Fiscalía Nacional
Chats de Hermosilla revelaron cómo la magistrada del tribunal de alzada capitalino, Verónica Sabaj, operó para que el Pleno sancionara al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El caso quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte,
El organismo constató irregularidades en un informe reservado. Más de 1.200 visitas al machi Celestino Cordova, lo mismo con ex agentes de la dictadura. Pérdida de sumarios. Falta de allanamientos, drogas sin cadena de custodia y abogados que ingresaron un mismo día a cárceles de distintas regiones del país.
La solicitud fue enviada al organismo fiscalizador el pasado 7 de enero y firmada por el presidente de la instancia Stephan Schubert, ya que el secretario de Estado no ha concurrido a dos “invitaciones”. En todo caso, el jefe de gabinete de este último, envió a la instancia las disculpas del caso, cuyos argumentos, lejos de apagar la molestia de los parlamentarios, la encendió con más fuerza.
La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.
La Unidad de Crimen Organizado y Drogas detalla nuevas tendencias y agrega delitos como el robo de cajeros y autos a estas asociaciones delictivas. También destaca el alza de “delitos predatorios” como secuestros y extorsiones, mayormente ligados a extranjeros. Y un detalle, hoy el crimen organizado está en todo Chile.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
Una “alerta de monitoreo” preparada por la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte, da cuenta del ingreso de un ex militar venezolano el pasado 28 de octubre, pero en el mismo mes habrían al menos otros cuatro casos similares. Una vez que ingresan a suelo nacional, es imposible seguirles el rastro, dicen en la PDI.
El sujeto cruzó a Perú en octubre de 2023 a pocos meses de ser condenado a 541 días con pena remitida. El caso, a cargo de la Fiscalía Oriente, busca establecer un eventual blanqueo de activos “de persona natural”. En Estados Unidos, Aliaga enfrenta un proceso por fraude postal.
Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.
Ciper reveló un chat en que Gonzalo Migueles, pareja de la actual ministra de la Corte Suprema, realiza los ofrecimientos a Palma mientras estaba en la quina para fiscal nacional con la intención de que apoyara a cierto candidato. La conversación luego fue enviada por Palma a Luis Hermosilla “para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes” por parte de personas “cercanas a él”.
Con esta partida, el fiscal nacional Ángel Valencia ha perdido ya a varios altos colaboradores a sólo 10 meses de haber asumido.
Las exhumaciones de Y. Osorio y A. Ponce –dos de los cinco fallecidos en el incendio de bodegas de Kayser en 2019– no contarán con el Equipo Chileno de Antropología Forense, grupo multidisciplinario especializado en casos de violaciones a derechos humanos. Pericias serán realizadas por unidades de DD. HH. del SML, PDI, un perito externo y un veedor nombrado por familias.
Evelyn Valencia [alcance de apellidos] tuvo un sumario que propuso removerla del cargo. Ahora es responsable de supervisar casos como el suyo.
Virginia Palma, concejala comunista de Santiago y vocera de ONG Acción Mujer y Madre, defiende la gestión de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en especial por la creación del Registro de Deudores de Alimento. Esto, más allá de las críticas feministas por el nombramiento de Ángel Valencia como fiscal nacional.
La quina elaborada por la Corte Suprema no convence a La Moneda, que se ve en la disyuntiva de escoger un ‘mal menor’.
En agosto la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó sobreseer al fiscal Palma y a un agente de la PDI en una querella por obstrucción a la justicia. De llegar a encabezar el Ministerio Público podría ser 'juez y parte’, puesto que dirigiría el organismo responsable de decidir si lo formalizan o no por el supuesto delito.
Según el querellante –un funcionario de Carabineros formalizado por el megafraude– Morales y el entonces jefe de la Dipolcar, Bruno Villalobos, se concertaron para “encubrir” los desfalcos. El fiscal asegura que la querella no tiene sustento, por lo que debería ser sobreseído. La causa, declarada admisible en 2019, no registra avances según la página de seguimiento del Poder Judicial.
Tres son considerados detractores de la gestión de Abbott y los otros dos parte de la ‘familia permanente’ de ese poder del Estado. Sólo hay una mujer, sindicada como cercana a la actual directiva. Ahora será La Moneda quien nombrará a un candidato de esa lista que tendrá que ser ratificado por el Senado.
A fines de 2021 Naciones Unidas pidió a nuestro país un informe sobre víctimas de mercenarios. Defensa respondió en enero de este año que no existen experiencias de este tipo, basándose en un reporte del EMCO que indicaba que “no hay evidencia” de éstos y que hechos en la Araucanía “deben ser considerados (...) delincuencia común”.
Un policía antidrogas tuvo hasta diciembre una automotora que usaba los mismos proveedores y la misma logística del negocio de autos del traficante y ex informante Alex Cuevas, asesinado en 2015. Hasta hoy, el alto mando de la policía no ha investigado a este y otros agentes acusados de formar una camarilla dedicada a la extorsión.
En esta segunda entrega, Patricio Sánchez relata cómo fue amedrentado por oficiales de la unidad de antinarcóticos de Arica tras denunciar que en el asesinato de un informante estarían involucrados agentes corruptos. Además, INTERFERENCIA contesta carta de la PDI.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, dejó a Marcela Cartagena a cargo de la investigación de la muerte del niño, esto después de dos semanas en que el fiscal de Arauco, José Ortiz, dejara en mal pie el trabajo del Ministerio Público. La decisión llama la atención, puesto que la fiscal no se había pronunciado pese a ser la superior jerárquica de Ortiz.
A inicios de los años 90, las AFP utilizaron los recursos de millones de trabajadores para facilitar la expansión del grupo Enersis y la creación de un monopolio en la industria eléctrica. En la operación participaron también las familias Piñera y Luksic, generándose un poder financiero capaz de revertir una sentencia del máximo tribunal de la república que casi les aguó la fiesta.
Falsedad, prevaricación administrativa y negociación incompatible son algunas de las acusaciones que recaen sobre quienes vienen llevando adelante urbanizaciones en zona de bosque esclerófilo sobre la cota mil, al nor-oriente de Santiago.
Ayer se realizó una nueva audiencia en el caso del asesinato de Manuel Rebolledo a manos de la Armada. La jornada estuvo marcada por la revelación del video que muestra el momento del ataque, el cual fue revelado por INTERFERENCIA y el periódico Resumen de Concepción.
Pablo Gómez, ex líder de las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, hoy se encuentra asesorando al Ministerio del Interior en querellas en el marco de las protestas iniciadas el 18 de octubre. En este trabajo, coincide con personajes como Jorge bofill, Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú, quienes participaron de las defensas de involucrados en los casos Penta y SQM.
