Servicio de Evaluación Ambiental

La Corte de Antofagasta ofició a la corporación para dar cuenta de sus observaciones técnicas realizadas durante el proceso de evaluación ambiental. CONAF respondió asegurando que el proyecto Dominga “no puede ser ejecutado en las condiciones en las cuales fue evaluado” y que su "eventual operación, tendría repercusiones insospechadas para el Medio Ambiente”.

A través de una serie de documentos, la Fundación Terram denunció a AquaChile por sobrepasar los límites de producción de salmón en nueve concesiones ubicadas en la Reserva Nacional Las Guaitecas y el Parque Nacional Isla Magdalena.

El Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencias con que el Servicio de Evaluación Ambiental acusó al Tribunal Ambiental de invadir las atribuciones del Comité de Ministros, tras acoger el reclamo de Andes Iron contra el rechazo al proyecto Dominga. Con ello, se habilita la opción de que SEA redacte un fallo favorable para la minera.

Hoy el TC debe decidir si el Tribunal Ambiental invadió las atribuciones del Comité de Ministros al ordenar una cuarta votación de Dominga. Sin embargo, hace dos días se inhabilitó el ministro Gómez, quien estaba dispuesto a votar hasta el martes pasado, cuando la sesión se suspendió por una supuesta emanación de gas en Santiago.

En un oficio al SEA, la Gobernación Marítima de Valdivia describió una fiscalización en terreno del sistema sanitario al que se contactará el proyecto inmobiliario de los Piñera, el que es operado por otra sociedad de la misma familia.

Entre los problemas detectados en la evaluación ambiental destaca la falta de información respecto a la conexión de las 208 casas que se planea construir al sistema sanitario privado existente. El SEA acusa que se subestimó la generación de aguas servidas. Vecinos que solicitaron participación ciudadana apuntan a que “no existe una planta de tratamiento, sino que tan solo una poza muy básica”, la que también es propiedad de los Piñera.

Cosayach enfrenta la invalidación de varios de sus permisos ante el Servicio Nacional de Minería. Uno de ellos es el del método de explotación, el cual el fue suspendido a la espera de un pronunciamiento por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente.

El Servicio otorgó un permiso a Cosayach, empresa del grupo Errázuriz, con que extendió la vida útil de su planta química de yodo hasta 2030, a pesar de que ésta no cuenta con ciertos permisos ambientales para operar en el nuevo lugar donde está emplazada. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos.

En marzo, la transnacional Knauf comenzó a tramitar una ampliación por US$102 millones de la mina Rubí, a poca distancia del parque Glaciares de Santiago, anunciado en 2022. Pilar Valenzuela, de la campaña Queremos Tupungato, asegura que el gobierno podría haber rechazado inmediatamente el proyecto, ya que no cumple con Plan Regulador.

En 2023, se aprobó el proyecto Adaptación Operacional Minera Los Pelambres para reubicar tuberías de cobre y construir una desalinizadora. Dichas tuberías serán instaladas a 100 metros de las casas de los habitantes de Pupío quienes tras oponerse al proyecto recibieron una demanda por parte de la minera.

En 2022, la justicia ordenó a Francisco Javier Errázuriz Ovalle que se retirara del terreno privado de otra minera en Pozo Almonte, el que explotó por casi tres décadas. Sin embargo, sólo trasladó la planta 150 metros hacia terrenos fiscales donde hoy opera sin contar con permisos sectoriales y con una orden de desalojo pendiente. La SMA está analizando una eventual sanción.

La filtración de los PacoLeaks reveló que Carabineros hizo seguimiento a un grupo de integrantes de “No a Ciclo”, quienes fueron fichados y contactados por un agente encubierto tras ser vigilados en protestas. El proyecto de basural será votado por los ministros tras la apelación de Ciclo.

La comunidad Estero Chacao fue la única que rechazó la consulta indígena del megaproyecto eléctrico de Transelec, que unirá Ancud con el continente, y que fue aprobado ayer. Su abogado acusa falta de transparencia durante el proceso, retrasos en la realización de la consulta y la firma de servidumbres para autorizar el trazado con una cláusula que prohibía participar de la evaluación ambiental.

Vecinos afectados denuncian que Transelec no ha cumplido con los plazos de su evaluación ambiental, en tanto el SEA autorizó sucesivas suspensiones del proceso. Para sorpresa de los denunciantes, este jueves el servicio ordenó la votación con urgencia del informe del proyecto al Coeva, que en 5 días tendrá que revisar 3.200 páginas.

El Comité de Ministros, encabezado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aprobó de manera unánime el proyecto de la minera internacional Anglo American que pretende extender la vida útil de la operación en la precordillera de Santiago hasta 2036. Ecologistas recurrirán a tribunales ambientales para impugnar decisión política.

