Mirjan Hunze, presidenta de la Fundación Chilean Adoptees de Holanda que representa y defiende los derechos de las personas adoptadas desde Chile a tierras holandeses en circunstancias irregulares e ilegales, acusó que el Estado neerlandés se ha negado a colaborar con el Estado de Chile en los procesos judiciales e investigativos relacionados con dichas adopciones.
En particular, Hunze apunta que el estado holandés no ha respondido solicitudes formales de información realizadas en el marco de una querella presentada por sus representantes legales en Chile, el equipo de abogados Colombara Estrategia Legal.
Lo anterior, incluso ante una solicitud oficial por parte del ministro en visita designado por la Corte Suprema, Alejandro Aguilar, hacia la Embajada de los Países Bajos que hasta la fecha no ha tenido respuesta.
Asimismo, Hunze explica que sus abogados en Chile presentaron recientemente un escrito llamado Pide Cuenta, un mecanismo judicial que exige una respuesta a las autoridades que han sido requeridas para colaborar.
En adición, califica de "inaceptable el silencio persistente" de la embajada holandesa y del gobierno, ya que no solo ignoran a las víctimas sino también a sus representantes legales.
Aquello lo cataloga como una "profunda herida", pues la no respuesta es una forma de "violencia institucional" y a su juicio refuerza la idea de que el Gobierno holandés tiene "algo que ocultar".
En contacto con Interferencia, Hunze señaló sobre el rol del Estado holandés que: "El gobierno neerlandés también jugó un papel en nuestras adopciones. Por dar solo un ejemplo: un empleado de la embajada formaba parte de la junta directiva de la organización de Nepnon Kuijpers".
"Cuando como fundación hacíamos preguntas críticas, no recibíamos respuestas, o nuestras comunicaciones eran enviadas al departamento de 'cartas ciudadanas', lo que en la práctica significa que ni siquiera se leía y tras años terminaban en la papelera. Así es como borran su propia responsabilidad y papel en esto", afirma.
Por otra parte, la presidenta de la fundación sostiene que "Países Bajos actuó mal —de lo contrario no pediría disculpas públicamente en televisión nacional por adopciones ilegales—. Pero a las disculpas deben seguir acciones. Habría sido justo que se interrogara o incluso extraditara a las personas involucradas en nuestras adopciones y que aún viven. Eso nunca ocurrió, a pesar de que somos ciudadanos neerlandeses. Literalmente nos dijeron: 'La investigación penal está en curso en Chile, vayan allá, nosotros no haremos nada'".
Sobre lo anterior, califica esta "jugada" del Gobierno holandés como estratégica, ya que afirma que al haberles "quitado" su lengua materna —el español— complejiza su investigación.
Con todo, apunta que: "Nuestro objetivo es que Chile y Países Bajos se sienten juntos a la mesa y, como se ha hecho en Suecia, firmen un convenio para abordar conjuntamente las adopciones ilegales y restaurar la identidad de las personas afectadas".
Y agradece la invitación que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, realizó para el próximo 10 de junio de 2025 en Holanda.
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