A eso de las 19.42 horas de este sábado 14 de mayo, la Convención cerró oficialmente el debate constitucional, luego de someter a votación el último paquete de normas que serán parte de la propuesta de nueva Constitución. Con la aprobación de los artículos provenientes de la Comisión de Medio Ambiente y tras poco más de 10 meses de trabajo, los convencionales cierran esta etapa del proceso constituyente con 499 artículos para el borrador, los cuales serán reducidos en el proceso de “edición” que le corresponde a la Comisión de Armonización.

Si bien aún queda poco más de un mes y medio de labores, esta pasada jornada estuvo marcada por el simbolismo que significó cerrar la etapa de redacción y deliberación de normas constitucionales. El día inició con pocos convencionales de forma presencial, no obstante a medida fue avanzando el debate, las dependencias del ex Congreso se fueron llenando de visitas, asesores y convencionales.

Una vez fueron despachados los artículos aprobados durante la sesión plenaria nº 103, se abrió la votación para ratificar el cierre del debate constitucional, el cual fue aprobado con 131 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, la presidenta de la Convención, María Elisa Quintero (MSC) oficializó el hito y señaló que “dentro del plazo de cinco días posterior a esta declaración, la Mesa directiva hará llegar a la comisión de Armonización el proyecto de Constitución que consolidará la totalidad de las normas aprobadas por la Convención”.

Y con el cierre del debate constitucional los convencionales realizan su balance sobre el proceso y los principios que se instalaron en la discusión política desde el inicio de la Convención. En conversación con INTERFERENCIA, convencionales rescatan por sobre todo el cambio que significa pasar de un Estado subsidiario a un Estado social democrático de derecho, norma que fue aprobada por el Pleno y que será el primer artículo que tendrá la nueva Constitución.

También señalaron con ímpetu la presencia de convencionales independientes, sin experiencia política previa, en un espacio con 17 escaños reservados para 10 pueblos indígenas y donde la paridad fue parte de uno de los pilares fundamentales del proceso, convirtiéndola en una institución inédita tanto para la historia nacional como para otros países que han tenido asambleas constituyentes.

En esa misma línea, apuntan a que Convención dio paso a discusiones y determinaciones fundamentales como fueron el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la redefinición de los Sistemas de Justicia y del Poder Legislativo con la eliminación del Senado, la instalación de la descentralización, de la plurinacionalidad y la apertura a la participación de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones sobre materias que los afectarán directamente.

Según señaló el vicepresidente Gaspar Domínguez a esta redacción, la Convención inició con una fuerte señal desde la ciudadanía que dotó al espacio de una particularidad que no se había visto antes en la institucionalidad. El momento político en el cual nació el proceso determinó que las demandas históricas de los diversos sectores fueran defendidas por personas comunes y corrientes en lugar de personajes políticos reconocidos.

“Esto fue demostrado por la ciudadanía cuando con un 80% votó a favor de una Convención Constitucional en vez de una Comisión Mixta compuesta por parlamentarios. Entonces, creo que el hecho de que sea más ciudadano, compuesto por 2/3 de independientes, por organizaciones sociales y por gente que viene de movimientos de base, genera que los temas y la forma de discusión de los mismos sea desde otra visión y desde otra óptica”, indicó Domínguez.

Desde el origen en la integración de la Convención a la propuesta constitucional presentada por los convencionales electos popularmente, el hito ha resultado en un proceso inédito en la historia del país. El hecho de que esta sea la primera Constitución en ser redactada por un órgano que se conformó mediante elecciones, con escaños reservados para los pueblos indígenas y con criterio de paridad tuvo una incidencia directa en el borrador y como este fue construído. 

El convencional Jaime Bassa (FA) manifestó que “el hecho de que tengamos en este espacio de representación de la voluntad popular una Constituyente paritaria con independientes, dirigentes de pueblos originarios y medioambientales, con gente que viene de la militancia social o de Partidos, ha generado condiciones muy enriquecedoras para la deliberación. Porque no hablamos desde aquello que tenemos en común, sino que construimos algo en común a partir de nuestras diferencias y respetándolas”.

