La noche del 28 de febrero de este año -a escasos días del cambio de mando en La Moneda- el Estadio Nacional, recinto deportivo ubicado en Ñuñoa, sería objeto de un hecho insólito: tres tractores y una betonera salieron por la puerta del estadio en grandes camiones que iban acompañados de camionetas de aspecto ostentoso. 

Habían pasado pocos días desde que se había hecho pública la denuncia del robo de los tractores, y nuevamente un camión consiguió burlar la seguridad del recinto, entrando en el estadio para dejar los tractores como si nunca hubiera pasado nada.

Un robo inaudito, por el tamaño del botín, que tuvo en vilo a los funcionarios del estadio y al mundo del deporte durante varios días, pero que tuvo su corolario con otro hecho acaso más insólito aún: el sábado 12 de marzo -un día después de que Gabriel Boric recibiera la banda presidencial- los tractores volvieron a aparecer en el Estadio Nacional.

Habían pasado pocos días desde que se había hecho pública la denuncia del robo de los tractores, y nuevamente un camión consiguió burlar la seguridad del recinto, entrando en el estadio para dejar los tractores como si nunca hubiera pasado nada.

Robo “con devuelta”

“¿Alguien se atreve a explicar esto?: Cómo es que luego de contratar irregularmente a empresa de seguridad x cifra estratosférica, se desaparecen, sin que nadie lo note, 3 tractores de jardín del Estadio Nacional? ¿Esta es la gran gestión de @ceciperez1, @andoterok y Sofía Rengifo? [Sic]”, publicó en su cuenta de twitter el 10 de marzo la Asociación Nacional de Funcionarios de Chile Deportes (Anfuchid), la cual agrupa a trabajadores del Instituto Nacional del Deporte (IND). 

Con esta publicación, la Anfuchid denunciaba públicamente la espectacular sustracción desde el estadio. apuntando principalmente a la gestión de quienes eran hasta entonces las autoridades de la cartera de deportes: Cecilia Pérez, ex ministra del Deporte; Andrés Otero, ex subsecretario del Deporte; y también la que hasta entonces fuera directora del IND, Sofía Rengifo, la cual salió del cargo luego de que el nuevo gobierno le pidiera la renuncia. 

Esta asociación de funcionarios pone foco en la empresa de seguridad que estaba contratada para resguardar los perímetros del Estadio Nacional, contratada por el IND, JCA Security, la que ya había estado en el centro de la polémica. 

Tal como informó nuestro medio en una publicación anterior, JCA Security es una empresa que comenzó a prestar servicios para el IND -dirigido entonces por Sofía Rengifo- encargándose de la seguridad del estadio desde principios de 2020. En esa ocasión, el IND contrató a esa empresa por trato directo y saltándose el proceso licitatorio que correspondía a un trato de esa envergadura.

Dicha situación fue percatada por la Contraloría General de la República, la que emitió un informe de auditoría en el que señalan que “el IND omitió el proceso de licitación pública al acordar con la empresa JCA SECURITY LTDA. la prestación de los servicios de vigilancia y resguardo de dependencias del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos -desde el 24 de enero de 2020 al 23 de marzo de ese año, y luego, desde a abril a diciembre de igual año-, por un total de $234.500.051”.

La llegada de una empresa de seguridad de estas características además coincidía con la llegada de Cecilia Pérez al estadio, ya que desde abril de 2021, dejó de asistir a su oficina en el Ministerio del Deporte.

La contratación levantó suspicacias, ya que la empresa resguardaba el recinto con un estilo autoritario, que incluso llegó a tener problemas con representantes sindicales de los trabajadores del IND; además de que se trata de una empresa que ha prestado servicios en numerosas ocasiones en el municipio de Puente Alto, donde también había trabajado quien se desempeñaba como jefe de gabinete de Cecilia Pérez, René Borgna.

La llegada de una empresa de seguridad de estas características además coincidía con la llegada de Cecilia Pérez al estadio, ya que desde abril de 2021, dejó de asistir a su oficina en el Ministerio del Deporte para comenzar a trabajar a tiempo completo en oficinas del Estadio Nacional. 

Pese a todo esto, el IND le renovó contrato a la empresa recientemente por 644 millones de pesos, para que siguiera resguardando los perímetros del coloso ñuñoíno con una mano de hierro que en todo caso no se notó la noche del 28 de febrero en que sustrajeron los tractores. Tampoco la noche del 12 de marzo, cuando volvieron a entrar con ellos, burlando por segunda vez la seguridad del recinto. (Para ver más detalles lea el artículo Instituto Nacional del Deporte contrató por $644 millones a empresa de seguridad cuestionada por Contraloría por saltarse licitación).

La noche de la devolución

A pocos minutos de que diera la medianoche del sábado 12 de marzo. Jorge Vegas Velasco, guardia de seguridad de la empresa contratada por el Instituto Nacional del Deporte (IND) para la seguridad del estadio, conducía su cuadrimoto por el sector del velódromo como tantas otras noches de vigilancia. 

