A menos de un mes de asumir la presidencia, la administración de José Antonio Kast reestructuró el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), la política de Estado del gobierno de Gabriel Boric orientada a esclarecer el destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

En concreto, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN), desvinculó a cuatro coordinadores estratégicos del programa, a figuras clave que lideraban la implementación técnica y judicial del PNB.

Entre los despedidos se encuentra Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos, quien llevaba 14 años en la institución. También fueron desvinculados Magdalena Garcés, coordinadora de Búsqueda y Trayectorias; Tamara Lagos, coordinadora de Archivo e Investigación; y Marcelo Orellana, coordinador de Administración Judicial.

El Ejecutivo defendió la reestructuración. El Ministro de Justicia, Fernando Rabat, justificó la decisión aludiendo a la "confianza debida" y a la necesidad de buscar liderazgos que se ajusten a los nuevos criterios de gestión. El argumento central del gobierno es que los coordinadores no presentaron su renuncia voluntaria durante el cambio de mando, el 10 de marzo. 

Pese a las desvinculaciones, el gobierno ha asegurado que el plan no se cerrará, sino que entrará en una etapa de "modernización" con nuevos titulares que se anunciarán a partir de abril de 2026.

La Asociación Funcionarios de Derechos Humanos criticó la medida, afirmando que "afecta e incide directamente en los familiares que en estos más de 50 años han estado buscando a sus familiares y hasta la fecha no habían tenido una colaboración ni tampoco una incidencia activa por parte del Ejecutivo". 

Así también, advierten que el despido de personal que ingresó por concurso público y que cuenta con años de experiencia en el manejo de archivos sensibles pone en grave riesgo la eficacia y continuidad de la búsqueda

Para responder a la polémica el Ministerio de Justicia habría designado a la abogada Constanza Garrido como la nueva jefa del Programa de Derechos Humanos y responsable de liderar el Plan Nacional de Búsqueda. 

Actualmente, Garrido se desempeña como asesora jurídica en la Fiscalía Regional Centro Norte. Su trayectoria está marcada por su paso en dos periodos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y como integrante de la mesa de gestión de casos del Consejo Nacional para la Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile.