El 25 de noviembre de 2021 los partidos políticos y el Congreso Nacional sufrieron una dura derrota. El plebiscito realizado para definir si se comenzaba con un proceso constituyente contenía además la pregunta que era clave para la clase política cómodamente afianzada en el parlamento. 

Si bien el resultado del plebiscito donde la opción Apruebo fue un tanto sorprendente –particularmente por lo que arrojaban las encuestas– al alcanzar el 78,28% de los votos, de alguna u otra forma ya existía la certeza de que aquella opción triunfaría. 

No obstante, la segunda pregunta de la papeleta que planteaba ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? obtuvo un aplastante resultado para el Congreso. La opción de la Convención Mixta –que estaría compuesta por miembros activos del Congreso y por convencionales electos democráticamente– obtuvo el 21% de los votos. Por otro lado, el 79% de los votantes prefirió que la Convención estuviera conformada completamente por representantes electos popularmente, resultado que dejó en evidencia el creciente rechazo y descontento que existe con la clase política y la institucionalidad legislativa.

Y dos años después, a poco menos de un mes del plebiscito de salida que definirá si la propuesta de Nueva Constitución redactada por 154 convencionales electos democráticamente es aprobada o rechazada, los partidos políticos anunciaron la llegada a un acuerdo para reformar el texto en caso de que gane la opción Apruebo.

La invitación realizada por el presidente Gabriel Boric a los partidos a llegar a un acuerdo de Aprobar para Mejorar entusiasmó a las bancadas más conservadoras y tradicionales del espectro político, mientras que colectividades como el Partido Comunista se mostraron críticos a la idea de pactar una reforma previo a que la voluntad de los 15 millones de ciudadanos habilitados para sufragar el próximo 4 de septiembre definan el futuro de la Constitución política que regirá al país durante los próximos años.

A poco menos de un mes del plebiscito de salida que definirá si la propuesta de Nueva Constitución redactada por 154 convencionales electos democráticamente es aprobada o rechazada, los partidos políticos anunciaron la llegada a un acuerdo para reformar el texto en caso de que gane la opción Apruebo.

Con el paso de los días, las negociaciones entre los dirigentes de los partidos fueron arrojando luces sobre las materias que abordaría dicho acuerdo. Se anunció entonces que algunos de los puntos que se estaban discutiendo tenían relación con la Plurinacionalidad, los Sistemas de Justicia, la eliminación del Senado, entre otras cosas.

Este jueves por la mañana, finalmente salió humo blanco y se liberó un documento titulado Unidos y Unidas para Aprobar una Nueva Constitución, suscrito por 10 presidentes de los partidos de la ex Concertación (algunos de ellos reunidos bajo el nombre de Socialismo Democrático), del Frente Amplio y de Chile Digno (PC y FRVS).

El acuerdo al cual se llegó sin la participación de los movimientos sociales, independientes y pueblos indígenas señala que valorando la propuesta de nueva Constitución, el acuerdo busca aclarar “ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”. 

El texto no aborda ni la reposición del Senado ni la ampliación de atribuciones para la Cámaras de las Regiones, como se había insinuado en un comienzo, pero sí plantea la posibilidad de quitar la atribución de presentar mociones parlamentarias que supongan gasto fiscal. También sugieren establecer en la Constitución el Estado de Emergencia “por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil”.

Estrategia: Una decisión adelantada

Si bien el acuerdo se anunció este jueves, lo visto esta semana es el resultado de negociaciones previas que se remontan a 2019 y a la reforma constitucional promulgada ese 24 de diciembre que le dio paso institucional a la creación de una Convención. 

Posterior al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre de 2019 –por los mismos partidos que llegaron al preacuerdo este jueves, con excepción del PC–, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución para crear un mecanismo de reemplazo del texto constitucional mediante la creación de una Convención Constitucional o Mixta.

Con esto se establecieron las reglas, atribuciones y limitaciones con las cuales tendría que funcionar la Convención. De esta forma, el artículo 138 del actual texto constitucional sobre las normas transitorias indica que “la Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”. 

El artículo 138 del actual texto constitucional sobre las normas transitorias indica que “la Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”. 

En las experiencias internacionales de otros procesos constituyentes, uno de los resultados más inmediatos posterior a la aprobación de una nueva Constitución mediante plebiscito, es la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Esto principalmente porque los nuevos textos no son meras reformas a la Carta Magna previa, sino que proponen un cambio institucional y político importante, por lo que la institucionalidad vigente hasta ese entonces debe atenerse al mandato popular y al nuevo orden constitucional.

A mediados de septiembre de 2021, el entonces vicepresidente de la Convención Jaime Bassa (FA), indicó en Tolerancia Cero que “lo razonable sería que la propia Constitución contemple adelantar las elecciones o establecer un período para renovar todos los cargos de representación popular, no sé, un año después de aprobada".

Las declaraciones de Bassa no fueron bien recibidas por el gobierno de Piñera y el entonces ministro de Segpres, Juan José Ossa respondió que “aquí hay que ser muy categóricos en que hay límites que están expresamente establecidos en la reforma constitucional que dio pie e hizo nacer a esta Convención”. Y agregó que “nos parece que categóricamente no pueden ser modificadas las reglas, límites y los deslindes que tiene la Convención Constitucional”.

Y meses después, con gobierno, Congreso y Senado nuevo, cuando la Convención ya se encontraba en la etapa de elaborar las normas transitorias, ninguna de las propuestas sometidas a votación proponían llamar a elecciones anticipadas ni presidenciales ni parlamentarias. 

Y meses después, con gobierno, Congreso y Senado nuevo, cuando la Convención ya se encontraba en la etapa de elaborar las normas transitorias, ninguna de las propuestas sometidas a votación proponían llamar a elecciones anticipadas ni presidenciales ni parlamentarias. 

La Comisión de Sistema Político presentó a la Comisión de Normas Transitorias una propuesta que señalaba que “los capítulos, artículos y referencias al Poder Legislativo entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026” y “los capítulos, artículos y referencias al Presidente de la República entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026”.

Luego, la Comisión de Normas Transitorias trabajó en aquella propuesta y la modificó mediante el ingreso de indicaciones que fueron votadas por el espacio y luego presentadas al Pleno. De esta forma, el 14 de junio el Pleno aprobó con 124 votos a favor, 10 en contra y 28 abstenciones, el artículo decimotercero transitorio que luego fue armonizado y que está incluído en el texto de nueva Constitución. Este establece que:

“El período presidencial iniciado en marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026, día en que iniciará el próximo período presidencial. Dicha elección se realizará en noviembre de 2025, según lo contemplado en el artículo 281 de esta Constitución.

La legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026. Las y los actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que se realizará en noviembre de 2025, donde serán elegidas las diputadas y diputados y representantes regionales que ejercerán sus funciones desde el 11 de marzo de 2026”.