Durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio Público evaluó que, para cumplir adecuadamente con la atención y protección de víctimas y testigos de delitos, necesitaba contar con canales de comunicación expeditos y eficientes acordes al volumen de causas que gestionaba a nivel nacional.

En ese contexto, la Fiscalía Nacional concluyó que era necesaria la contratación de una consultoría que apoyara el desarrollo de una plataforma integral de contactabilidad para víctimas y testigos.

La institución argumentó que, dada la especificidad del servicio requerido, este no se encontraba disponible mediante Convenio Marco en la plataforma de Mercado Público. Por esa razón, en agosto de 2024 autorizó una licitación privada por un monto estimado de $65.000.000.

Al proceso fueron invitadas tres consultoras con experiencia comprobada en la materia, pero solo una presentó una oferta: Suma Cuatro Consultores Limitada.

Sin embargo, surgió un problema.

En octubre de 2024, la licitación fue declarada desierta debido a que la oferta presentada por Suma Cuatro contenía un error en el documento de garantía de seriedad.

Este documento funciona como una garantía de que el proveedor mantendrá su oferta durante el proceso y que, en caso de adjudicarse la licitación, suscribirá el contrato en los términos propuestos.

Paradójicamente, ese error terminó posibilitando la contratación de la consultora. Al ser la única interesada en el proceso y cumplir con los requisitos técnicos y económicos, se autorizó su contratación mediante trato directo.

El contrato fue suscrito el 21 de noviembre de 2024 y contempló la entrega de los productos finales el 30 de junio de 2025.

Las contrapartes técnicas del Ministerio Público evaluaron positivamente la ejecución del proyecto. Posteriormente, la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y la Política de Nuevo Trato a Víctimas y Testigos, propuso efectuar un segundo trato directo con Suma Cuatro Consultores, considerando su experiencia en el rubro y el trabajo previamente realizado para la institución.

Suma Cuatro presentó una oferta y, en julio de 2025, el Comité Asesor Experto en Materia de Tecnologías de la Información de la Fiscalía Nacional emitió una recomendación favorable, informando de ello al Comité de Gastos.

¿La cifra? $670.000.000.

Este segundo trato directo se fundamentó en la causal de magnitud, confianza y seguridad, contemplada en el reglamento interno del Ministerio Público para la aplicación de la Ley 19.886 de compras públicas. Dicha causal opera “cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado debido a la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos”.

Pese a ello, el mismo reglamento establece que “no resultará motivo suficiente para invocar esta causal la sola circunstancia de que el proveedor a contratar sea o haya sido proveedor del Ministerio Público o que se cuente con experiencia con él”. Sin embargo, el trabajo previamente realizado por Suma Cuatro fue uno de los argumentos utilizados para justificar la contratación.

Además, el reglamento señala que “la consideración de la experiencia debe realizarse de manera proporcional al objeto de la contratación, no debiendo en ningún caso suponer una vulneración al principio de libre concurrencia”. En ese marco, se presentaron como antecedentes una consultoría realizada para el Gobierno Regional de Santiago y el diseño e implementación de un sistema de contactabilidad para el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

No obstante, esta última experiencia fue adjudicada a una unión temporal de proveedores integrada por Suma Cuatro Consultores Limitada y Asesorías e Ingeniería Ahumada y Cruz SpA.

Con todo, el reglamento también dispone que la intención de efectuar un trato directo debe publicarse en Mercado Público cuando los montos involucrados así lo ameriten. Por ello, entre el 10 y el 17 de septiembre de 2025 se abrió una solicitud pública en la que no se presentaron otros proveedores.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, estampó su firma en el segundo trato directo en octubre de 2025 y el plazo estimado de ejecución quedó fijado para diciembre de 2026.

Sin embargo, el informe técnico que justificó la causal de trato directo, fechado en septiembre de 2025, señala expresamente que la contratación de la fase 2 del proyecto correspondía a una “asesoría para la continuación del desarrollo de plataforma y módulos del nuevo modelo de contactabilidad integral con víctimas, testigos y usuarios del Ministerio Público”.

La resolución que autorizó el trato directo un mes después, en cambio, indica que la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica contactó a la empresa y solicitó una oferta para los servicios de “desarrollo de un modelo y de una plataforma integral de contactabilidad de víctimas, testigos y usuarios”.

Pese a que la resolución administrativa asociada a esta contratación establecía un plazo de ejecución proyectado hasta diciembre de 2026, en febrero de 2026 se autorizó una ampliación del contrato con Suma Cuatro por $95.425.000. La decisión se justificó señalando que, tras el término del piloto y mientras el Ministerio Público avanzaba en la definición y futura licitación pública del modelo definitivo de prestación del servicio, era necesario asegurar la continuidad del trabajo.

