El 25 por ciento de la cocaína que consumían los estadounidenses a fines del siglo XX provenía de Bolivia, de la zona del Chapare, territorio ubicado en el sudeste del país, donde el arbusto de la coca entrega una mayor cantidad de alcaloides. El diez por ciento de la fuerza laboral agraria activa se dedica allí al cultivo de la coca haciendo de Bolivia el segundo productor de estas hojas en el mundo, con el 30 por ciento de los sembradíos del planeta. No obstante, es el único país que logró parcialmente disminuir las plantaciones. En 1986 existían cerca de 70 mil hectáreas de cocales; en 1992 la cifra bajo a 38 mil; y, en 1995 había no más de 33 mil hectáreas destinadas a la producción de cocaína.

A fines de 1995, los avances conseguidos en la erradicación de los cultivos parecieron diluirse frente a la creciente corrupción de las fuerzas antidrogas y de la cada vez más clara colusión entre los narcotraficantes y algunos importantes estamentos de la sociedad boliviana

A comienzos de noviembre de 1995, agentes del Grupo Especial de Seguridad del Estado llegaron sorpresivamente al cuartel general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), en La Paz, desarmaron a todos los policías y anunciaron que por instrucciones del gobierno y del parlamento el grupo era disuelto y entraba en un proceso de reestructuración. Una comisión de congresistas tenía fundadas sospechas de que la Felcn había sido permeada por los narcotraficantes y que varios de sus oficiales estaban colaborando en los despachos de cocaína hacia el exterior.

Dos meses antes, en septiembre, una serie de denuncias habían puesto en duda la eficacia de la Felcn. Primero se supo que la línea Lloyd Aéreo Boliviano era utilizada desde hacía tiempo por el denominado cártel de La Paz para enviar cocaína a México. Esa organización aparecía dirigida por Luis Amado Pacheco Abraham -alias ‘‘Barbas Chocas’’- mafioso que por esos mismos días figuró como el comprador de un lujoso departamento que era propiedad del presidente de la Cámara de Diputados, Guillermo Bedregal y que, además, era el responsable del despacho de más de cuatro toneladas de cocaína a México, incautadas en un avión boliviano en el aeropuerto de Lima.

Bedregal, estremecido por los vínculos que se le atribuían con los narcos, reconoció la venta del departamento en 100 mil dólares, aclarando que había sido realizada a través de una empresa inmobiliaria y que jamás había tenido contacto con el traficante. Agregó que ‘‘sería muy grave si se desata una especie de paranoia por este caso, similar a otros anteriores en que políticos salieron casualmente fotografiados junto a alguna persona comprometida con el narcotráfico’’.

El ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, sostuvo ante los periodistas que la existencia del cártel de La Paz, cuyas ramificaciones recién se estaban investigando, indicaba que por primera vez en Bolivia surgía una organización con alta tecnología delictiva que realizaba sistemáticas operaciones de producción, acopio, transformación y comercialización del clorhidrato de cocaína.

El gobierno boliviano estaba inquieto por las advertencias de Estados Unidos cuyos voceros habían insistido en que, si no se apreciaba una cooperación decidida en la lucha antidrogas, se impondrían sanciones económicas. La amenaza de Washington había provocado inquietud en la opinión pública, indicio que fue aprovechado por la administración del presidente Gonzalo Sánchez de Losada para adoptar una política más agresiva frente a los cultivadores de hojas de coca, una verdadera aristocracia agraria que disfruta de los mejores salarios entre los trabajadores del país.

Sánchez de Lozada aseguró a los bolivianos que estaba preparado para resolver el problema de las drogas ‘‘por las buenas o por las malas’’.

Los cambios se iniciaron después de que Washington exigiera en marzo de 1995 al gobierno altiplánico que erradicara 1.750 hectáreas de plantaciones de coca antes del 30 de junio, que firmara un nuevo tratado de extradición de narcotraficantes y que presentara un plan antidrogas a largo plazo. Bolivia cumplió las dos primeras condiciones y pidió plazo para preparar la tercera, decisiones que indujo a Washington a desechar las sanciones económicas.

El respaldo de la sociedad boliviana al gobierno fue también la razón por la cual el líder de los campesinos cocaleros, Evo Morales, propietario de 16 hectáreas de cocales en el Chapare y más tarde presidente del país, modificó su férrea resistencia a la eliminación de los cultivos y suscribió un convenio permitiendo la erradicación del número de hectáreas exigido por Estados Unidos. Morales indicó que había firmado el convenio ‘‘para salvar al país’’.

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Evo Morales cuando era dirigente cocalero.

Pese a la oposición de los campesinos, que esgrimieron machetes, garrotes y piedras en un vano intento por evitar la erradicación de cultivos ilegales de coca, el gobierno decidió enviar a los militares a destruir las plantaciones situadas en el Parque Nacional Isibore Secure, cercano al Chapare.

De las 45 mil hectáreas de coca que quedaban en Bolivia sólo 12 mil eran destinadas al consumo tradicional, costumbre que se remonta a los inicios del imperio inca e incluso antes. El arbusto se ha cultivado siempre y aún se discute sobre si los dignatarios del incanato la reservaban para sí o permitan su consumo generalizado al pueblo. Masticadas suavemente junto con cal y mediante una prolija insalivación y toma del aire por la boca, surte unos efectos beneficiosos sobre el organismo y alivia la tensión, el hambre, el cansancio y el apunamiento o el soroche que provoca la escasez de oxígeno en las alturas altiplánicas.

Según el gobierno boliviano en el país se fabricaban al año 120 toneladas de cocaína. Para Estados Unidos, en cambio, esa cifra llegaba a las 160 toneladas. En 1995 la ayuda norteamericana fue reducida a 80 millones de dólares.

Las preocupaciones en Bolivia por disminuir los cultivos de coca y satisfacer las exigencias norteamericanas, iban aparejadas hacía casi dos décadas con la corrupción de numerosos estamentos de las fuerzas armadas y de la policía. En marzo de 1995, el ex comandante de la Fuerza Naval Boliviana, almirante Miguel Álvarez, diez miembros de esa rama y cuatro civiles, ingresaron a la cárcel de alta seguridad de Choncocoro, a 30 kilometros de La Paz, bajo cargos de narcotráfico. Álvarez y el capitán Ramiro Patzi fueron acusados por la Felcn del lavado de 1,7 millones de dólares provenientes de la venta de cocaína al cártel de Cali.

El acopio de cocaína en el Chapare y la posterior venta al cartel colombiano de Cali era ejecutada, según lo establecieron las investigaciones, por una banda de oficiales de la Fuerza Naval, encabezada por el capitán Oswaldo Sacate Justiniano, arrestado junto a sus cómplices el 19 de enero cuando transportaba media tonelada de clorhidrato de cocaína en dos camiones militares.

Durante 1994 los ámbitos políticos locales se convulsionaron con dos noticias imprevistas, las dos registradas en el mes de marzo. Primero fue la detención el 11 de marzo en Brasil del ex dictador boliviano Luis García Meza, cuya administración entre 1980 y 1981 es tristemente recordada como ‘‘el gobierno de los cocadólares’’; en seguida, casi simultáneamente, el conocimiento de las aparentes relaciones entre los narcotraficantes y el ex presidente Jaime Paz Zamora, en ese instante vicepresidente de la Internacional Socialista. 

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Luis García Meza.

En un estudio realizado por el Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (IESE), divulgado en 1988, se estimaba que alrededor de 700 mil personas estaban directa o indirectamente ligadas a la producción de cocaína en Bolivia. Según esa misma fuente, 450 mil personas tenían relación con la producción y comercialización de la hoja de coca, registrándose casi cuatro mil centros de producción de pasta base y clorhidrato cocaína donde trabajaban unas 40 mil personas.