A las 23:43 horas divisó a lo lejos un buen número de luces entrando en el Estadio por uno de los accesos. Según la declaración de Vegas contenida en un informe de la empresa de seguridad, decidió no acercarse por motivos de seguridad, ante lo cual decidió esperar a distancia, lo cual le permitía grabar lo que ocurría con su celular.

Tal como señala el informe citado, "al momento de acercarse [el guardia]. las personas que se encontraban descargando los vehículos, se molestaron y comenzaron a fotografiar y a grabar al encargado de seguridad Jorge Vegas, acto seguido se retiraron por donde mismo ingresaron".

Luego de esto el guardia de seguridad "aprovechó de acercarse para poder tener más detalle del tipo de vehículos que eran; percatándose que eran los mismos tractores sustraídos el día 28 febrero del 2022", lo cual fue comprobado revisando número de motor y chasis.

Sin embargo, otra situación llamativa ocurrió esa misma noche minutos antes de que ingresara el camión para regresar los camiones.

A las 22.:58 horas el guardia encargado de cámaras, Edison Castillo Sáez, recibió un mensaje de Whatsapp de parte de Felipe Soto, quien se desempeñara como Coordinador de Recinto y encargado de seguridad en el Estadio Nacional dependiente del IND:

Soto solicitó al encargado que moviera las cámaras de la torre 2 y la torre 3 "redirigiéndolas a portería de Avda. Pedro de Valdivia y Avda. Marathón, quedando esto en 'modocapture', dejando constancia en el Libro de Novedades de CCTV", como señala el informe de JCA Security. De esta forma se levantaron numerosas suspicacias considerando que el camión con los tractores habría entrado por el sector que estas cámaras enfocaban hasta antes de redirigirlas. (Para ver más detalles revise el informe al final del artículo en archivos adjuntos).

“Llama poderosamente la atención de con qué motivo lo hicieron. Porque dos de los tres tractores estaban dados de baja así que para venta no creo que sirvan”, agregó Felipe Soto.

Nuestro medio se contactó con Felipe Soto, el cual señaló que “ese sector era resguardado por minsal entonces no tenemos por qué custodiar un lugar que ya tiene cámaras y seguridad. Me llamó poderosamente la atención que mantuvieramos las cámaras ahí si estaba la seguridad de Minsal así que ordené moverlas. Además dejé estas órdenes por escrito, si uno quisiera hacer algo malicioso no lo hubiera hecho así. A veces las coincidencias ocurren”.

“Llama poderosamente la atención de con qué motivo lo hicieron. Porque dos de los tres tractores estaban dados de baja así que para venta no creo que sirvan”, agregó Soto, quien además señaló respecto del informe elaborado por JCA Security que “ahí hay una especie de interpretación de que yo pedí mover las cámaras de forma maliciosa, pero repito, si fuera así no hubiera dado esa orden por escrito”.

La presidenta de Anfuchid, Paula Bustamante, señaló que “el robo de los tractores y de las betoneras del Estadio Nacional, y luego su retorno al mismo recinto, justo después que se hace pública la denuncia, es la evidencia más clara de la corrupción que se habría instalado en este recinto bajo la administración de Cecilia Pérez y Sofía Rengifo”.

Bustamante señaló que ellos como asociación fueron los primeros en realizar denuncias de desapariciones de efectos en el interior del Estadio. Es el caso de 735 metros lineales de reja que, tal como informó INTERFERENCIA, tuvieron que ser retirados del Estadio por orden del Consejo de Monumentos Nacionales. Luego de ser retirados simplemente desaparecieron sin que se conozca el paradero de esas rejas compradas con recursos públicos, lo cual fue denunciado e investigado por la Contraloría.

INTERFERENCIA se contactó con el IND, desde donde Israel Castro -Director Nacional subrogante- manifestó que “esta administración no tolerará estos hechos, por lo que ya nombramos un nuevo administrador del Estadio Nacional".

“Desde ahí las denuncias de hechos irregulares, entre ellos algunos que podríamos entenderlos como robo, no han cesado. Los hechos son muy graves, tal cual se lo hicimos saber a las nuevas autoridades, quienes ya han tomados medidas, cambiando la administración, realizando investigaciones y auditorías, y denunciando los hechos al Ministerio Público. Ellos se comprometieron llegar hasta las últimas consecuencias. Esperamos que de este modo, Cecilia Pérez, Sofía Rengifo y los cercanos a ellas que al parecer administraron el Estadio sin apego a la normativa y probidad administrativa, respondan ante la ciudadanía. Este cuestionable actuar no puede quedar impune”, señaló Bustamante a nuestro medio. 

INTERFERENCIA se contactó con el IND, desde donde Israel Castro -Director Nacional subrogante- manifestó que “esta administración no tolerará estos hechos, por lo que ya nombramos un nuevo administrador del Estadio Nacional, quien tiene como uno de sus principales objetivos establecer y levantar toda la información respecto a lo sucedido”.

“Se han cursado sanciones administrativas y se siguen desarrollando sumarios que esperamos establezcan la verdad y las eventuales responsabilidades funcionarias. También se establecieron procesos de auditorías extraordinarias” señaló Castro, quien agregó que a las medidas ya mencionadas, “se han realizado denuncias penales, que están en conocimiento del Ministerio Público”.