Lo que comenzó como alegría para la campaña ciudadana Queremos Tupungato (antes llamada Queremos Parque) hoy se ha transformado en genuina preocupación. El colectivo viene presionando desde 2019 para que terrenos fiscales ubicados en la cordillera y precordillera se transformen en una gran área protegida. En marzo de 2022, el anhelo se hzo realidad, cuando el entonces gobierno de Sebastián Piñera anunció la creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago, el cual se concretó en agosto de 2023 a través de un decreto firmado por la actual administración de Gabriel Boric. 

El proyecto involucra pasar de explotar 5 mil toneladas de yeso al mes a 62 mil 500; una operación “a cielo abierto” y con tronaduras que durará 57 años y cuyo mineral resultante será trasladado por el Cajón del Maipo en decenas de camiones mineros.

Sin embargo, en marzo de 2024 se encendieron las alarmas en la organización: la multinacional alemana Knauf ingresó un Estudio de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la ampliación del yacimiento de yeso Rubí, emplazado en las faldas del Parque Nacional Glaciares. El proyecto involucra una inversión de US$102 millones para pasar de explotar 5 mil toneladas de yeso al mes a 62 mil 500; una operación “a cielo abierto” y con tronaduras que duraría 57 años y cuyo mineral resultante seriá trasladado por el Cajón del Maipo en decenas de camiones mineros. 

En abril, el SEA lo admitió a trámite. “No entendemos por qué el gobierno no rechazó inmediatamente, sabiendo que no cumplía con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS)”, asegura en entrevista con Interferencia Pilar Valenzuela, vocera de Queremos Tupungato. 

Según explica la ingeniera ambiental, el PRMS establece desde 1994 que el territorio donde se emplaza el yacimiento Rubí, un gran paño de tierras fiscales, corresponde a un área de preservación ecológica, lo que implica que éste no puede ser subdividido. Aún así, en la década de los 90, con estas tierras bajo control del Ejército y con Augusto Pinochet como comandante en jefe de la institución, el Estado contravino la norma y vendió 16.700 hectáreas del predio a un precio “bajísimo”, según Valenzuela, a Hernán Briones, entonces presidente de la Fundación Pinochet y dueño de Cementos Bío Bío. 

El yacimiento de yeso fue explotado por Cementos Bío Bío hasta que Knauf lo compró, mientras que el resto del predio, de 142 mil hectáreas, fue devuelto por el Ejército de Chile al Ministerio de Bienes Nacionales en 2019, año en que Queremos Tupungato se creó para exigir un parque en la zona. 

La organización ciudadana acudirá hoy a la Contraloría General de la República para presentar un reclamo en torno a la instalación de esta operación minera y su posible ampliación, esperando un pronunciamiento de la contralora Dorothy Pérez. “Ojalá se pueda retrotraer y dejar sin efecto la venta de este pedazo del predio, que en ese minuto [en que se vendió] era del Ejército pero que era de propiedad pública”, explicó Pilar Valenzuela.

Además de buscar dejar sin efecto la subdivisión del terreno, su posterior uso minero y la potencial ampliación del yacimiento mediante una mina a rajo abierto, Queremos Tupungato exige que se proteja la totalidad del terreno fiscal, del cuál 70 mil hectáreas, ubicadas sobre los 3.600 metros de altura, forma parte del Parque Nacional Glaciares de Santiago, pero otras 70 mil hectáreas permanece sin protección. 

“Hay una afectación muy importante a la población de San José de Maipo, porque el único camino por el cual pueden pasar los camiones es [...] bajando por el camino del Cajón del Maipo hasta Puente Alto. Se supone que serán más de 200 camiones al día durante 57 años

En conversación con Interferencia, Pilar Valenzuela desarrolló tanto el impacto ambiental del proyecto en una zona de alta biodiversidad, como también las potenciales consecuencias para la comunidad que vive en el Cajón del Maipo. “Hay una afectación muy importante a la población de San José de Maipo, porque el único camino por el cual pueden pasar los camiones es [...] bajando por el camino del Cajón del Maipo hasta Puente Alto. Se supone que serán más de 200 camiones al día durante 57 años, que es lo que pretenden explotar la mina”. 

