Durante la jornada de ayer martes cerca de 15 familias fueron desalojadas de un predio propiedad de Forestal Arauco en Curanilahue, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Lo anterior, justificado según los ejecutores por un fallo de la Corte Suprema que ordenó la medida a solicitud de la empresa en un predio conocido como “La Colcha”. En el lugar se registraron incidentes con la policía uniformada.
El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, confirmó que se trata de un desalojo ordenado por la Corte Suprema; sin embargo, también dijo que el Gobierno debe buscar hacerse cargo de mejorar las condiciones de quienes se mantenían en la toma.
Por su parte, la defensa legal de los vecinos expulsados del territorio argumentaron una serie de puntos en contra de la medida. Entre ellos, que se trataría de un desalojo con proceso judicial inconcluso; que en el desarrollo de la acción legal han existido vulneraciones al debido proceso; y que la expulsión se habría llevado a cabo en medio de un incumplimiento de medidas humanitarias y en el contexto de un déficit estructural de vivienda en Curanilahue. A ello, se le sumaron las suspicacias que existe por el eventual interés de E2E, una constructora de vivienda industrializada adquirida por la forestal en 2023, la cual podría tener intereses inmobiliarios en los paños desalojados.
Consultados por Interferencia, desde la Forestal Arauco indicaron que por el momento no entregarán declaraciones respecto a estos cuestionamientos.
Contexto y defensa legal
Los juristas detrás de los pobladores afectados por el desalojo dieron cuenta que en la provincia de Arauco, se han identificado 5 recursos de protección idénticos solo en Curanilahue durante el año 2024, y uno más en 2025. A lo que deben agregarse en total 20 entre el 2024 y 2025 solo en la comuna de Curanilahue, siendo varios más en la Provincia de Arauco. A su juicio, es relevante destacar que cada uno de estos recursos notifica a una o tres personas, resultando en el desalojo de campamentos completos.
Adicionalmente, se han efectuado desalojos expeditos bajo el nuevo delito de usurpación. En estos casos, explican los abogados, Arauco ha presentado denuncias estandarizadas (patrocinadas por Enrique Hernández, actual penalista de Arauco, quien se desempeñó anteriormente como abogado la Delegación Presidencial de la Provincia, en el período en que ésta era liderada por la ex delegada Daniela Dresdner) contra un número limitado de individuos, indicando una fecha para la aplicación de la nueva ley Así, los defensores apuntan que esto ha permitido obtener desalojos inmediatos mediante medidas cautelares que, según numerosos constitucionalistas destacados, adolecen de una evidente inconstitucionalidad al establecer la flagrancia permanente, asimilándose a la teoría del secuestro permanente, originalmente concebida para delitos de lesa humanidad.
Asimismo, destacan que estos hechos también establecen que en cualquier etapa de la investigación se puede solicitar el desalojo, “lo que resulta absolutamente inconstitucional, pues vulnera el principio de inocencia”.
En conversación con Interferencia, el abogado Rodrigo Valdés Alé, expresó que “dado que esta ley comenzó a regir a fines del año 2023, Arauco interpone querellas contra personas en un campamento que actualmente estén construyendo una vivienda y solicitan como medida cautelar el desalojo, lo que ha sido aprobado sin siquiera existir formalización contra los eventuales infractores. Se ha ordenado el desalojo en un plazo de 45 días sin protocolo alguno, a diferencia de los recursos de protección que lo ordenan en seis meses. Es importante destacar que, incluso hasta la fecha, algunas Cortes han rechazado recursos de protección sobre desalojos, pero la Tercera Sala insiste en mantenerlos”.
En relación con las alternativas que se presentan, o más bien la ausencia de estas, “en el caso del desalojo del campamento catastrado de La Colcha, los residentes fueron simplemente despojados de sus viviendas. Se les permitió retirar sus pertenencias, sin que se observaran los protocolos que la normativa chilena, y los estándares internacionales, establecen para estas situaciones, los cuales exigen la provisión de una vivienda alternativa o transitoria y un procedimiento que contemple el antes, durante y después del desalojo”, describió Valdés.