En ese contexto, la resolución sostiene que “resulta indispensable asegurar la continuidad de los servicios contratados con el objeto de que la empresa consultora continúe prestando el servicio a las víctimas que se les asignó una medida de protección, bajo el estándar actualmente implementado, evitando una interrupción del servicio o una regresión a estándares anteriores”.

A diferencia de la resolución anterior, el documento fue suscrito por Roberto Garrido Bedwell, quien ejercía como fiscal nacional subrogante en ese momento.

Con todo, el Ministerio Público ha adjudicado tres tratos directos a Suma Cuatro por un total de $829.425.000. 

Interferencia consultó al Ministerio Público respecto de los alcances del proceso inicial de contratación, el uso de la causal de “magnitud, confianza y seguridad”, la utilización de una licitación privada, la participación de una funcionaria pública en la propiedad de la empresa y la continuidad contractual. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Suma Cuatro Consultores

Según registros del Diario Oficial revisados por esta redacción, Suma Cuatro Consultores Limitada ha experimentado diversos cambios en su propiedad desde su constitución. Sin embargo, desde 2016 la empresa ha estado controlada principalmente por Claudia Núñez Gamboa y Claudia Díaz Carvajal, quienes han alternado distintas participaciones societarias y, actualmente, comparten en partes iguales la propiedad de la firma. 

La empresa fue constituida en agosto de 2011 con cuatro socios: Sixto Carrasco Vielma, Claudia Núñez Gamboa y Alfredo Joignant Rondón, cada uno con un 20% de participación, mientras que el 40% restante correspondía a Alejandro Vio Grossi.

La estructura cambió por completo en junio de 2016. Según una modificación y saneamiento de la sociedad realizada el día 16 de ese mes, ingresó Claudia Alejandra Díaz Carvajal como nueva socia. En esa operación, Carrasco transfirió su 20% a Núñez Gamboa; Vio Grossi cedió su 40% a Díaz Carvajal; y Joignant distribuyó su participación entre ambas, entregando un 11% a Núñez Gamboa y un 9% a Díaz Carvajal. Como resultado, Núñez Gamboa pasó a controlar el 51% de la empresa y Díaz Carvajal el 49%, quedando ambas como únicas socias de Suma Cuatro Consultores Limitada.

Además de redefinir la propiedad de la empresa, la modificación de 2016 amplió su giro comercial para incorporar servicios de teleasistencia, telemedicina y prestaciones destinadas a apoyar a personas adultas u otros grupos que requirieran cuidados, incluyendo iniciativas impulsadas por entidades públicas o privadas. 

En paralelo, ambas socias mantuvieron vínculos laborales con la Subsecretaría de Servicios Sociales. De acuerdo con registros del Portal de Transparencia, Claudia Díaz Carvajal se desempeñó como funcionaria de esa repartición entre diciembre de 2017 y mayo de 2026, según los antecedentes más recientes disponibles. Claudia Patricia Núñez Gamboa, por su parte, trabajó en la misma subsecretaría entre diciembre de 2017 y marzo de 2019.

La composición societaria volvió a modificarse en mayo de 2022. Mediante escritura pública, Núñez Gamboa vendió la totalidad de su participación, equivalente al 51% de los derechos sociales. De ese porcentaje, el 50% fue adquirido por Díaz Carvajal y el 1% restante por Jeannette del Carmen Cruz Inostroza. Como consecuencia, Díaz Carvajal pasó a controlar el 99% de la empresa, Cruz Inostroza quedó con el 1% y Núñez Gamboa dejó de formar parte de la sociedad. Asimismo, la administración quedó radicada exclusivamente en Díaz Carvajal.

Sin embargo, menos de dos años después la estructura volvió a cambiar. Mediante una escritura pública suscrita el 20 de marzo de 2024, Díaz Carvajal transfirió el 49% de sus derechos sociales a Núñez Gamboa, mientras que Cruz Inostroza le cedió el 1% restante. De esta forma, Núñez Gamboa reingresó a la sociedad y ambas quedaron nuevamente con una participación equivalente del 50%.

Tras esa operación, Cruz Inostroza dejó de formar parte de la empresa y Núñez Gamboa y Díaz Carvajal asumieron conjuntamente la administración y representación de la firma, pudiendo actuar de manera conjunta o separada en la mayoría de las materias contempladas en el pacto social.