El ente contralor ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental subsanar una serie de definiciones en su instructivo de 2020 que favorecen este tipo de proyectos. "Son subterfugios legales", dice Patricio Herman, de Fundación Defendamos la Ciudad, la cual impugnó el documento.

A 10 años del ingreso del proyecto minero-portuario a calificación ambiental, el gobierno rechazó la propuesta de Andes Iron por 6 votos contra 0. La empresa anunció que recurrirá al Tribunal Ambiental, que ya emitió una opinión favorable al proyecto en 2021, por lo que el caso Dominga está lejos aún de concluir.

Es probable que el Comité de Ministros rechace hoy el proyecto minero. Pero ello no será el fin de esta saga que se inició en 2013. Interferencia revisó en detalle el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta de abril de 2021, el que aseguró que “el proyecto es avalado por un cúmulo de antecedentes completos que permiten su evaluación y eventual aprobación, con o sin nuevas exigencias”. Dada la actual regulación, Dominga sí cumple con todos los estándares.

En octubre de 2022 el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó por falta de información el documento que debía dar cuenta de varias perforaciones de prospección minera de oro y plata de esta minera australiana. Equus se vio beneficiada cuando Sebastián Piñera excluyó 5.000 hectáreas del Parque Nacional Patagonia creado en 2018.

La solicitud corresponde a un recurso de casación que busca anular el proyecto luego de que el Comité de Ministros retrotrajera la evaluación de impacto ambiental a la etapa de consulta ciudadana, y se revocara la Resolución de Calificación Ambiental del esposo de Paola Luksic, Óscar Lería Chateau.

ENEL e HIF retiraron su proyecto de parque eólico acusando "exigencias excepcionales" para su implementación. Sin embargo, los más de 20 oficios de diversos organismos muestran deficiencias diversas que serían objetables para cualquier industria.

El SEA rechazó Los Bronces por potenciales efectos de la operación en la calidad del aire que respira la población. Sin embargo, no se refiere al impacto de la mina en los glaciares, principal fuente de agua de Santiago. AngloAmerican podrá apelar la decisión ante un comité conformado por seis ministros de gobierno: dos independientes, dos de Convergencia Social, un PPD, y una PRSD.

Ambas profesionales fueron socias en SustentAbogadas, firma de asesoría medioambiental que en 2012 recibió $20 millones de Caval, la empresa de Natalia Compagnon. Además, Durán fue gerenta legal de Gescam, empresa a través de la cual Durán hizo lobby ante distitntas entidades públicas, teniendo contratos con el gobierno de Michelle Bachelet mientras Uriarte era jefa de gabinete de la ex Presidenta.

Parque Eólico Viento Sur es una iniciativa de 43 torres que generarían 215 MW y tiene una inversión de US$250 millones. Pese a que comunidades rechazaron las medidas de mitigación, la administración política pasada en el Bío Bío aprobó el proyecto de manera unánime.

En julio de 2017 la bióloga dejó la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes y se volvió lobbista de la salmonera Australis. En enero de 2019, el proyecto para el que hizo lobby –una planta procesadora de pescado de US$ 70 millones en Magallanes– fue aprobado presentando sólo una Declaración de Impacto Ambiental. Ocho días después, fue nombrada como la nueva directora del SEA, esta vez en la región de Los Ríos.

El proyecto ubicado en Curarrehue se aprobó en 2015 pese al rechazo de varias comunidades. Hoy éstas acusan que el primer Intendente mapuche los dejó botados y que la empresa de la central ofreció todo tipo de incentivos económicos para conseguir apoyos. El entonces gobernador de la provincia afirma que Máximo Pacheco, ministro de Energía en esa época, influyó en la votación a favor de la compañía.

El Comité Evaluador Ambiental, conformado por la directora regional del SEA, el Intendente y un grupo de seremis, aprobó ayer el plan de Inmobiliaria Las Salinas, filial de Copec, para sanear el emblemático terreno camino a Reñaca. Pero vecinos y organizaciones locales se niegan a esta decisión ante el incierto impacto que podría tener en la salud de las personas.

Los trabajadores dicen que el convenio está lesionando la confianza de los intervenientes hacia el servicio. Esto se da en medio de distintas formas de apoyo del SEA a proyectos de Anglo American y Copec.

El máximo tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Anglo American.

En el marco de la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía al SEA, con el propósito de agilizar grandes inversiones, fue contratada a honorarios una funcionaria en el órgano evaluador que coordina reuniones de lobby para Anglo American con otros servicios del Estado, a la vez que elabora informes consolidados.