La investigación del IESE explicaba que la cadena del narcotráfico comenzaba en los centros de producción y comercialización de la hoja de coca y que utilizando los más sorprendentes medios de transporte se infiltraba en las grandes ciudades para luego cruzar las fronteras hasta llegar a los mercados de consumo de Estados Unidos y de Europa.

El circuito de la coca-cocaína se resumía, de acuerdo a ese estudio, en diez etapas: 1) Compra de la hoja; 2) Transporte hacia los centros productores de pasta base; 3) Fabricación de sulfato base de cocaína; 4) Actividad de intermediarios; 5) Cristalización en los centros de Santa Cruz de la Sierra y El Beni; 6) Fabricación de clorhidrato; 7) Transporte a mercados internos y externos; 8) Proceso de mezcla de la droga, aumento de volumen y precio;9)  Red de distribución al por mayor y menor; y, 10) Consumo.

En su informe, el IESE también aventuraba una explicación sobre el aumento del tráfico de drogas en Bolivia.

‘‘Los factores del crecimiento del narcotráfico en Bolivia son la crisis económica y la situación de pobreza, la no disponibilidad de recursos suficientes para llevar una vida digna, la incontrolable presión migratoria interna, el hacinamiento, la urbanización desordenada y la creciente constitución de barrios marginales sin recursos básicos. Estos factores coadyuvan a la desadaptación social y cultural, a la pérdida de valores, a la mala nutrición, a los servicios sanitarios y asistenciales deficientes y a las escasas oportunidades de esparcimiento sano. En varias ciudades y comunidades nacionales donde ha crecido el tráfico y consumo de drogas se ha observado que de una sociedad tradicionalmente agrícola o minera con relaciones sociales elitistas y patriarcales que mantenían lazos de ligazón con la familia, la religión y la tierra, se ha pasado a otra que ha provocado distorsiones en la estructura productiva y en los valores’’.

Desde fines de 1987 los jerarcas del narcotráfico trabajaron afanosamente para detener las investigaciones que realizaban algunos parlamentarios deseosos de identificar los nexos entre destacados políticos y el mundo de las drogas. Los trámites que realizaba la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados fueron cerradas abruptamente ‘‘en aras de la estabilidad democrática’’; el presidente de la comisión, destituido; y uno de los principales acusadores, el ex capitán de corbeta Jaime Paredes Sempertegui, llevado a prisión. -El problema fundamental es cómo organizamos un sistema inteligente en una estructura democrática-, planteaba el diputado Alfredo Arce.

En 1985,  los observadores coincidían en que el problema de la droga en Bolivia se resumía en tres razones principales: el poder de los fuertemente armados narcotraficantes y de sus aliados, entre ellos algunos importantes empresarios  bolivianos; el carácter altamente organizado de los productores campesinos de coca y su determinación de defender el derecho a cultivar coca; y, finalmente, la necesidad de obtener ‘‘cocadólares’’ para mantener a flote la economía boliviana dada la inexistencia de otro tipo de inversiones. En 1983, por ejemplo, las plantaciones de coca habían sido los únicos cultivos no afectados por devastadoras inundaciones y sequías que destruyeron un tercio de la producción agrícola de Bolivia.

Para aproximarse a los orígenes del aumento ilegal de los cultivos de coca y de la producción de pasta base y de clorhidrato de cocaína, hay que remontarse al período de la última postguerra mundial, cuando la demanda del principal producto de exportación boliviano, el estaño, controlado por las familias Patiño, Aramayo y Hochschild, empezó a caer rápidamente en los mercados mundiales.

En 1971, tras el golpe de Estado del coronel Hugo Banzer, se intentó reemplazar el estaño por grandes plantaciones de algodón, consiguiendo incluso créditos por casi mil millones de dólares. La iniciativa fracasó y los grandes hacendados de Santa Cruz de la Sierra y del Beni, desahuciando los recursos forestales, el petróleo y el azúcar, optaron por las plantaciones de coca, alentados por el explosivo incremento de los precios de la droga en Estados Unidos.

