“No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”, dijo Carlos Caszely en los años 80. Esa frase célebre del futbolista también parece aplicar al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Interferencia revisó decretos firmados que solicitan rebaja de condenas a pederastas en los primeros tres meses del Gobierno, un conjunto menor a los 56 informados. Entre ellos seis llaman la atención. Se trata de casos de abusadores de menores previos a 2022 en los que Fernando Rabat no aplicó la “Doctrina Rabat", según la cual el ministro estaría obligado a conceder beneficios a los pederastas.

Estos cinco decretos —que se entregan adjuntos en este reportaje— corresponden a rechazos de rebajas, y fueron firmados entre marzo y mayo de este año. Es decir, antes del 16 de junio que es a partir de cuando se invocó la supuesta Doctrina de la Corte Suprema que nunca fue tal. Al menos dos de ellos llevan la firma de Rabat y tres la del subsecretario Luis Silva.

Hace una semana, Interferencia reveló que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos que acortaron las penas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Desde entonces, la explicación del Gobierno ha sido una sola. “Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, dijo Rabat a T13. La idea de que el ministro no decidió nada y solo obedeció a los jueces se transformó en la llamada “doctrina Rabat”, y el oficialismo la ha hecho suya.

Por ejemplo, el 18 de mayo pasado, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó un decreto de dos páginas que hoy contradice todo lo que ha dicho en su defensa. Con él le negó la rebaja de condena a un hombre que cumple 11 años de cárcel por violar reiteradamente a una persona menor de 14 años entre 2015 y 2016, mucho antes de que la ley excluyera de ese beneficio a los agresores sexuales de menores. 

Cuatro semanas después, su ministerio empezó a aprobar rebajas para condenados por delitos de esa misma época, afirmando que estaba “jurídicamente impedido” de rechazarlas. Desde que estalló la polémica, Rabat ha repetido que solo cumplió lo que manda la Corte Suprema. Sus propios decretos dicen otra cosa.

Hace una semana, Interferencia reveló que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos que acortaron las penas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Desde entonces, la explicación del Gobierno ha sido una sola. “Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, dijo Rabat a T13. La idea de que el ministro no decidió nada y solo obedeció a los jueces se transformó en la llamada “doctrina Rabat”, y el oficialismo la ha hecho suya.

Una puerta que se cerró en 2022

La rebaja de condena es un beneficio que existe desde 2003. Un preso con conducta sobresaliente puede obtener un descuento de algunos meses por cada año de pena cumplido. Una comisión evalúa su comportamiento, la secretaría regional del ministerio revisa los antecedentes y el Ministerio de Justicia aprueba o rechaza la rebaja mediante un decreto.

En febrero de 2022, el Congreso cerró esa puerta para quienes cometieron delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Lo que la ley no dejó claro fue qué pasaba con quienes habían cometido esos delitos antes. Hay dos lecturas posibles. Una dice que la exclusión se aplica a toda solicitud que se resuelva desde entonces, sin importar la fecha del delito, porque la rebaja es un trámite y no un derecho del condenado. La otra postura sostiene que aplicar la nueva regla a quienes cometieron el delito antes de 2022 los deja en peor posición que cuando delinquieron: entonces podían optar a una rebaja y hoy no. Como cualquier ley penal más gravosa, dice esta lectura, no puede aplicarse hacia atrás. Es decir, afectaría a los condenados que hoy cumplen pena por hechos anteriores a la reforma.

La pregunta de fondo que plantean los decretos es cuál de las dos aplicó el ministerio de Rabat. La respuesta es que aplicó ambas.

El ministro contra el ministro

El 17 de marzo, seis días después del cambio de mando, el ministerio rechazó la rebaja de un hombre condenado por violar reiteradamente a una persona menor de 14 años entre 2015 y 2016. El decreto, firmado por el ministro subrogante Luis Silva Irarrázaval, defendía la primera lectura sin matices: el ministerio “debe aplicar la ley vigente al momento en que se dicta el Decreto”, es decir, la que deja fuera a los agresores sexuales de menores. Y lo hacía apoyándose en la misma Corte Suprema que hoy invoca Rabat. Citaba un fallo de noviembre de 2022 y otros posteriores, algunos de este año, en los que el tribunal había rechazado los reclamos de condenados en la misma situación.

El propio Rabat aplicó ese criterio. El 7 de abril negó el beneficio a un hombre condenado en Cañete por dos violaciones cometidas en 2014 y 2015. El decreto describe a la víctima como mayor de 14 años, sin precisar su edad, pero aplica la exclusión porque el delito se cometió contra una persona menor de edad. Una semana después, su ministerio denegó el beneficio a un condenado en Osorno por violar reiteradamente a una persona menor de 14 años entre 2010 y 2014. El 12 de mayo vino otro caso, en Lautaro: un hombre condenado por violación cometida en septiembre de 2021, cinco meses antes de la nueva ley, también contra una persona menor de edad según el decreto. Y el 18 de mayo, Rabat firmó el rechazo con el que comienza este artículo.

