Andrés Celis

La Comisión de Constitución de la Cámara rechazó en general la idea de legislar el 5° Retiro, pero falta que pase por el Pleno. En paralelo, el Gobierno ingresó un proyecto que limita el retiro de fondos sólo para ciertos casos, en los que prima la presencia de la banca (letra chica). Diputados acusan improvisación.

La decisión de resolver el tercer retiro en el Tribunal Constitucional -sin ofrecer alternativas viables ni negociar incluso entre aliados- conflictúa a un oficialismo cada vez más dividido y preocupado de que su adhesión a un gobierno impopular termine cobrando en su capacidad electoral y en su opción de tener más de 1/3 de los constituyentes.

El Tribunal Constitucional tiene que responder al requerimiento como máximo 17 días después de declararlo admisible, algo que debiera ser a pocos días antes de los comicios del 15 y 16 de mayo. Tras el anuncio se produjeron diversas manifestaciones populares de protesta.

Este sector había conseguido cerrar la puerta a acuerdos electorales con el Partido Republicano hasta hace pocos meses. Sin embargo, Mario Desbordes, quien lideraba esta sensibilidad en RN, ha sido clave para lograr una alianza electoral entre el partido del líder ultraderechista y Chile Vamos.

El apoyo de parlamentarios oficialistas casi se cuadruplicó respecto de la misma iniciativa en julio, en una señal clara de que el titular de Hacienda y el gobierno han perdido toda influencia, incluso en su propio sector. Con ello Ignacio Briones queda en una posición política que roza la irrelevancia, en medio de críticas por su cada vez más errática gestión.

La Cámara de Diputados aprobó -con votos de Chile Vamos- la idea de legislar sobre el proyecto que plantea un segundo retiro de fondos de pensiones, esta vez incluyendo a más de 600 mil pensionados bajo la modalidad Renta Vitalicia que no habían sido beneficiados en el primer retiro. La moción contó con la férrea oposición del gobierno, el cual anunció que acudiría al Tribunal Constitucional para frenar su implementación.

El ex fiscal militar y asesor de Pinochet dirigió causas judiciales estando encarcelado en dicho recinto penal, lo cual motivó la reacción de parlamentarios de las comisiones de Derechos Humanos como también de Constitución y Justicia, quienes además piden un sumario al Ministerio de Justicia.

Los dirigentes que amenazan con paralizar el transporte son cercanos al oficialismo, pero no cuentan con el apoyo de las dos principales agrupaciones del sector. Ello ha llevado a muchos a sospechar que se podría tratar de una movida del gobierno para avanzar en su propia agenda legislativa.

El nuevo plan de ayuda a clase media que el mandatario anunció ayer para convencer a legisladores oficialistas de rechazar el avance de proyecto de retiro de 10% de las AFP es otra medida desesperada y tardía de un gobierno que no ha querido escuchar las quejas cotidianas de los ciudadanos.

INTERFERENCIA había revelado que fueron 187 millones los que se pagó a Hotel Puerto Mayor para que albergara a pacientes de Covid-19. El recinto pertenece a la familia del subsecretario y vicrepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia y dejó de funcionar por el alto precio de sus habitaciones.

Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.

El diputado Andrés Celis (RN) ofició al Servicio de Impuestos Internos y también al municipio de Viña del Mar para indagar respecto de la tramitación, la aprobación y la puesta en marcha del mall Open Plaza Santa Julia. Celis envió estos documentos el mismo día en que este medio dio a conocer mails de gerentes de Falabella en el que se le involucraba en una serie de gestiones a favor del centro comercial.

INTERFERENCIA accedió a correos de gerentes del retailer que dan a entender que el actual congresista de RN realizó gestiones para apurar la inauguración de Open Plaza Santa Julia, el que no contaba con recepción definitiva. El diputado niega cualquier lobby a favor de Falabella cuando era concejal por esa comuna.