A principios de semana se anunció que, debido a la inflación, las autopistas concesionadas subirán sus tarifas para 2023 en dos tramos: un 6,7% en enero, y otro 6,7% en julio. Según los últimos datos, la Autopista Central, la Costanera Norte, las autopistas Vespucio Sur y Vespucio Norte, y también la Ruta 68 y la 78, registraron fuertes ganancias en 2021 luego de un bajón en 2020, superando incluso las cifras de 2019.

La semana pasada el presidente Sebastián Piñera anunció un ambicioso plan de reactivación económica basado en obras de infraestructura. Pero gran parte de los proyectos ya están en marcha hace años o ya habían sido anunciados. ¿Otra venta de humo?

Mientras que el Ministerio de Obras Públicas que dirige Alfredo Moreno, no realizó ninguna exigencia extra por la emergencia sanitaria a las empresas concesionarias, pudiendo hacerlo legalmente, uno de sus inspectores a cargo de fiscalizar estas cárceles dijo que no pueden hacer nada, pues dotar de elementos de protección “no sale en las bases de la licitación”.

Juan José Domínguez -quien llegó a ese cargo en julio de 2017- se ha reunido bajo ley de lobby durante su periodo con representantes de Aguas Nuevas S.A., la empresa que a través de cuatro filiales opera en cinco regiones del país, y cuyo directorio ya lo integraba en esa época el hermano de su padre, Vicente Domínguez Vial.

La Corporación Reguemos Chile, presidida por el empresario agroindustrial Juan Sutil, impulsa el proyecto Carretera Hídrica, iniciativa que pretende construir un gran canal de regadío de cinco tramos para extraer agua desde el Río Queuco, Región del Bío Bío hacia la Región de Atacama. Un mega-proyecto que es cuestionado por diversas comunidades indígenas y expertos ambientalistas.

A Pedro Pablo Errázuriz le toca hablar bastante sobre los proyectos que buscan unir a Santiago con la región costera. Y eso que uno de estos pasaría por el aeropuerto, cuya concesión está en manos de una empresa en la que este militante de Evópoli es miembro del directorio.