“Si se excusa por tercera vez, lo vamos a tener que citar bajo apercibimiento”. Esa era la idea que rondaba en la Comisión de control de inteligencia del Estado hace una semana, cuando por segunda vez el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó, justificaba su inasistencia tras oficio de los diputados.

Finalmente, Marcó se presentó para exponer en comisión este lunes 10 de julio a las 3 de la tarde. Entre los tópicos de la presentación, el director de la ANI abordó el reciente ciberataque contra el Ejército, ocasión en la que hackers de la organización Rhysida sustrajeron documentación secreta de la institución para subastarla en la dark web. De ella, los hackers publicaron un 30% de los datos -al rededor de 268 mil archivos- para descarga pública.

Para abordar estos tópicos, la sesión fue declarada secreta, por lo que en el acta no figuran las explicaciones de Marcó para el caso.

Tal como develó Interferencia, se trata de archivos que afectan a la seguridad nacional, toda vez que dan cuenta de información secreta sobre la protección de fronteras, el despliegue durante el estado de excepción en Wallmapu, la respuesta ante un nuevo estallido social, entre otros datos reservados del Ejército (revise la cobertura completa aquí).

Para abordar estos tópicos, la sesión fue declarada secreta, por lo que en el acta no figuran las explicaciones de Marcó para el caso (lea el acta aquí). De todas formas, los parlamentarios de la comisión habían manifestado preocupación por conocer los detalles, ya que se trata del segundo hackeo que afecta al Estado en menos de ocho meses. Esto considerando la publicación de correos del Estado Mayor Conjunto -que agrupa a todas las Fuerzas Armadas-, en septiembre de 2022.

“Considerando que previamente el Estado Mayor Conjunto también había sido víctima de un ciberataque en septiembre del 2022, le expresamos nuestra preocupación por los mecanismos de protección de información que hemos adoptado como Estado”, comentaron desde la Comisión de Inteligencia. 

Por otra parte, Marcó también debió dar cuenta de la filtración de datos desde el interior de ANI a través del sitio web del Poder Judicial. Esto tras un juicio laboral que ex trabajadoras levantaron contra la agencia y que no fue declarado secreto. 

En la misma línea, actuaron las diputadas Alejandra Placencia (PC), Carmen Hertz (PC) y Tomás Hirsh (AH), quienes oficiaron el pasado viernes 7 de julio a la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), para “conocer las medidas administrativas y disciplinarias que se han adoptado para investigar y resolver los problemas e incidentes señalados, los que denotan dudas sobre el cumplimiento de estándares y medidas de seguridad digital del Ejército y del Estado Mayor Conjunto”.

Por otra parte, Marcó también debió dar cuenta de la filtración de datos desde el interior de ANI a través del sitio web del Poder Judicial. Esto tras un juicio laboral que ex trabajadoras levantaron contra la agencia y que no fue declarado secreto. 

Tras la presentación, la comisión acordó solicitar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) calificar la causa como secreta, tomando en cuenta los criterios de publicidad de sentencias y carpetas electrónicas de la Corte Suprema.

Así también, el director de la ANI dio cuenta de los “atentados en la Región de Valparaíso y su eventual relación con atentados en el sur del país”, eventos acaecidos hace un mes, cuando se atacaron torres de alta tensión con explosivos químicos y dinamita.