El 28 de septiembre de 2021, un camión que transportaba un Chevrolet Corsa sobre su plataforma se detuvo en la garita La Negra, en la ruta 5 Norte, a la salida de Antofagasta. Los funcionarios del OS7 de Carabineros sintieron olor a marihuana, y al iluminar el interior del auto encontraron a Fredy Orlas Heredia durmiendo en el asiento del copiloto, reclinado hacia atrás. En los asientos traseros había una mochila celeste y un bolso negro. Dos de los ocupantes de la cabina se bajaron, y uno de ellos escapó corriendo entre los camiones estacionados.

Dentro de la mochila y el bolso había 51 paquetes con 52 kilos de pasta base de cocaína. 

Orlas, colombiano nacido en Medellín, no tenía cédula ni pasaporte: solo mostró una fotocopia de este último. Llevaba siete u ocho años en Chile en situación migratoria irregular.

En el juicio, Orlas reconoció que le habían ofrecido un millón de pesos por cuidar la “mercancía” dentro del auto, en una operación organizada por el hombre que huyó en el control y financiada por un sujeto al que conocían como “Mopri”. La Fiscalía pidió ocho años. El 14 de noviembre de 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta lo condenó a cinco años y un día, el mínimo, y descartó la expulsión como pena sustitutiva que había pedido su defensa.

Durante la condena, Orlas fue notificado de su expulsión del país conforme a la Ley de Migración. En abril de 2024, un informe de Gendarmería lo evaluó con un “nivel de riesgo de reincidencia alto”, describió “una carrera delictual prolongada sin ser descubierto por la justicia” y no recomendó su pena mixta. Un año después, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta le negó la salida por unanimidad, citando un “estilo de vida parasitario”, “asociación a pares infractores” y que “no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social”.

Pese a esos antecedentes, el 1 de junio, el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, como ministro subrogante, firmó el decreto que le rebajó seis meses de condena.

El caso de Orlas es uno de los 115 que benefician a condenados por drogas entre los 150 decretos de rebaja de condena a extranjeros revisados por Interferencia, dentro de un universo de cientos de decretos dictados este año. (ver los decretos adjuntos al final de este artículo)

En ninguno se opuso el ministerio. Todos repiten la misma fórmula, la base de la llamada 'Doctrina Rabat': citando un fallo de 2018 de la Corte de Santiago y dos de la Corte Suprema, argumentan que “este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.

Es la misma lógica que se usó para justificar las 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes reveladas por este medio el 21 de octubre pasado.

Esta tampoco es primera vez que se develan rebajas de condena para criminales de delitos de alta connotación social sin oposición del ministerio dirigido por Fernando Rabat. Interferencia dio a conocer que en septiembre pasado le rebajaron la condena a una banda de extorsionadores que decían ser del Tren de Aragua.

Una tonelada de droga

Entre los casos revisados, el de mayor volumen de tráfico corresponde al de Jhoel Ramos Antesana. El 14 de julio de 2021, Carabineros lo controló en la ruta A-97B, en el sector de Alto Lirima, en la comuna de Pica. Ramos iba de acompañante en una camioneta que hacía de “punta de lanza” para un cargamento de 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base. 

Según la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, la operación partió desde Cariquima, en la comuna fronteriza de Colchane, donde se reunieron con un ciudadano boliviano que manejaba un vehículo con patente boliviana. El tribunal valoró el cargamento en “más de mil millones de pesos”, destacando los tres vehículos coordinados por radio y el “nivel de sofisticación y planificación” de la operación. 

Evidencia de la tonelada de droga transportada.

Evidencia de la tonelada de droga transportada.

Jhoel Ramos, boliviano y sin domicilio en Chile, fue condenado a cinco años y un día. 

Durante el proceso judicial, la Delegación Presidencial de Tarapacá emitió un informe negativo sobre su eventual expulsión como pena sustitutiva, y el tribunal la descartó por la extensión de la condena. Finalmente, el pasado 12 de mayo, el Ministerio de Justicia rebajó su pena en tres meses, fijando su salida para dos días después.

Trece casos en la frontera

De acuerdo a los antecedentes judiciales revisados por este medio, al menos 13 de los beneficiados por drogas fueron detenidos en la frontera norte o en controles de las rutas que bajan de ella, la mayoría en Colchane: ocho bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. En cinco de los casos, la sentencia acredita el ingreso por un paso no habilitado.

Uno de ellos es el caso de un grupo de bolivianos que ingresaron a Chile el 7 de noviembre de 2022, a pie por Quebrada Chica, junto a la ruta CH-27 que lleva a Paso Jama. Cargaban 291,5 kilos de marihuana cuando fueron sorprendidos por el OS7 de Carabineros. Uno de ellos, Wilber Tenajas Orellana, fue condenado el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama a cuatro años y cinco meses de presidio. En agosto de 2024 le rechazaron la pena mixta.

El 7 de septiembre de este año, el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, como ministro subrogante, firmó el Decreto Exento que le rebajó siete meses de condena. El término de la pena pasó del 8 de abril de 2027 al 8 de septiembre de 2026.

Caso a caso: Ketamina, granadas y pasos no habilitados

El 6 de octubre de 2021, el venezolano José Luis Liscano Bermúdez fue detenido junto a Víctor Mora Araya viniendo desde Colchane con 32,7 kilos de ketamina, una granada de uso militar y dos pistolas. Sin embargo, fueron absueltos por las armas porque la acusación omitió que no tenía autorización para portarlas, y por la granada porque no se periciaron sus condiciones de funcionamiento. 

A Liscano lo condenaron a cinco años y un día por tráfico y le rechazaron la pena mixta en 2024 y 2025. El 10 de abril, el ministro Rabat firmó el decreto que fijó su nuevo término de condena. Mora Araya también obtuvo su rebaja, igualmente firmada por Rabat. Hoy ambos están en libertad.

Evidencia de incautación de ketamina, granada y armas a beneficiado por decreto.

Evidencia de incautación de ketamina, granada y armas a beneficiado por decreto.

El 2 de agosto de 2020, el OS7 de Arica detuvo en Pampa Gallinazo, entre los hitos 17 y 21, a cinco personas que ingresaban por un paso no habilitado con 25,5 kilos de cannabis y dos de clorhidrato de cocaína. Uno de ellos, el venezolano Edixon Escobar García, vio negada su libertad condicional el 25 de abril de 2025. El 23 de abril de este año, Rabat firmó el decreto que fijó su salida para el día siguiente.

En Colchane, las bolivianas Estefanía Cante Gonzales y Estela Cocha Tito fueron detenidas el 8 de febrero de 2022, tras una alerta de militares en un paso no habilitado, con 25 kilos de marihuana entre ambas. Las dos fueron beneficiadas. El decreto de Cocha, firmado por Silva el 13 de julio, fijó el término de su sentencia once meses antes. La venezolana Daniela Velásquez Jiménez, detenida en abril de ese año en un patrullaje de Carabineros y el Ejército, también obtuvo una rebaja de once meses.

Los volúmenes mayores en Colchane corresponden a Cristhian Oblitas Uscamayta, con 103,4 kilos de marihuana en maletas, y a Javier Pérez Mamani, con 59,9 kilos de marihuana y uno de cocaína. Completan la lista Vladimir Medina Mamani, detenido en Pampa Toldo con 5,1 kilos de cocaína en una mochila y con la libertad condicional negada en abril de 2025, y David Cano Arias, detenido por la PDI con 4,3 kilos de cocaína en el complejo fronterizo de Colchane, mientras se realizaban diligencias de reconducción.