Ayer martes 1 de febrero se acabó el plazo para patrocinar Iniciativas Populares de Norma (IPN), que precisaban de 15 mil firmas provenientes de al menos cuatro regiones distintas para ingresar a una de las siete comisiones temáticas, con la idea de ser discutidas y votadas en el espacio constituyente.

Al cierre de esta edición, de las 2.496 IPN publicadas en la plataforma, al menos 65 de estas habían logrado reunir las 15 mil firmas. 

El ingreso y posterior patrocinio de las Iniciativas generó cierto conflicto puesto que la Convención recibió una gran cantidad de propuestas que tuvieron que ser analizadas una a una para verificar que estas cumplieran con los requisitos necesarios para ser declaradas admisibles. Además, hubo un retraso en la entrada de funcionamiento de la plataforma web de participación. En vista de aquello, la Convención decidió aplazar el periodo de ingreso y de patrocinios de IPN, quedando establecido como plazo máximo este 1 de febrero. 

Al cierre de esta edición, de las 2.496 IPN publicadas en la plataforma, al menos 65 de estas habían logrado reunir las 15 mil firmas.

Inicialmente, la idea de abrir el espacio para que organizaciones sociales o personas individuales formularan propuestas de norma constitucional generó un gran debate en la Comisión transitoria de Participación Popular y posteriormente en el Pleno de la Convención. Y es que la derecha y sectores más conservadores no veían con muy buenos ojos que existieran canales de democracia y participación vinculantes e incidentes, más allá de lo meramente consultivo.

Sin embargo, una vez se habilitó la plataforma de participación, 6.114 IPN fueron ingresadas a esta, de las cuales 2.496 pasaron el filtro de admisibilidad para reunir los patrocinios necesarios. 

“Es una cuestión de que durante años se nos ha negado la participación en política y se ha segregado esta participación en la política. Y que tantas IPN hayan superado la barrera de las 15 mil firmas habla muy bien sobre el hambre de participación que tiene la ciudadanía”, indicó el convencional de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular (CCPP) Manuel Woldarsky a este medio.

De las 65 propuestas de norma, muchas de ellas abarcan demandas históricas de diversa índole o plantean temas que han sido ampliamente difundidos mediante campañas mediáticas. Es el caso de la iniciativa Con mi Plata No, que rechaza la estatización de los fondos de pensiones, que busca la cotización individual y la libre elección de cotizar en entidades administradoras estatales o privadas y que alcanzó sobre los 58.800 patrocinios.

“En el fondo a la ciudadanía le interesa que sus cotizaciones de las AFP sean de ellos y que no puedan ser expropiados. Los rumores que han trascendido son que estos podrían pasar a ser colectivos cuando la gente quiere ver que su esfuerzo se vea reflejado en algo propio”, sostuvo la convencional Paulina Veloso (RN) del colectivo Independientes RN-Evópoli. 

La situación se repite con la iniciativa nº 34 que plantea el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y que superó los 27.900 patrocinios. El tema ha sido publicitado por los sectores más conservadores desde hace años, quienes ante el avance de la demanda histórica por el derecho a la educación pública y gratuita, y al reconocimiento de las diversidades sexo genéricas, sienten amenazados la posición privilegiada que ocupan quienes acceden a la educación privada, donde las instituciones religiosas tienen un amplio poder curricular en la formación valórica y moral de sus estudiantes.

De las 65 propuestas de norma, muchas de ellas abarcan demandas históricas de diversa índole o plantean temas que han sido ampliamente difundidos mediante campañas mediáticas.

En ese sentido, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos ha sido defendido ante mediáticas campañas como fue con el paso del “Bus de la Libertad” en 2017 y también fue uno de los temas que el ultraderechista José Antonio Kast defendió durante su campaña presidencial. 

La materia fue abordada también por el presidente Sebastián Piñera, quien en septiembre de 2021 mientras la Convención aprobaba su Reglamento General, decidió dedicar unas palabras en su cuenta de Twitter con su visión respecto al tema, luego de que el Pleno decidiera dejar fuera el ítem en el listado de temas mínimos por abordar en la Comisión de Derechos Fundamentales.

Sus palabras fueron consideradas como intervencionismo, puesto que el Ejecutivo no tiene la potestad de emitir su opinión respecto a los temas que trata la Convención, espacio que es autónomo y que no debiera ser pauteada por el gobierno.