“Durante mi visita al campamento Las Torres, solo se constató la presencia de una funcionaria de la Delegación, quien realizaba verificaciones documentales de los afectados. Jamás se había constatado en Chile que las personas sean desalojadas a la calle sin mayores consideraciones. Posteriormente, los medios de comunicación masivos caracterizaron a los afectados como grupos delictuales, lo que considero un aspecto novedoso en este contexto”, denunció el abogado.
Respecto a las alternativas de vivienda que podría ofrecer Arauco para los afectados, a juicio de Valdés, “estas carecen de concreción”.
“Es sabido que Arauco participa en el negocio de la vivienda social, en asociación con Techo, colaboración que data, según registros disponibles desde 2009. Además, junto al arquitecto Alejandro Aravena, han desarrollado proyectos de Subsidio Habitacional DS49. Esto sugiere que los desalojos podrían estar relacionados con una estrategia para que las soluciones habitacionales sean provistas, económicamente, por empresas vinculadas a Arauco”, aseveró el jurista.
En ese sentido, para Valdés “en Curanilahue, la situación se agrava por el cerco territorial impuesto por Arauco, evidenciado en un informe del Municipio de 2019 durante la tramitación de un plan regulador anterior, donde se constató su negativa a vender terrenos circundantes. Esto configura un caso de gentrificación severo, posiblemente uno de los más graves a nivel mundial. Las alternativas que se proponen son viviendas industrializadas, un negocio reciente de Arauco, incentivado por la apertura gubernamental a "nuevas formas de tenencia". Históricamente en Chile, el movimiento anarquista, más que la derecha, ha promovido la propiedad de la vivienda. El cambio de este principio fundamental ha incentivado a que pocas empresas incursionen en este negocio, a través de intermediarios como las EGIS, lo que ha derivado en los problemas asociados a las fundaciones en el departamento de asentamientos precarios, y a la vinculación de altos funcionarios con empresas de vivienda social y este tipo de proyectos”.
Consultado por las iniciativas en vivienda social llevadas a cabo durante la administración del ministro de Vivienda, Carlos Montes, durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric, el abogado dijo que “considero que el plan del gobierno actual, sin ser un especialista en economía ni en grandes proyectos de inversión, parece configurar un esquema que permite a los grandes fondos de inversión asumir la responsabilidad de la vivienda social, en el sentido de adquirir la propiedad y fomentar el arrendamiento. Este arrendamiento, al ser impagable para las personas, sería subsidiado por todos los ciudadanos chilenos. Este enfoque fue lo que se intentó implementar en la ley de integración social sin éxito”.
Sobre ello, Valdés recordó que “esta propuesta fue planteada en ambos proyectos constitucionales, lo que permite apreciar claramente que no existen diferencias entre las perspectivas de izquierda y derecha en este aspecto. Se observa la participación de grandes empresas, junto con fundaciones relevantes y otras de menor envergadura, que respaldan este nuevo sistema de vivienda social. Podría definirse como un sistema de alianza público-privada con grandes corporaciones. Un ejemplo claro de esta manifestación es la unión de Techo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para crear la fundación Déficit Cero, dedicada exclusivamente a la problemática de los asentamientos precarios. Los resultados son evidentes”.
“Desde una perspectiva estrictamente comercial, el desalojo de personas a la calle genera el mercado necesario para la entrega de las viviendas que estas entidades construyen, a un valor que ellas mismas determinan. Existen cifras notablemente dispares entre las proporcionadas por Techo, el SERVIU y el MINVU. A este respecto, es pertinente señalar que el Ministerio de Vivienda ha facultado a Techo para actuar como organismo oficial en el catastro de campamentos, lo cual constituye un punto que debe ser revisado”, sostuvo.
En esa línea, el defensor aseguró que “la cuestión de los campamentos y asentamientos precarios es el ámbito donde se han manifestado los casos de corrupción más notorios que, en mi experiencia personal, jamás había presenciado. Considero que el Ministro de Vivienda debe proporcionar explicaciones. No sé si, a estas alturas, debería considerar su dimisión, dado que se alude a éxitos no comprobables en un contexto donde se afirma haber realizado un gran esfuerzo para paliar el déficit habitacional, aunque la realidad parece ser distinta. Las únicas metas alcanzadas son aquellas que ellos mismos se han autoimpuesto”.
