueltas, tal como es posible ver en las resoluciones que aprueban los balances”.
Así y todo, aunque Cortés señale que los balances fueron aprobados, el Servel dictó dos multas en contra de Convergencia Social.
Tanto CS como RD recurrieron ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para apelar a las sanciones del Servel. Esta deuda podría ser arrastrada al nuevo partido Frente Amplio.
La primera fue por 200 UTM ($13 millones) y se estableció el 12 de junio de 2024 mediante una resolución firmada por Raúl García Aspillaga, director del Servel. La historia de esta sanción se relata en documentos del organismo público.
“Con fecha 05 de mayo de 2022, mediante Oficio Ordinario N° 1727 emanado de este Servicio, se comunicó al colectivo que la información presentada respecto al Balance 2021, se encontraba incompleta tanto en los libros contables como en la documentación de respaldo”, reza uno de los informes de la investigación.
Convergencia Social intentó resolver las observaciones, pero igual el balance fue nuevamente rechazado el 21 de noviembre del mismo año. “El aludido Partido (Convergencia Social) no dio cumplimiento a su obligación de validar las operaciones detalladas en cada una de las observaciones efectuadas, sin que, además, haya acompañado la documentación de respaldo exigida para justificar cada uno de los gastos. Motivo por el que, el Balance 2021, del partido en cuestión, no se ajustó a las anotaciones de los libros y documentación contable entregada en su rendición”, indicó el Servel.
Por esta situación se abrió un proceso administrativo sancionatorio en contra de Convergencia Social, donde tuvo la oportunidad de defenderse de las observaciones que seguían persistiendo. En sus descargos la colectividad admitió “errores cometidos durante la Dirección Nacional anterior, por lo que, desde la llegada de la dirección actual se ha buscado cumplir íntegramente con todas las obligaciones con el objeto de mantener un control permanente, para que dichas situaciones no vuelvan a ocurrir”, según se lee en un informe del Servel, que continúa:
“El Partido señaló en sus descargos, que, respecto a lo imputado en forma específica, Convergencia se allana a los cargos imputados, reconociendo que existió un error en la información de respaldo del Balance y errores en su rendición, ratificando su intención de colaborar en todo lo que sea necesario a fin de aclarar y cumplir con la normativa”.
Fue así que desde el Servel propusieron por estas faltas una multa de 200 UTM, que serán absorbidas por el ahora nuevo Frente Amplio, sin perjuicio de que Convergencia Social presentó una reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para revertir esta sanción.
Pero no es la única multa que CS apela en el Tricel. Existe otra por 400 UTM ($26,3 millones) impuesta por el Servel el 25 de junio de 2024. La historia de esta otra sanción también está explicada en los informes del organismo público. Estos relatan que el Servel tuvo observaciones con otro balance de la colectividad, ahora del año 2022. “Se informó al partido por Oficio N°2207, que la información presentada acerca del balance año 2022 se encontraba incompleta, tanto en los libros contables como la documentación de respaldo, fijándose un plazo de 10 días hábiles para la justificación de las observaciones”, se lee en uno de los documentos del Servel.
La colectividad fundada por el presidente Boric presentó respuesta a las observaciones formuladas, pero igualmente el Servel rechazó el balance correspondiente al periodo de 2022. Por estas razones, se inició otro procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Convergencia Social, donde la colectividad tuvo la chance de defenderse, pero no lo hizo. Así reza en el informe del Servel: “encontrándose legalmente notificado de la formulación de cargos y transcurrido el plazo para efectuar sus descargos, el partido Convergencia Social no hizo uso del derecho a defensa que le asistía, adoptando una posición pasiva respecto del reproche formulado y sin aportar tampoco antecedentes y/o pruebas en el presente procedimiento con el propósito de desvirtuarlo”.
Por esto, el Servel impuso una multa de 400 UTM, que fue reclamada por Convergencia Social ante el Tricel mediante un recurso ingresado el 5 de julio de 2024.
“Apelamos ante el Tricel argumentando que las observaciones que se nos hicieron ya fueron resueltas, que respondimos con celeridad, y que hemos realizado cambios en nuestros procesos administrativos para garantizar que las situaciones que originaron dichas observaciones no vuelvan a suceder para 2023 y los posteriores años, manteniendo una relación colaborativa y fluida con el Servel”, dijo a Interferencia el tesorero Yerko Cortés respecto de los dos procedimientos iniciados por Convergencia Social ante el Tricel.