En los cinco casos, los delitos eran anteriores a febrero de 2022. En los cinco, el ministerio concluyó que la rebaja no correspondía. Es exactamente lo que, desde junio, la misma cartera asegura que la ley le prohíbe hacer.

La muralla que no detuvo los rechazos

La versión que el Gobierno ha dado para explicar el cambio es que la Corte Suprema le cerró el paso. En un reportaje publicado el 22 de octubre, T13 informó que el ministerio cambió de criterio en mayo, después de que el máximo tribunal le revirtiera seis decisiones, y citó a una fuente de la cartera que lo resumió así: “Nos encontramos con una muralla: la Corte Suprema”. T13 también reveló que el 13 de marzo Rabat había firmado tres rechazos.

Los decretos permiten reconstruir lo que pasó con uno de ellos, y la secuencia no calza con la versión oficial. El 13 de marzo, dos días después de asumir, Rabat rechazó la rebaja de un hombre condenado por violar a una persona menor de 14 años en 2013. El condenado recurrió a la justicia. La Corte de Apelaciones de Talca le dio la razón el 25 de marzo y la Suprema confirmó ese fallo el 8 de abril. Dos días después, Rabat tuvo que firmar un nuevo decreto que anuló su propio rechazo. El 30 de marzo, el ministerio ya había tenido que anular, por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Suprema, un rechazo firmado el 20 de febrero por el gobierno anterior.

Con esas dos derrotas ya encima, el ministerio volvió a rechazar el 14 de abril, el 12 de mayo y el 18 de mayo. La muralla ya estaba ahí, y el ministro siguió firmando rechazos.

Cuatro semanas para cambiar de opinión

Los documentos permiten fechar el giro que T13 situó en mayo. El último rechazo es del 18 de mayo. El 16 de junio, un nuevo decreto concedió una rebaja con el razonamiento opuesto al de marzo: ahora el ministerio decía que la mayoría de los fallos de la Suprema impide aplicar la ley de 2022 hacia atrás y que, “sin perjuicio de la especial gravedad que reviste la comisión de esta clase de delitos”, se encontraba “jurídicamente impedido” de rechazar el beneficio cuando los hechos eran anteriores a febrero de 2022.

Ese párrafo se repite casi palabra por palabra en los decretos de este tipo revisados por este medio, hasta el del 11 de septiembre. Más de la mitad llevan la firma de Rabat. Desde el 18 de mayo, en los documentos revisados no vuelve a aparecer un solo rechazo por esta causa.

Hay algo más que los decretos de concesión no dicen: qué delito cometió cada beneficiado y cuándo. Los rechazos detallan la condena, el tribunal y las fechas. Las concesiones, en cambio, se limitan a repetir la fórmula con que el ministerio salva el impedimento legal para otorgar la rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores. Esa fórmula solo se explica si el beneficiado es un agresor sexual de menores cuyo delito es anterior a 2022. Pero ninguno de los 29 decretos revisados lo dice expresamente.

Misma época, distinto destino

La comparación deja una sola explicación posible. En todos los casos, rechazados y beneficiados, los delitos son anteriores a 2022. Todas las solicitudes se tramitaron con la nueva ley ya vigente: las secretarías regionales enviaron los antecedentes de varios de los rechazados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, y los de los beneficiados desde junio. Con la vara de marzo, todos debían ser rechazados. Con la vara de junio, todos debían recibir la rebaja. Lo único que distingue a unos de otros es el día en que el ministro decidió cambiar de vara.

Esa diferencia no importa porque los condenados rechazados merezcan el beneficio. Importa porque prueba que Rabat sí tenía margen para decidir y que, durante tres meses, lo usó para negar las rebajas. Y esas negativas nunca se corrigieron: en los documentos revisados no aparece ningún decreto que anule esos cinco rechazos. En la práctica, esto significa que quienes fueron evaluados entre marzo y mayo tuvieron que ir a tribunales. Quienes fueron evaluados desde el 16 de junio obtuvieron la rebaja sin necesidad de hacerlo.

Una Suprema que falla en ambos sentidos

El argumento de la obligación también tropieza con la propia Corte. Como reveló BioBioChile el 22 de octubre, al menos tres fallos de la Suprema de agosto y septiembre de este año, aprobados por tres votos contra dos, respaldaron negar el beneficio por delitos anteriores a 2022, justo cuando el ministerio firmaba concesiones citando una jurisprudencia “reiterada”. “La jurisprudencia ni siquiera es obligatoria para los tribunales”, dijo a ese medio el abogado Rodrigo Vera Lama. Los decretos agregan una capa a ese hallazgo: el ministerio de Rabat también eligió qué fallos citar, y en marzo aplicó un criterio contrario al que invocó desde junio. Los propios decretos de concesión dejan ver otra razón para el cambio: seguir a la Suprema evitaría la “judicialización innecesaria”. Pero evitar que los condenados recurrieran a la justicia era una decisión del ministerio, no una obligación impuesta por una sentencia.

El domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió en defensa del Gobierno en Mesa Central de Canal 13 con un argumento que fue más lejos que el del propio ministro. Consultado sobre si los gobiernos anteriores habían incumplido la ley al negar estas rebajas, respondió “absolutamente”. Acusó al gobierno de Gabriel Boric de decir “mire, yo no estoy dispuesto a firmar este decreto” y de estar “pateando la pelota a los tribunales”.

Para justificar ese camino, se apeló a la eficiencia y la economía procesal: evitar que los condenados tuvieran que recurrir a los tribunales para obtener las rebajas. Sin embargo, el propio ministerio había optado anteriormente por rechazar solicitudes en casos similares. Mantener ese criterio habría dejado en manos de la justicia la resolución de las controversias sobre la aplicación de la reforma legal de 2022. En esa discusión también estaba en juego el interés superior del niño y la protección de las víctimas menores de edad. Rabat optó por conceder los beneficios sin esperar que los tribunales resolvieran esas diferencias de interpretación, pese a que la propia Corte Suprema había emitido fallos en ambos sentidos.

La vara de la UDI

El domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió en defensa del Gobierno en Mesa Central de Canal 13 con un argumento que fue más lejos que el del propio ministro. Consultado sobre si los gobiernos anteriores habían incumplido la ley al negar estas rebajas, respondió “absolutamente”. Acusó al gobierno de Gabriel Boric de decir “mire, yo no estoy dispuesto a firmar este decreto” y de estar “pateando la pelota a los tribunales”.

Los decretos muestran que el gobierno de José Antonio Kast hizo lo mismo que Ramírez le reprocha a Boric. Durante sus primeros tres meses, el ministerio de Rabat se negó a firmar al menos cinco de estas rebajas, dos de ellas con la firma del ministro, y al menos uno de esos condenados tuvo que ir a tribunales para revertir la decisión. Uno de los decretos que la cartera debió dictar por orden judicial anuló un rechazo del gobierno anterior. Otro anuló un rechazo del propio Rabat. Si negar estas rebajas era incumplir la ley, como afirma el presidente de la UDI, el Ministerio de Justicia del actual gobierno también la incumplió. Y si no lo era, el ministro nunca estuvo obligado a concederlas.

La explicación oficial ya había sido cuestionada. El exministro Jorge Insunza (PPD) dijo a El Mostrador que el problema es “por qué el Ministerio de Justicia renuncia a todas las posibilidades” de impedir las rebajas, y lo calificó como “una inconsistencia política y jurídica”. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, también marcó distancia en declaraciones recogidas por este medio: “Fue el ministro de Justicia quien ha dictado decretos conforme a las facultades legales que tiene”.

Las cifras que no cuadran

La suspensión de los beneficios no responde la pregunta que dejan sus propios decretos: si en mayo el ministro podía negar estas rebajas, ¿por qué en junio dijo que no podía?

Los documentos obligan, además, a precisar dos datos que este medio publicó el 21 de octubre. Entonces informamos, con base en la respuesta del ministerio a una solicitud de transparencia, que en el período se había rechazado una sola solicitud. También informamos, según fuentes consultadas, que ninguna rebaja se había conseguido por la vía judicial. Los decretos muestran al menos cinco rechazos y al menos dos rebajas concedidas por orden de los tribunales. O la cifra entregada por el ministerio fue incompleta, o dejó fuera justamente los casos en que actuó de otra forma. En cualquiera de los dos escenarios, el número oficial no refleja lo que realmente ocurrió.

El 23 de octubre, tras las críticas de la oposición y de parte del oficialismo, el ministerio anunció que suspendía la tramitación de nuevos decretos. Las rebajas ya concedidas no se revertirán, y Rabat admitió que existe un “vacío legal”. 

Tras casi una semana de silencio, el presidente José Antonio Kast se refirió este lunes 26 de octubre a las rebajas que Interferencia reveló el 21. Desde La Moneda y junto a Rabat, calificó lo ocurrido como inaceptable y afirmó que no existe “explicación técnica” ni criterio jurídico que lo justifique. Descartó pedirle la renuncia al ministro y le encargó liderar la revisión caso a caso de los decretos y un proyecto de ley para prohibir estas rebajas.

La suspensión de los beneficios no responde la pregunta que dejan sus propios decretos: si en mayo el ministro podía negar estas rebajas, ¿por qué en junio dijo que no podía?