“La verdad es que es un tema que también ha mantenido alerta y en movimiento a gran parte de la ciudadanía porque en el fondo en los discursos de apertura escuchamos a algunos convencionales que hablaban de la educación centralizada del Estado. Entonces claramente esa es una voz de alerta”, agregó Veloso.

Por otro lado, las iniciativas nº 15.150 sobre la “Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos” y la nº 5.602 sobre la “Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, litio y del oro” superaron las 16 mil y 22.500 firmas respectivamente. 

La discusión sobre la nacionalización de estos minerales es algo que se arrastra desde hace décadas y que se vio interrumpida de lleno con el Golpe de Estado de 1973 y los 17 años de dictadura militar, que revirtieron todo lo avanzado en la materia durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende. 

Por otro lado, las iniciativas nº 15.150 sobre la “Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos” y la nº 5.602 sobre la “Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, litio y del oro” superaron las 16 mil y 22.500 firmas respectivamente.

La situación actual la sitúa como una de las demandas históricas no sólo de las comunidades indígenas que se ven afectadas por el impacto socio ambiental que provoca el extractivismo, sino que también por quienes exigen un cambio del modelo económico que favorece a las empresas trasnacionales y nacionales, en desmedro de quienes ven explotados sus territorios y bienes comunes. 

En ese sentido, ayer martes la Comisión de Medio Ambiente aprobó en general los dos artículos transitorios de la propuesta constituyente de norma “Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”, que plantean la nacionalización de dichos minerales, el fin a las concesiones mineras y la determinación de una indemnización a las empresas afectadas por parte de la Contraloría. 

La convencional Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), parte del pueblo Diaguita e integrante de la Comisión de Medio Ambiente sostiene que la aplicación de dicha medida debe ir acompañada de una modificación al sistema económico que permita ponerle fin a las concesiones mineras “que actualmente cerca del 70% están concentradas en manos de privados nacionales o transnacionales”.

Además, agregó que la propuesta aprobada por la Comisión tiene un sustento popular importante considerando las dos IPN que alcanzaron las 15 firmas, lo que “nos da un piso para poder debatir sobre el despojo que está viviendo nuestro país a manos de transnacionales e inversionistas privados”, indicó a esta redacción.

En cuanto a las demandas feministas, la convencional Vanessa Hoppe de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) y coordinadora de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, manifiestó lo interesante que resulta que más de una IPN sobre la incorporación de la perspectiva de género a diversos ámbitos de la institucionalidad del Estado hayan logrado obtener los 15 mil apoyos. 

Es el caso de las iniciativas levantadas por organizaciones feministas de todo el país, que lograron articular los patrocinios para las propuestas con demandas históricas como “Una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas”, “Género y Justicia” o “Será Ley”, que busca consagrar derechos sexuales y reproductivos como el aborto libre. 

A pesar de que la iniciativa no logró obtener los patrocinios necesarios para ingresar a la Convención, Hoppe indica que la importancia de considerar el concepto de la interseccionalidad en materia de justicia radica en que esto “puede darle herramientas a jueces y juezas para poder entender cuando una mujer está en un mayor grado de vulnerabilidad que otra”.

Entre aquellas IPN feministas, Hoppe destaca la propuesta levantada por organizaciones de su territorio en el BíoBío, que busca instaurar el “Principio de Interseccionalidad en el Sistema de Justicia”, lo que “ en este ámbito permitiría considerar que no todas las mujeres nos vemos sujetas a los mismo tipos de vulnerabilidades o de discriminación”, sostuvo la convencional a INTERFERENCIA. 

A pesar de que la iniciativa no logró obtener los patrocinios necesarios para ingresar a la Convención, Hoppe indica que la importancia de considerar el concepto de la interseccionalidad en materia de justicia radica en que esto “puede darle herramientas a jueces y juezas para poder entender cuando una mujer está en un mayor grado de vulnerabilidad que otra”.

Agrega que si bien cuesta encontrar una sola definición para la interseccionalidad, el concepto ha estado implícito en principios como la igualdad ante la ley o la no discriminación a disidencias, por lo que “plantearlo como un principio en sí mismo es innovador, porque nos permite entender que la realidad de las compañeras mapuche es diferente a la de las mujeres rurales, a la de las afrodescendientes, a quienes viven con discapacidad o a las que viven en Santiago”.