El 5 de septiembre de 2024, la entonces directora subrogante de ChileCompra, Dora Ruiz Madrigal, le envió un oficio al jefe de la división de fiscalización de la Contraloría General de la República, Ricardo Provoste Acevedo. En el oficio, Ruiz acompañó un informe elaborado por el observatorio de ChileCompra, el que daba cuenta “de una situación que podría implicar una transgresión a la normativa de compras públicas y consigo eventuales responsabilidades funcionarias”.

Se trataba de la contratación directa que hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos en favor de la empresa Unholster S.A., para realizar una plataforma informática que fuera de ayuda para el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, por el cual se pagó $619 millones, sin que estuviera la posibilidad de otras empresas de postular a este contrato. La situación la dio a conocer Ciper en una publicación realizada en agosto de 2024.

Interferencia también abordó el caso de esta plataforma, consultando vía Ley de Transparencia a la Subsecretaría de Derechos Humanos respecto de las causas en las que se había utilizado el software, pero desde la entidad no respondieron directamente a esa consulta. Respecto de si los ministros en visita han utilizado la herramienta, a la fecha de la respuesta todavía no había sido usada (ver artículo El enigmático software que Unholster hizo al Programa Nacional de Búsqueda por más de $600 millones).

Pero lo que pasó inadvertido para la opinión pública durante la polémica entre la subsecretaría y Unholster, fue que el observatorio de ChileCompra, que revisa y hace recomendaciones para hacer más transparente el sistema de compras públicas, alertó a la Contraloría General de la República sobre esta contratación, diciendo que no cumpliría con los requisitos establecidos en el Estado para haber hecho un trato directo.

El informe Nº1450

El informe Nº1450 está fechado el 22 de agosto de 2024. Fue el que se remitió a la Contraloría General de la República. Como antecedentes previos, el documento señala que “se detectaron indicios de un eventual incumplimiento a la normativa de compras por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos”.

“La situación observada se refiere, específicamente, a la Orden de Compra Nº 957865-20-SE24, enviada con fecha 26 de enero de 2024 por la Subsecretaría de Derechos Humanos al proveedor Unholster S.A. por un monto total de UF 16.838,5 (equivalente a la fecha actual a $619.129.600.-) para el desarrollo de una plataforma informática de apoyo al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia”, agrega.

Luego, el informe analiza a la empresa Unholster en su historia con el sistema de compras públicas de Chile. En total, la empresa para ese entonces había recibido 13 órdenes de compra desde siete organismos diferentes, por un total de $1.046 millones. Pero el monto mayor claramente fue el que le entregó la Subsecretaría de Derechos Humanos para la elaboración del software.

El observatorio de ChileCompra sugirió en el informe que “no existiría evidencia de experiencia comprobada en la provisión de los bienes y servicios requeridos que permita otorgar la confianza y seguridad exigida para validar la procedencia del trato directo, toda vez que el proveedor ejecutó un único contrato anterior con el organismo requirente, cuyo objeto y productos se relacionan sólo de manera parcial con los servicios demandados”.

La resolución que le entregó el trato directo a Unholster fue la Nº31 de la Subsecretaría de Derechos Humanos. En esta, según el informe, “tampoco se presentan argumentos que, de manera razonada, permitan afirmar que no existen otros proveedores que otorguen la misma seguridad y confianza que la que entregaría el proveedor seleccionado”.

Por eso, concluyó que “se plantea la hipótesis que la contratación directa realizada por la Subsecretaría presenta indicios de incumplimiento a la normativa de compras públicas, al observarse que la fundamentación presentada para respaldar la procedencia de la misma resulta insuficiente respecto de los requisitos establecidos”.

“La carencia de una fundamentación consistente y completa para fundamentar el trato directo sugiere, asimismo, la eventual elusión de un procedimiento competitivo de contratación, como lo es la licitación pública”, añade (ver informe).

La respuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos

Interferencia solicitó una declaración a la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir de este informe. En la entidad afirmaron que “la Subsecretaría de Derechos Humanos ha actuado en todo momento conforme a la normativa vigente y con total transparencia en el proceso de contratación de la empresa encargada del desarrollo de la plataforma del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, colaborando activamente con la entrega de la información solicitada por los organismos competentes, dando cumplimiento a los estándares de probidad y transparencia de los procesos y procedimientos de nuestra gestión”.