Jorge Quiroz saltó a la primera línea política tras ser nombrado coordinador y principal asesor económico de la campaña presidencial del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Antes su nombre se vio envuelto en los grandes casos de corrupción económica de los últimos años: la colusión de los pollos, las farmacias, las navieras y del asfalto, siempre del lado de las empresas coludidas.
Sin embargo, el ingeniero comercial también intentó incursionar en el mundo minero, fracasando estrepitosamente en el camino y dejando un proyecto endeudado en $70.000 millones.
La historia es así.
En enero de 2020, Jorge Quiroz y el empresario Víctor Hugo Puchi fundaron la minera Sierra Atacama para explotar un yacimiento de cobre ubicado en la Región de Antofagasta. Con un capital inicial de US$7 millones, los empresarios buscaban inaugurar las faenas cuando el metal rojo llegaba a un peak histórico de US$4,867 por libra.
Un artículo del Diario Financiero describió cómo Quiroz y Puchi esperaban producir 15.000 toneladas de cobre al año, enfocando sus esfuerzos en conseguir maquinaria y contactar con proveedores. En 2022, el capital de Sierra Atacama ya ascendía a los US$26 millones y había firmado contratos con Engie para contar con suministro de gas natural en la minera.
Sin embargo, todo se vino abajo rápidamente.
El 28 de diciembre de 2023, Sierra Atacama solicitó la reorganización judicial ante el 4° Juzgado Civil de Antofagasta. Según la solicitud original, haber iniciado actividades al mismo tiempo que se desató la pandemia “implicó un primer gran impacto negativo para el proyecto”.
En su mejor año, la minera de Quiroz reportó pérdidas por US$26 millones, a noviembre de 2023.
“Más específicamente, se duplicó el costo de inversión en el proyecto, se retrasó el inicio de la operación por cerca de un año y también se duplicó el costo de los principales insumos – ácido, energía y diésel – respecto del proyecto original”, señala el escrito.
A ello se sumó una producción por “muy por debajo de las 700 toneladas proyectadas originalmente”. Problemas significativos y el recambio completo de la planta de chancado durante el primer año, a pesar de aportes en capital por US$47 millones en 2022 y otros US$35 millones durante 2023, hundieron rápidamente el proyecto minero de Quiroz y Puchi.
Si bien aseguraron que tras superar las adversidades, al segundo año eran capaces de una producción promedio de 670 toneladas mensuales en cátodos de cobre (lejos de las 15.000 proyectadas), a diciembre de 2023 no les “había sido posible lograr un acuerdo con sus acreedores que permita cumplir con sus compromisos de modo viable en el tiempo”.
Para más castigo, en el escrito señalan que durante 2023 se dio “la salida anticipada del principal proveedor de servicios de la mina subterránea, generando un detrimento adicional a la capacidad productiva de corto plazo de la operación”.
Al momento de solicitar la reorganización judicial, el proyecto minero de Jorge Quiroz declaró deudas por $70.000 millones. Sus principales acreedores eran la japonesa Mitsui & Co, con un crédito por $13.937 millones, equivalente al 19,9% del pasivo total; Tanner Servicios Financieros, con un crédito por $2.188 millones, equivalente al 3,12% del pasivo total; y Recomin con un crédito por $2.172 millones, equivalente al 3,10% del pasivo total.
En octubre de 2024, cuando vendieron Sierra Atacama a la minera Salar Blanco, ligada al empresario Martín Borda Amigo.
Las ganancias tampoco llegaron. Una auditoría de PwC adjuntada a la solicitud indica que Sierra Atacama reportó pérdidas por US$2 millones en 2021, las que incrementaron a US$14 millones durante el periodo siguiente. En su mejor año, la minera de Quiroz reportó pérdidas por US$26 millones, a noviembre de 2023.
Deudas Sierra Atacama SpA, en 2023.
La aventura minera del hoy asesor económico de Kast acabó en octubre de 2024, cuando los socios acordaron la venta de Sierra Atacama a la minera Salar Blanco, ligada al empresario Martín Borda Amigo.
Según Mundo Minería, la reorganización judicial de Sierra Atacama logró un acuerdo que contemplaba pagos por $29.271 millones a sus acreedores. Sin embargo, en junio de 2025, “la administración pidió modificar el plan, argumentando que el nuevo accionista había detectado información previamente oculta que afectaba la operación minera”.
Si bien se había presupuestado una nueva reunión para septiembre, Sierra Atacama solicitó suspender la junta en vista que, para la minera, hoy en día existen resultados optimistas “en relación al cumplimiento del plan de pago previamente acordado, mejorando los resultados de la compañía en beneficio de los acreedores”.
Desde entonces, no se reportan nuevos movimientos en el proceso de reorganización judicial.
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