El balance 2021 de Revolución Democrática
En febrero de este año, el partido Revolución Democrática (RD) fue notificado de un proceso administrativo en su contra por parte del Servel correspondiente al balance del año 2021, “por no haber dado dado cumplimiento legal a su obligación legal de conservar la documentación contable, que respalde y justifique las anotaciones de los gastos para los cuales se destinó los recursos obtenidos por el aporte fiscal autorizado por el Servicio Electoral”.
En efecto, el Servel se refirió al libro general de ingresos y egresos -uno de inventario y otro de balance- el cual debe ser remitido a dicho Servicio, el que podría rechazarlo si es que considera que no se ajusta a las anotaciones contenidas o contiene errores.
Así, la multa de beneficio fiscal consideró una sanción de grado medio, es decir, de más de cien a doscientas unidades tributarias mensuales.
“El Servicio Electoral, en cumplimiento de sus funciones, procedió a la recepción de los antecedentes presentados por las colectividades políticas en el marco de la citada normativa, en relación al proceso de fiscalización de los Partidos Políticos correspondientes al año 2021, verificando que el partido político Partido Revolución Democrática, no dio cumplimiento a su obligación de entregar la documentación que demostrara el gasto del partido”, sostiene la documentación.
Se recordó que en marzo de 2022, se requirió a RD para que presentara los documentos que justifican los gastos en el plazo concedido por el servicio cuyo vencimiento aconteció el día 29 de abril de 2022. De esa forma, en mayo de 2022, se informó al partido que la información presentada del balance del año 2021 se encontraba incompleta, tanto en los libros contables como en la documentación de respaldo.
En la cronología, se describe que en septiembre de 2022, RD solicitó una prórroga de cinco días para la presentación de las respuestas a las observaciones formuladas al balance 2021, otorgándose dicho plazo, cuyo vencimiento aconteció el 20 de septiembre de ese año. Al día siguiente, el partido presentó mediante correo electrónico las respuestas a las observaciones formuladas en los estados financieros de 2021.
El 7 de diciembre de 2022, se rechazó el balance del ejercicio contable de 2021 por parte del Servel y en 2024 se instruyó el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio por el incumplimiento mencionado. En marzo de este año, el partido volvió a solicitar una prórroga para presentar descargos, lo cual le fue concedido.
En sus argumentos, el partido esgrime que la responsabilidad del colectivo se encuentra prescrita, toda vez que el año para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra RD habría vencido el día 21 de septiembre de 2022, en razón en que el colectivo dio respuesta a las observaciones formuladas a los estados financieros del ejercicio contable año 2021 mediante correo electrónico el mismo día 21 de septiembre de 2022.
“El partido resultante de la fusión, de conformidad a la Ley de partidos, es sucesor de los partidos fusionados en sus derechos y obligaciones patrimoniales, dentro de ellas, el pago de multas al fisco”, confirmó el Servel a Interferencia.
Asimismo, RD agregó que el incumplimiento obedeció a razones de fuerza mayor que impidieron presentar el balance en la fecha acordada y que las objeciones efectuadas por el Servel ya estarían resueltas por un acto anterior.
Pese a lo anterior, los argumentos fueron desechados por parte del Servicio. “Es necesario manifestar que el presente procedimiento administrativo sancionatorio dio cabal cumplimiento a las instancias procesales para que el partido hiciera uso del derecho a defensa que le asistía, disponiendo un término de prueba en que el servicio citó a los testigos ofrecidos por el colectivo y tomó declaración a éstos”.
Además, se recordó como agravante la reincidencia de RD por infracciones que ocurrieron en 2019 y 2020, con sanciones de 25 y 50 unidades tributarias mensuales.
De esa manera, se propuso la multa de 150 UTM (más de $9 millones) a beneficio fiscal en contra del ahora disuelto partido político.
Al respecto, Interferencia contactó a la colectividad, quienes hicieron llegar una declaración de la tesorera de la última directiva de Revolución Democrática 2023-2024, María José Oyarzún.
“El balance de 2021 se encuentra aprobado por el Servel, y por observaciones se resolvió una multa de 150 UTM. Frente a esta sanción, el Tricel está evaluando una posible rebaja, considerando la proporcionalidad de la sanción y nuestra colaboración durante el proceso. El pago correspondiente se realizará una vez finalizado el proceso actual”, apuntó.
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