La organización Queremos Tupungato lleva años presionando para preservar tierras fiscales en la cordillera y precordillera de la Región Metropolitana para así crear un parque que proteja la biodiversidad y sea una alternativa para la población para conectarse con la naturaleza. ¿Cuál fue su reacción como organización al anuncio del Presidente Boric en agosto de 2023 respecto a la creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago?

Nosotros estábamos muy contentos de que se haya concretado el parque Glaciares de Santiago. Creemos que es un gran avance, y con eso quedan protegidos los glaciares. Sin embargo, no es suficiente. El área fiscal es bastante más grande que eso [lo incluido en el parque], se protege más o menos la mitad, pero necesitamos la parte baja del terreno, donde está la biodiversidad y donde está la posibilidad para que las personas, mayoritariamente puedan disfrutar este gran espacio natural que tenemos al lado de Santiago. El Parque Glaciares está muy alto, sobre los 3.600 metros, por lo que será un parque para los grandes deportistas, pero no para la mayoría de las personas. 

A fines de marzo, la empresa alemana Knauf presentó un Estudio de Impacto Ambiental para ampliar la explotación a rajo abierto de un yacimiento de yeso, el Yacimiento Rubí, a escasas hectáreas del Parque Nacional Glaciares de Santiago. ¿Cuál estiman que será el área de afectación de este proyecto?

El área de afectación es bastante grande, porque afecta no sólo el territorio que está alrededor, que es todo el área fiscal. Hay que entender que el proyecto Rubí se instala justo al centro de toda el área fiscal, al lado del Parque Glaciares de Santiago, debido a una subdivisión de este predio fiscal. 

En la época en que Pinochet estaba como comandante en Jefe del Ejército y este territorio era del Ejército —antes de que pasara a ser fiscal en 2019—, lo venden, hacen una subdivisión que no cumplía con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que tenía prohibida la subdivisión acá, para poder hacer una venta directa a Hernán Briones, quien era en ese momento presidente de la Fundación Pinochet y dueño de Cementos Bío Bío, en lo que fue un entuerto bien irregular porque fue un acuerdo directo a un precio bajísimo, totalmente fuera de mercado. En el fondo favorecen a una persona con un territorio de 16 mil 700 hectáreas. 

Esta subdivisión se realiza en una zona de preservación ecológica y por eso no se podía subdividir, ¿no?

La primera afectación es todo alrededor, con las tronaduras y el polvo, lo que va a afectar a los glaciares y a la biodiversidad.

Sí, esta zona es de preservación ecológica en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y por eso está protegida y está prohibida su subdivisión. Entonces, esto hoy lo vamos a reclamar en Contraloría, a ver si se puede retrotraer este problema ya que lo descubrimos hace poco cuando hicimos un estudio legal de todo el previo del Río Colorado. A raíz de este inicio del problema es que hoy día Knauf compra parte del territorio a Cementos Bío Bío e ingresa un proyecto minero [al Servicio de Evaluación Ambiental] al centro de la propiedad fiscal. 

¿Qué zonas se verían afectadas de ser aprobado este proyecto?

La primera afectación es todo alrededor, con las tronaduras y el polvo, lo que va a afectar a los glaciares y a la biodiversidad. Muy particularmente afectará a una especie que se llama el soldadillo de la cordillera, que es una especie de flora en peligro de extinción, encontrándose sólo un par de poblaciones muy chiquititas en las laderas de los cerros en Río Colorado, con una tercera población ubicada justamente donde quieren explotar el yacimiento Rubí. Esa pequeña población de una flor al borde de extinguirse, rarísima, lo que pretende la minera es trasladarla, lo cual es completamente absurdo cuando se trata de una planta que apenas conocemos y con las malas experiencias que tenemos de translocación de especies que después terminan todas desapareciendo. Es una afectación muy grave, por contar una porque además está el gato andino y otras especies en peligro que habitan la zona. 

¿Estiman que tendrá impacto sobre la población cercana al proyecto?

Hay una afectación muy importante a la población de San José de Maipo, porque el único camino por el cual pueden pasar los camiones [del proyecto minero] es cruzando todo el Valle del Río Colorado, pasando por la población del Alfalfal, Los Maitenes y después bajando por el camino del Cajón del Maipo hasta Puente Alto. Ese es un camino angosto, chiquitito, sin berma, saturado de autos y que no da para pasar camiones mineros. Se supone que serán más de 200 camiones al día durante 57 años, que es lo que pretenden explotar la mina. 