Además del carácter representativo del proceso, la convencional Manuela Royo (MSC) destaca que “esta es la primera vez que se escribe una Constitución de puertas abiertas, de forma pública con transmisión de todas sus sesiones, donde se pudo mostrar a todo Chile como deliberamos y opinamos”. 

Del Estado subsidiario al Estado social y democrático de derecho

Cuando el 11 de abril el Pleno aprobó con 114 votos lo que será el primer artículo de la nueva Constitución que establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho, entró al borrador la norma que establece uno de los cambios más estructurales respecto del actual rol y labores del Estado. 

El artículo además señala que Chile es plurinacional, intercultural y ecológico, y que “la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”. 

Para la convencional Dayanna González (PuCo), la primera clave de la propuesta constitucional radica en dicho artículo, puesto que “permite un catálogo de derechos fundamentales orientado en superar el Estado subsidiario y desde ahí creo que todas las discusiones en cada uno de los derechos que se aprobaron están orientados en el paradigma de la nueva Constitución. Porque igual esta Constitución tiene elementos que son históricos y que que van a venir a transformar culturalmente Chile”, señaló.

Al respecto, Bassa agrega que “el hecho de haber reemplazado el Estado subsidiario por el Estado social y democrático de derecho es un cambio muy sustantivo, porque da cuenta de un giro no solamente en la función que tiene que asumir el Estado en la marcha de la sociedad o de lo público, sino también por el valor que se le asigna a aspectos de la vida familiar, social e individual, que son cuestiones a las que no se le pone precio, sino que se le da valor como bien público, como un común, como un espacio dentro del cual se ejerce ciudadanía”.

El avance hacia un Estado social conlleva una ampliación en los derechos con garantía constitucional, dándole espacio a diversas demandas históricas. En ese sentido, la convencional Elisa Giustinianovich (MSC) señala que “tengo plena certeza de que sólo hemos avanzado, porque se han habilitado una gran cantidad de derechos que estaban siendo privados en nuestro país y que van en beneficio de toda la población. Considerando este corazón central de derechos sociales ligado al derecho a la vivienda, salud, educación, al sistema de seguridad social, el derecho a huelga o a la negociación colectiva a la titularidad sindical”.

Derechos de la naturaleza y su interdependencia con el ser humano

Otro de los grandes avances que destacan los convencionales se centra en la discusión que se dio respecto a cómo se relacionan los derechos de los seres humanos con los derechos de la naturaleza. En el borrador quedó establecido el principio del Buen Vivir, donde se señala que “el Estado reconoce y promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad”.

Esto va de la mano con el artículo que dispone que “las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable” y que además puntualiza que “la naturaleza tiene derechos”. Según indicó el convencional Fernando Salinas (PuCo), “esa es la gran norma que va a ser como un paraguas y que nos va a encaminar a una sociedad que pueda lograr un equilibrio entre lo humano y la naturaleza”.

Salinas plantea que dicho equilibrio va de la mano con el reconocimiento de los bienes comunes naturales, la declaración de la inapropiabilidad del agua en todos sus estados y la creación del estatuto constitucional de aguas. Y es que mediante aquellas medidas, se desprivatiza el agua, se le da la responsabilidad al Estado de proteger los ciclos hidrológicos puesto que “siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas”, según indica una de las normas aprobadas.

Pueblos indígenas en el espacio político

Actualmente, en la carta fundamental vigente los pueblos indígenas no son mencionados ni una sola vez, demostrando en el texto el paradigma colonialista que ha imperado en la institucionalidad chilena desde la instalación del Estado-Nación hace ya dos siglos. El no reconocimiento de la existencia de los pueblos y de sus derechos colectivos, junto al racismo cultural, ha marginado históricamente a las primeras naciones de los espacios de poder y de toma de decisiones políticas.

