El 15 de marzo de 2021, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, solicitó por primera vez al Ministerio de Educación cumplir a cabalidad con la Ley N° 21.128 de Aula Segura. La defensora pidió al subsecretario de Educación, Jorge Poblete, informar sobre todos los procesos sancionatorios que hayan derivado en la expulsión de algún niño, niña o adolescente (NNA); algo que la propia ley Aula Segura obliga a hacer a la cartera de Educación. La Subsecretaría tenía 5 días contados para responder.

A la fecha –es decir, 105 días después– aún no hay respuesta.

Además de solicitar la entrega de todas las expulsiones por Aula Segura a NNA, Muñoz también pidió “se informe acerca de las medidas adoptadas para la adecuada reinserción en la comunidad escolar de cada uno”, en especial “aquellas medidas las relativas a su reubicación y los procesos de acompañamiento de cualquier naturaleza que se hayan realizado”.

Si bien la Defensoría no cuenta con un rol fiscalizador sobre la aplicación de Aula Asegura y tampoco tiene la facultad de representación de NNA, con la información solicitada –y no enviada por Educación– pueden ejercer un rol de monitoreo de la ley.

La falta de respuesta obligó a la Defensoría de los Derechos de la Niñez a presentar un segundo oficio reiterando la solicitud de entrega de información el 26 de abril de este año, el cual tampoco ha sido respondido. (Revise ambos oficios acá y acá, obtenidos por INTERFERENCIA vía Ley de Transparencia).

Consultados por la situación, desde comunicaciones de la Defensoría indicaron que enviarán un nuevo oficio al Mineduc, esta vez, dirigido al ministro Raúl Figueroa.

Para el año 2019, año en que entró en vigor Aula Segura, la cartera de Educación sí hizo entrega de la información que la propia ley lo obliga a entregar. En aquella oportunidad, el ministerio, mediante el entonces subsecretario subrogante, Raimundo Larraín, informó a la Defensoría de la Niñez de 722 procesos sancionatorios contra niños, niñas y adolescentes por ley 21.128.

Si bien desde la Defensoría indicaron a INTERFERENCIA que como entidad no cuentan con un rol fiscalizador sobre la aplicación de Aula Asegura y que tampoco tiene la facultad de representación de NNA durante los procesos sancionatorios, sí explicaron que con la información solicitada –y no enviada por Educación– pueden ejercer un rol de monitoreo de la ley.

Si bien el Ministerio de Educación no está cumpliendo con su labor de entregar la mencionada información a la Defensoría de la Niñez, la ley Aula Segura “no especifica la forma de hacer llegar la información de cada procedimiento sancionatorio, ni la periodicidad, ni el contenido mínimo, ni la desagregación de la información”.

Este monitoreo, según explicaron desde comunicaciones de la Defensoría, se ve reflejado en la emisión de “informes y recomendaciones que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños”; “observar y hacer seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado, a personas jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños y a organizaciones que puedan afectar con sus acciones tales derechos”; y “velar porque los responsables de formular las políticas públicas nacionales, incluidas las económicas, tengan en consideración los derechos del niño, al establecer y evaluar planes, políticas y programas”.

Cabe destacar que, si bien el Ministerio de Educación no está cumpliendo con su labor de entregar la mencionada información a la Defensoría de la Niñez, la ley Aula Segura “no especifica la forma de hacer llegar la información de cada procedimiento sancionatorio, ni la periodicidad, ni el contenido mínimo, ni la desagregación de la información”.

Otro punto relevante es la posibilidad de que durante el 2020, año donde la pandemia paralizó prácticamente todas las clases presenciales, no se hayan expulsado NNA por Aula Segura. Según documentación obtenida vía Ley de Transparencia, durante aquel año se registraron al menos dos expulsiones por la mencionada ley, ambas en la región de Tarapacá.