Creemos que es absolutamente incompatible esa minería con el desarrollo turístico del Cajón del Maipo y con la protección de este territorio que es el último gran territorio fiscal en la zona central de Chile, que representa la gran posibilidad que tenemos todos los santiaguinos y la gente de la Región Metropolitana de tener un gran parque, un gran área donde salir a disfrutar cerca de Santiago. Además de su importancia en mitigación del cambio climático y protección de la biodiversidad.

Me gustaría recalcar que en Chile tenemos muchas áreas protegidas, pero muy lejos de donde la gente habita. Tenemos grandes áreas protegidas en la Patagonia, en Magallanes, pero en la zona central, entre Coquimbo y Bío Bío, donde vivimos tres cuartas partes de los chilenos, hay muy pocas áreas protegidas del Estado. Y hay que hacer la diferencia, porque hay áreas protegidas privadas pero eso no garantiza el ingreso. Las áreas protegidas del Estado son las únicas que los chilenos tenemos garantía de que podemos recorrer, pasear y disfrutar. Esta área es sumamente relevante para el futuro de la Región Metropolitana. 

El gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, admitió a trámite el pasado 4 de abril el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de la mina Rubí. A juicio de su organización, ¿existían argumentos jurídicos para rechazar la tramitación del estudio? 

Nosotros no entendemos por qué el gobierno no rechazó inmediatamente el proyecto, sabiendo que no cumplía con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Eso lo podrían haber hecho inmediatamente, y en vez de eso lo que siguieron es el proceso de evaluación.

Nosotros no entendemos por qué el gobierno no rechazó inmediatamente el proyecto, sabiendo que no cumplía con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Eso lo podrían haber hecho inmediatamente, y en vez de eso lo que siguieron es el proceso de evaluación con una ronda de consultas para hacerle al titular, y con eso el proyecto queda con plazos que define el mismo titular. 

El gobierno se autodenomina como uno ambientalista. Considerando tanto los plazos que manejan los proyectos mineros como el impacto que esta iniciativa tendría en el Parque Nacional que el propio Presidente creó bajo decreto en 2023, pareciera poco probable que éste sea aprobado durante el gobierno actual. Sin embargo, ¿podría esto cambiar a futuro?

Pueden [desde Knauf] suspender la evaluación y esperar a un próximo gobierno para continuarla. Entonces lamentamos la decisión de no rechazar de inmediato un proyecto que va absolutamente en línea contraria al anuncio del Presidente de proteger toda esta zona, y en contra del PRMS. Queda el riesgo de que llegue un nuevo gobierno más afín a este tipo de proyectos. En el fondo, quedamos en el aire, porque esto se podría haber rechazado de forma inmediata. Con eso también se habrían ahorrado recursos, porque todo esto cuesta mucho esfuerzo en la evaluación, tanto para el dueño del proyecto como para todos los servicios públicos. 

¿De qué se trata el reclamo que ingresará hoy Queremos Tupungato a la Contraloría General de la República?

Se centra justamente en la subdivisión del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, lo que da origen a la posterior venta y explotación minera del predio Río Colorado. En el Plan Regulador de 1994 se establecía que ésta era un área de preservación ecológica, que todavía lo sigue siendo, donde estaba prohibida la subdivisión de estos grandes predios. Sin embargo se hizo igual. Esto es una constante en todo caso, el pasar a llevar el Plan Regulador Metropolitano. Se hace un tremendo esfuerzo en intentar regular el territorio, ordenarlo y dar ciertas certezas de cómo se ocupa, pero finalmente siempre por alguna u otra razón vamos rompiendo este ordenamiento territorial. Vamos a hacer un reclamo, vamos a pedirle a la contralora que se pronuncie sobre esta subdivisión, la que ojalá se pueda retrotraer y dejar sin efecto la venta de este pedazo del predio de Río Colorado, que en ese minuto [en que se vendió] era del Ejército pero que era de propiedad pública y ya se encontraba en tramitación la ley que prohibiría, posteriormente, al Ejército destinar sus bienes sin consulta al Ministerio de Bienes Nacionales, como es hoy en día... Estamos en una defensa del PRMS y de las tierras públicas.