Sobre el mismo tema, Valdés cree que “lo único indudable es que los asentamientos precarios han aumentado, a pesar de las barreras impuestas para la solución del problema y a pesar de la criminalización de los asentamientos precarios, que en Chile nunca han constituido un delito de usurpación. La mayoría de los campamentos, que actualmente superan los 1.500 y están incluso catastrados por el gobierno, no tienen un origen delictivo. La figura de los recursos de protección, como sabemos, ha sido rechazada recientemente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y Concepción”.
“Esto se debe a que, simplemente, no se cumple con el estándar mínimo de los tratados internacionales, en particular el Pacto de San José de Costa Rica, ni con la Constitución chilena en cuanto al acceso a un procedimiento racional y justo”.
Curanilahue
Consultado por lo ocurrido durante la jornada de ayer, Valdés solicitó “expresar, con el debido respeto, que la situación actual del campamento, aunque de dimensiones reducidas, es profundamente conmovedora. La presidenta del campamento se encuentra en tratamiento por cáncer y tiene un hijo con serios problemas de salud. La presencia de niños y adultos mayores en esta situación es una realidad que genera un profundo dolor y evidencia la indolencia de las autoridades gubernamentales. Actualmente, no identifico a ninguna figura que demuestre un compromiso efectivo con la solución de este problema”.
A partir de ello, el abogado aseveró que “me resulta agotador escuchar al ministro Montes referirse a un caso que considero absolutamente infundado, como el homicidio de Alejandro Correa. Este caso ha sido utilizado, a mi juicio, para impulsar una ley de usurpaciones que carece de precedentes en la historia penal chilena. Han establecido la usurpación como un delito de ejecución permanente, similar a la interpretación que hizo el juez Guzmán respecto a los secuestros durante la dictadura, cuando las personas eran detenidas y su paradero se desconocía”.
“Utilizar estos elementos para orquestar lo que podría calificarse como un fraude procesal es inaceptable. Se están inventando fechas para llevar a cabo desalojos sin un juicio previo. Recientemente, escuchamos a un carabinero explicar a los pobladores que, a partir de ahora, las personas serán desalojadas sin juicio, sin importar el tiempo de ocupación. Si bien es cierto que las ocupaciones son precarias y cualquier propietario tiene derecho a solicitar la restitución de su terreno en un período razonable, existen herramientas legales para ello, como el llamado a Carabineros o el uso de líneas telefónicas de denuncia. La pregunta pertinente es por qué existen personas que llevan cinco años ocupando un terreno sin que se les haya solicitado su restitución, y por qué en el caso de Colico Norte, hay personas con más de 40 años de ocupación a quienes no se les ha pedido el terreno y ahora están siendo acusadas a través de recursos de protección y juicios penales”, apuntó.
“Como abogado, me enorgullece representar a estas personas, quienes, a su vez, sienten un profundo orgullo de contar con un abogado que lucha por sus intereses y no responde a ningún otro. A la fecha, el juicio de la Colcha no ha concluido y las personas están siendo desalojadas, con un desalojo final programado para mañana. Existen dos recursos de apelación pendientes en la Corte Suprema, uno ingresado por la misma empresa y otra por mí. Y en la Corte de Apelaciones de Concepción aún no ha resuelto dos escritos presentados, uno por el municipio de Curanilahue y otros dos por mi persona”, subrayó.
Finalmente, destacó que “la Delegación aún tiene tiempo para presentarse ante el tribunal y corroborar la veracidad de mis afirmaciones: que las personas afectadas forman parte de un campamento catastrado y que no debería haber detenciones, y que se aclare si Arauco ha incurrido en falsedades al afirmar la entrada de personas el 21 de abril de 2024 y la existencia de campamentos catastrados. Estas son las preguntas fundamentales que deben plantearse a Arauco y a la Delegación, instándolos a acudir a la Corte para detener esta crisis humanitaria”.
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