El pasado 15 de agosto de 2024, El Semanal de El Mostrador dedicó unos párrafos para contar sobre distintas denuncias que existían en contra de Avla, la aseguradora de créditos con presencia en varios países de América, entre estos Estados Unidos y México. Se aseguraba en la nota periodística que “en una serie de querellas se acusa al holding asegurador/financiero de haber armado un esquema financiero a través de su aseguradora y su fintech (Creditú), que utilizarían el concepto de «gastos operacionales» en los préstamos para ocultar intereses ilegales”.

A esto, se agregaba que “la práctica habría sido diseñada para evadir la prohibición legal de cobrar una tasa de interés superior a la Tasa Máxima Convencional”

El Ministerio Público ya se encuentra investigando estas acusaciones, y ha citado a declarar a varios de los denunciantes.

Interferencia ya ha publicado anteriormente acusaciones en contra de la financiera, en el artículo Clientes acusan haber sido estafados por la empresa de garantías Avla. En esta se relataban testimonios de personas que pidieron préstamos a Avla y que, luego de una serie de maniobras, habían terminado debiendo mucho más que la deuda original que contrajeron.

Para ese artículo, un ex empleado de Avla indicó a nuestro medio que “había usura en las comisiones o las pólizas de seguros que ellos (Avla) pasaban como pólizas, que en definitiva eran comisiones”. Y es justamente este es el esquema que se acusa en las querellas. Interferencia conversó con el abogado penalista Winfried Hempel, que representa al querellante Jorge Zacarías Flores en una acción judicial que presentaron en contra de dos empresas que pertenecerían al mismo holding de la financiera.

Originalmente, Zacarías pidió un crédito que estaba en torno a las 24.000 UF, pero inmediatamente, cuando fue a firmar el contrato con Creditú –parte del holding de Avla–, la empresa le retuvo un total de 3.557 UF por el concepto de “gastos operacionales”. 

“¿Y qué hacen con esos gastos operacionales? Efectivamente, pagan los clásicos gastos operacionales, dícese notaría, inscripción, estudio título, impuesto al mutuo, impuesto al timbre y estampilla, que por lo normal es una suma de tres millones de pesos, pero en la práctica aquí retuvieron $98 millones”, dice Hempel.

Y agrega: “surge la pregunta, ¿qué hicieron con esos otros $95 millones, lisa y llanamente ellos dijeron que pagaron lo que se llama un seguro de crédito o un seguro patrimonial, para que en la eventualidad de que el cliente caiga en mora, el seguro responda ante ellos”.

Sin embargo, en el caso de Zacarías, ya existía una propiedad tasada en 42.000 UF que se encontraba prendada en favor de Creditú para una eventual morosidad por parte del cliente. Y la cosa se pone aún más extraña al saber qué empresa fue la que otorgó la póliza de seguro por los restantes $95 millones en gastos operacionales. Se trata de Avla Seguros, la que, según Hempel, está ligada en su propiedad a Creditú.

El abogado señala que esto es una figura absurda. “Si bien son sociedades distintas en el sentido jurídico, sí pertenecen a un solo holding y eso es sumamente importante, porque las sociedades tienen su contabilidad propia, pero en definitiva consolidan contablemente y patrimonialmente sus inversiones. Es un seguro pagado a sí mismo, lo que claramente es un caso burdo de usura disfrazada de seguro”.

Lo que sostienen, en definitiva, es que estos “gastos operacionales” cobrados al cliente al momento de suscribir el mutuo hipotecario es una manera de acrecentar el interés que se paga por este mismo instrumento. En el papel, no exceden la tasa máxima convencional, pero sí lo habrían hecho de manera disfrazada al retenerle al cliente estos $95 millones para “gastos operacionales”.

Hasta el momento, el Ministerio Público emitió una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones. También se ha tomado declaraciones directamente por parte de la Fiscalía. Jorge Zacarías, por ejemplo, ya declaró ante los persecutores.