Alto Maipo
La hidroeléctrica reconoció ordenar informes de ciberinteligencia que aseguran haber infiltrado grupos de WhatsApp de opositores, además de entregar datos personales de ellos; hechos revelados por Interferencia. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección de los afectados al estimar que estos datos podían extraerse de fuentes abiertas.
Luego de conocerse que la hidroeléctrica vigilaba a los ambientalistas que se oponían al proyecto e intervenía sus chats, estos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que acusan que la empresa vulneró sus derechos constitucionales, relacionados con la integridad física y psíquica, la protección y respeto de la vida privada, y la protección de los datos personales, entre otras disposiciones legales.
La hidroeléctrica reconoció haber pagado para espiar a grupos ambientalistas y trabajadores, como reveló este medio ayer. No obstante, la clase política ha hecho oídos sordos, con la excepción de los diputados Marisela Santibáñez (PC) y Félix González (PEV).
La Red Metropolitana No Alto Maipo y la ex concejala de San José de Maipo, Maite Birke, presentaron dos recursos de casación contra el fallo que absolvió a la hidroeléctrica de tres reclamaciones interpuestas el 2018. Recientemente, el proyecto se declaró en quiebra producto de reducciones en el precio de la energía y la disminución significativa de la hidrología en los últimos 10 años.
Además, los convencionales destacan la importancia de que la nueva Constitución garantice la seguridad de las y los defensores de las tierras, el agua y la naturaleza. La ONG internacional Frontline Defenders, enfocada en derechos humanos., también expresó preocupación por los hechos.
La negativa a participar se da a cuatro días de que INTERFERENCIA revelara la contratación de servicios 'ciberinteligencia' para infiltrar chats de ambientalistas por parte de la hidroeléctrica. “Esto uno lo ve en las películas no más”, comentó sorprendido ante los hechos.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Coordinadora de Territorios por la Defensa de Glaciares y No Alto Maipo –entre otros– se mostraron alarmados ante la información develada ayer por INTERFERENCIA. Desde AES Andes, controladora del proyecto, el silencio es total.
En informes elaborados entre febrero y junio de 2020 para la controladora del proyecto, AES Andes, se asegura haber infiltrado chats de ambientalistas –además de entregar información sensible de estos– y se delata a trabajadores de Alto Maipo, llamándolos "Potenciales Terroristas Internos", todo en un contexto post estallido social. Desembolsaron más de $3 millones mensuales por el servicio.
Una cláusula en el contrato estipula que la sanitaria puede cancelar el acuerdo si la central hidroeléctrica no estaba terminada en 2019. A fines del año pasado se prorrogó el contrato a cambio de un pago de US$ 10 millones a Aguas Andinas, pero éste vence en las próximas semanas.
En un informe de 2008, Aguas Andinas cuestionó el proyecto Alto Maipo por su impacto sobre el servicio de agua para los más de 7 millones de usuarios en la Región metropolitana. Pese a ello, tres años después, la sanitaria firmó un contrato con la controladora del proyecto hidroeléctrico.
INTERFERENCIA dio a conocer hace unas semanas una denuncia interpuesta en la Inspección del Trabajo que asegura la presencia de un centenar de brasileños trabajando sin permiso laboral para la empresa Voith Hydro S.A. en Alto Maipo. La entidad fiscalizadora subió a las faenas de la empresa el lunes pasado, iniciando un proceso de inspección que gatilló la renuncia del jefe de obra de la empresa, el venezolano Juan Carlos Conde Villasana.
