La Policía de Investigaciones (PDI) decidió multar y extinguirle el contrato a Beacon 42, la Unión Temporal de Proveedores formada por las empresas Asesorías Tecnológicas Beacon 42 e Inversiones y Asesorías Tecnológicas Beacon 42 S.A., que tenía hasta hace poco el soporte del Sistema de Control Migratorio (SCM), un registro fundamental para manejar los datos migratorios del país.

Supuestamente, el contratista habría dejado expuesto al SCM, al no cumplir ciertas tareas a las que se comprometieron a partir de las bases de licitación. El contrato entre ambas partes fue de $317 millones.

El SCM, según las bases del concurso que se adjudicó Beacon 42, es un sistema que se “el cual se encuentra operativo en los principales pasos fronterizos terrestres como son Chacalluta, Libertadores y Cardenal Samoré; como asimismo, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago y en general en todos los pasos migratorios controlados por PDI desde Visviri a Puerto Williams, incluidos los principales Departamentos de Extranjería a nivel Nacional”.

Los problemas detectados por la PDI, según la resolución que dio fin a este contrato, “afectan directamente la capacidad de la PDI para cumplir su función de control migratorio” (vea esa resolución).

Tanto así, que la PDI afirma que “el incumplimiento de desarrollo seguro expone al sistema completo a amenazas cibernéticas”, y “compromete la seguridad nacional y la operatividad institucional”.

Incluso, en el informe se afirma que los incumplimientos del contrato dieron lugar a un ciberataque que sufrió el sistema en junio pasado. “Esta vulnerabilidad evidencia una transgresión grave del contrato en materia de desarrollo seguro de software”, indica.

En concreto, el documento de la PDI señala múltiples fallas en las que habría incurrido Beacon 42 en el mantenimiento, soporte y desarrollo del SCM. Estas son fallas en la sincronización de registros migratorios, duplicación de registros y la negativa a prestar soporte presencial, entre otras cosas.

Cabe destacar que Beacon 42 refutó cada una de las observaciones de la PDI, pero estas no fueron acogidas por la entidad policial.

En el Poder Judicial, al día de hoy, solo existe un recurso de protección interpuesto por la empresa en contra de la PDI, pero que se declaró inadmisible. No figuran recursos que intenten dejar sin efecto esta resolución que dio origen a una multa de 262 UTM y que dio por terminado el contrato.