El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal por el delito de “falsificación documental” en contra del titular de la 42º Notaría de Santiago, Álvaro González Salinas.
La acción legal ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y sustanciada por la Fiscalía Centro Norte, revela que bajo la responsabilidad de Gonzalez Salinas, se falsificaron cinco escrituras con las cuales distintos sujetos intentaron usurpar propiedades a sus legítimos dueños por cifras millonarias y la creación de una empresa falsa.
De acuerdo al libelo al que accedió Interferencia, las cinco víctimas jamás concurrieron a la notaría mencionada, ni firmaron cesión o venta de sus bienes, hecho comprobado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, a través de pericias caligráficas.
El primero de los casos que detalla el CDE, ocurrió en mayo de 2021 y afectó a María, quien reside en la comuna de Ñuñoa.
Al ser notificada que todos los habitantes de la casa debían hacer abandono por orden judicial, la afectada se dirigió al Archivo Judicial, donde constató que la escritura original, era radicalmente distinta a utilizada en la notaría, comprobando que su firma, carnet y huella digital, pertenecían a un tercero que desconocía.
Un segundo afectado es Ante, quien descubrió que, con igual fórmula, su predio en Catemu, estaba inscrito ilegalmente y la abogada detrás del trámite era una asesora parlamentaria que actuaba como abogada.
“Resulta acreditado que el querellado Álvaro González Salinas autorizó con su rúbrica electrónica las firmas de los supuestos comparecientes una escritura pública de mandato judicial, donde -al menos- la firma de Ante (...) fue imitada, denotando que González Salinas a lo menos, no cumplió con su deber funcionario como ministro de fe al autorizar un documento público sin verificar la presencia e identidad de los supuestos comparecientes”, detalla el escrito del CDE.
A los dos casos anteriores se suman tres con igual operatoria. Uno de ellos afectó a Raymond, quien gracias a tomó conocimiento gracias a una llamada del Servicio de Impuestos Internos (SII), que habían creado una sociedad falsa a su nombre para cometer fraudes impositivos.
Otra anomalía descubierta por el Ministerio Público fue la venta de una millonaria propiedad, donde participó una mujer que reside en Argentina y que al momento de escriturar el trámite ni siquiera estaba en Chile.
La decisión del CDE de interponer la acción legal se basó en un auto acordado emanado de la Corte de Apelaciones de Santiago fechado en septiembre de 2000.
En él se establece que las notarías deben verificar pormenorizadamente las identidades de quienes buscan suscribir una escritura, a través de las cédulas de identidad y dejar estampados medios indelebles como la huella digital, entre otras medidas de seguridad documental.
Rúbrica
Los notarios son ministros de fe pública y deben contar con el título de abogado, todas vez que son fiscalizados por las cortes de apelaciones respectivas.
Su función es la de autorizar y guardar en su archivo los documentos que los usuarios requieran para distintos trámites -entre muchos otros- las compraventas de bienes y servicios y declaraciones juradas, detalla el CDE.
En este contexto, los notarios son designados por el Presidente de la República, “previa propuesta en terna”, por el tribunal de alzada.
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