Esto ha significado la criminalización, la asimilación forzada y el despojo para los pueblos originarios. En vista de aquello, la obtención de 17 escaños reservados indígenas en la Convención implicó que de manera inédita fueran ellos quienes incidieran y decidieran respecto a cómo se reconocerán y otorgarán los derechos colectivos de 11 naciones y pueblos indígenas. 

Y a pesar de los discursos racistas tanto dentro como fuera de la Convención, que manifiestan su oposición al reconocimiento y cumplimiento de estándares internacionales respecto a la materia, los convencionales avanzaron considerablemente en un diálogo en el cual “por primera vez nosotros podemos plasmar nuestra propia mirada sin intermediarios sobre lo que creemos que es bueno para nosotros”, señaló la convencional Rosa Catrileo (pueblo Mapuche). 

Para el convencional Luis Jiménez (pueblo Aymara), las normas aprobadas respecto a la plurinacionalidad, el reconocimiento del pluralismo jurídico y del principio de libre determinación o el otorgamiento de escaños reservados “marcan el reconocimiento de que somos pueblos y que somos titulares de la libre determinación y que estamos dentro de un mismo Estado, pero en un Estado con más de una nación, es decir, un Estado plurinacional”. 

En ese sentido, Catrileo agrega que “muchos tuvieron que involucrarse en algo que es muy desconocido y que para nosotros es muy natural ya que son discusiones que venimos dando hace mucho tiempo. Pero en esta esfera de la política la cuestión indígena se ha dado siempre con temas de seguridad o cosas así, pero no como un tema de derechos colectivos o de la autodeterminación”.

Algo similar manifiesta la convencional Natividad Llanquileo (pueblo Mapuche), quien agrega que “esta vez la Constitución no la construyó la élite política económica que siempre ha tomado las decisiones, sino que participaron desde dueñas de casa hasta constitucionalistas”.

Llanquileo menciona que si bien se avanzó bastante en el diálogo interno de la Convención, en el reconocimiento de demandas históricas de los pueblos como el derecho a la tierra, la recuperación de aquellos territorios de las empresas extractivistas, para implementar aquellos cambios se “va a requerir un cambio cultural, un cambio de pensamiento, de formación, de educación, que no va a ser fácil ni de un día para otro, sino más bien va a ser un cambio que va a ser paulatino”.

 Descentralización y desconcentración del poder político

La convencional Yarela Gómez (FA) plantea que lo avanzado con la Comisión sobre Forma de Estado “muchas veces abordó la descentralización pensándola en términos muy concretos, es decir, la falta de conectividad o descentralización de los servicios. Pero también nosotros profundizamos en la discusión de cómo el poder se distribuye o no por medio de un modelo centralista. Y en este caso eso nos llevó a establecer un Estado regional donde lo que se hizo fue impulsar distintas miradas territoriales, democratizando el acceso al poder”.

Agrega que la Convención llegó a abordar la descentralización desde la visión de cómo se distribuye el poder en el actual modelo centralista, que concentra gran parte de sus actividades políticas en la Región Metropolitana y secundariamente en Valparaíso, a través de los diálogos transversales entre convencionales que al ser representantes de distintos rincones del país, contienen una variedad de experiencias. 

“Esa línea de descentralización es más profunda y se dio a propósito de las conversaciones que se fueron desarrollando no solamente en las comisiones, sino que también desde las experiencias de vida, desde el conocimiento que traían las propias y los propios convencionales. Eso solo para mí fue posible y yo creo que en el fondo eso es lo rico que tuvo la convención luego de todo este trabajo. Cada concepto que uno traía era una prefiguración, un precepto que se fue ampliando con las experiencias de vida. Y no hubiese sido así si esta Convención no fuese lo suficientemente diversa que nos permitiera incorporar todas esas miradas”, puntualizó Gómez.