Diversos investigadores bolivianos que han analizado los primeros tiempos del narcotráfico en ese país coinciden en afirmar que numerosos pilotos estadounidenses dedicados al contrabando entre las costas de Florida y América del Sur fueron factores claves para convencer a los grandes agricultores de que en el tráfico de cocaína estaban sus posibilidades de hacerse multimillonarios.

El paso siguiente fue lograr el apoyo de los militares y de la fuerza aérea para garantizar la seguridad de los cocales y el tráfico expedito de las avionetas por los cielos altiplánicos. Uno de los pilares de esa alianza fue el general de aviación René Barrientos, quien dio un golpe de Estado en 1964 y más tarde, en 1966, fue elegido presidente. Una de sus primeras iniciativas fue inflamar el patriotismo de los bolivianos y alentar la antigua aspiración de recuperar el litoral perdido en la Guerra del Pacífico. 

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René Barrientos.

Para acometer la tarea se creó la empresa estatal Transmarítima Boliviana y a la cabeza de ella, como gerente general, fue nombrado el ciudadano alemán nacionalizado boliviano Klaus Altmann, falsa identidad que ocultaba al criminal de guerra nazi Klaus Barbie. Esa empresa, que nunca adquirió un barco, y sólo arrendó naves, habría servido también para establecer numerosas conexiones destinadas al tráfico de cocaína.

En abril de 1969, Barrientos murió al estrellarse el helicóptero en que viajaba y tras una sucesión de gobiernos que intentaban mantenerse en el poder, llegó al Palacio Quemado el coronel Hugo Banzer, un descendiente de alemanes que mantenía estrechos vínculos con oscuros personajes de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay.

El investigador René Bascopé Aspiazú, en su libro La veta blanca: coca y cocaína en Bolivia, afirma que se ha podido reconstruir después de un arduo trabajo el modo como se organizó en Bolivia la industrialización de la cocaína bajo el régimen de Banzer y más tarde de los militares que gobernaron entre 1978 y 1981.

Bascopé afirma que hubo planificación y cinco instancias de organización con sus respectivas comisiones para la ejecución de ese proyecto desde los últimos dos meses de 1975 y los primeros de 1976.

Esas instancias, según el autor citado, fueron las siguientes:

1.- Observación y planificación para estimar el alcance de la producción de la hoja de coca en el país y para proponer o si no presionar a los productores tradicionales a incorporarse a la organización.

2.- Organización de la infraestructura para poner en práctica las estimaciones de los planificadores, compuesta en su mayoría de hacendados quienes analizaron el problema de las tierras, la instalación de fábricas de pasta base y la puesta e marcha de los laboratorios para conseguir clorhidrato de cocaína.

3.- Organización de la elaboración de drogas donde lo fundamental era la disponibilidad de grandes cantidades de hojas de coca por lo cual se procede a montar el primer eje para la expansión de los cultivos en la provincia de Santa Cruz de La Sierra y el Ministerio del Interior se hace cargo del control de cultivos, tratando de erradicar los que no controlaba.

4.- Comercialización para organizar el contrabando hacia Colombia, Venezuela y Brasil.

5.- Inserción de los dineros captados por los narcos en la economía estatal boliviana, lo que se intentó tras el advenimiento de la dictadura del general Luis García Meza, en 1980, pero que fracasó.

Los bolivianos -agrega Bascopé- intentaron introducir clorhidrato de cocaína al mercado de los Estados Unidos porque querían tener autonomía respecto a las mafias internacionales, pero no tuvieron éxito por su falta de experiencia en el contrabando, debiendo entonces recurrir a los colombianos y establecer una sólida alianza mafiosa que se consolidaría en las décadas siguientes.

Entonces, a fines del siglo XX los productores y traficantes de coca y cocaína, con el apoyo de sus pares colombianos y peruanos, iniciaron su asalto al mercado chilenos.