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Martes, 11 de mayo de 2021
Todo o nada

Piñera envía el tercer retiro al TC a riesgo de una acusación constitucional y de un fallo que puede condicionar la elección de constituyentes

Andrés Almeida
Lissette Fossa
Joaquín Riffo
Camilo Solís
Francisco Velásquez

El Tribunal Constitucional tiene que responder al requerimiento como máximo 17 días después de declararlo admisible, algo que debiera ser a pocos días antes de los comicios del 15 y 16 de mayo. Tras el anuncio se produjeron diversas manifestaciones populares de protesta.

De cara a la inminente decisión del Senado respecto del proyecto de ley que reforma la Constitución para permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP, Sebastián Piñera tomó -nuevamente-una acción temeraria.

Para impedir que finalmente se apruebe el tercer retiro -en el cual las AFP arriesgan una descapitalización de hasta 18,8 mil millones de dólares, según la Superintendencia de Pensiones, si es que 9 millones de cotizantes retiran su total máximo- el Presidente elevó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC), solicitando que declare inconstitucional esta reforma. 

El escrito es de 142 páginas, pero la mayor parte de su contenido corresponde a los mismo argumentos esgrimidos para el segundo retiro, en diciembre de 2020, con los cuales ganó en el TC, con el voto definitorio de su presidenta, María Luisa Brahm, quien ha sido colaboradora cercana de Piñera, a quien ella debe -además- su nominación como ministra de dicho órgano colegiado en 2013. 

Piñera puede esperar un resultado similar de 5 a 5, con voto favorable de desempate de Brahm, aunque con mayores objeciones sobre ella, a quien le pesa una acusación de abuso laboral que ha convulsionado la gobernanza interna del Tribunal y su anterior cargo como jefa de asesores de Piñera en su primer gobierno.

Pero, ese no es el punto, pues el hecho político de ayer corresponde a la puesta en marcha de la relojería de una bomba cuya cuenta regresiva puede hacer que explote a días de la elección de constituyentes; 15 y 16 de mayo. Una vez declarado admisible el requerimiento, el TC tiene 17 días para fallar. Algo que podría ocurrir a partir del 7 de mayo, si es declarada admisible mañana.

En Chile Vamos hay tensión, pues sienten que Piñera dejó la bomba en sus manos, y que puede condicionar la elección de sus candidatos, pues, después de todo, la negativa a entregar recursos a los ciudadanos, a propósito de esta Constitución de la que han sido defensores, los indispone frente a los electores. Incluso entre los de su propio sector. Según una encuesta de Ipsos de principios de abril, un 76% de los chilenos está de acuerdo con el tercer retiro.

Para un candidato a constituyente del sector, quien pidió la reserva de su nombre, la acción de Piñera es inexplicable, a menos que tenga un plan para desactivar la bomba el jueves 22 de abril, el día en que podría empezar a votarse en el Senado el tercer retiro, con una propuesta alternativa lo suficientemente atractiva desde la perspectiva de los montos involucrados, y la universalidad de los beneficiarios.

Piñera algo así hizo para el segundo retiro, cuando reemplazó la propuesta de la oposición por una suya muy similar, mientras que hacía que el TC declarase inconstitucional el proyecto original. Solo que esta vez el cambiazo no sería un copy/paste, sino que habría otra alternativa.

El problema es que lo único que -en teoría- podría cumplir con los principios de mantener volúmenes de recurso similares y accesibilidad universal, es la propuesta de Joaquín Lavín (precandidato presidencial UDI) de echar mano al Seguro de Cesantía, y ofrecer a los asegurados retiros que van entre  $400.000 y $1 millón de pesos. 

El gobierno se abrió a la propuesta la semana pasada, y el 23 de marzo pasado, Mario Desbordes anunció su respaldo y se comprometió a trabajar con Lavín en propuestas para aliviar la crisis económica por la que atraviesa la ciudadanía.

Más allá de esas declaraciones, no se ha producido un hecho político que respalde la propuesta de Lavín, pues en la Cámara la propuesta del tercer retiro pasó como flecha, y muchos en Renovación Nacional (RN) consideran que el plan de Lavín debe ser complementario al tercer retiro, no en vez.

Tampoco la propuesta parece lograr tracción entre la ciudadanía, que desconfía de la ‘letra chica’ de las alternativas al tercer retiro y que cada vez siente mayor desafección respecto de las AFP como institución y en su capacidad de entregar buenas pensiones.

El proyecto de ley ya fue aprobado en general en la Comisión de Constitución del Senado y debe pasar a discusión en sala. Según fuentes en el Congreso, es probable que el proyecto sea aprobado con el quórum requerido de dos tercios de los votos. Luego, debiese ser debatido y votado en la Cámara nuevamente, respecto a los artículos en particular, que han generado más debate.

Entre el quiebre de Chile Vamos y la acusación constitucional contra Piñera

Otros en el sector de la derecha temen que, en caso de que Piñera no retire el requerimiento en el TC y no aceptando una eventual derrota en el Senado, el presidente termine quebrando el oficialismo entre quienes están a favor y en contra del tercer retiro.

La mayoría de los diputados de Renovación Nacional votó en favor del tercer retiro, el proyecto en general. Uno de ellos fue el diputado Andrés Celis, quien afirmó a INTERFERENCIA que considera que la maniobra del gobierno de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional es “un tremendo error”.

“El tema de la constitucionalidad es bastante discutible, además pienso que la presidenta del Tribunal Constitucional debiera inhabilitarse ya que fue jefa de asesores del gobierno anterior de Piñera”, afirma Celis.

“En vez de buscar una solución, esto provoca destrucción, además me preocupa por el malestar social que esto sin duda produce”, agrega.

Celis cree que el proyecto se va a aprobar en el Senado, incluso con el quórum de dos tercios. "Ya hay esos dos tercios en la Cámara y es muy probable que estén también en el Senado”, cree Celis.

En la UDI reina más bien la expectación respecto de la posible propuesta alternativa del gobierno, y que esta considere los planteamientos de Lavín, lo que se consideraría un logro, si es que permite alinear al oficialismo y contener la indignación ciudadana.

Mientras, el candidato por Evópoli Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda de este gobierno, ha estado fuera del debate. Al menos no publicó nada en sus redes sociales respecto a la decisión del gobierno de detener el tercer retiro de las AFP en el Tribunal Constitucional. Se sabe que durante su rol como ministro se opuso a la medida, y fracasó en su intento de detenerla, entregando alternativas de apoyos sociales que fueron considerados como insuficientes. Briones está fuera del debate, en parte también porque fue director suplente de una AFP en 2016.

En la oposición la principal discusión es acerca de una posible nueva acusación constitucional contra Sebastián Piñera.

La idea la han promovido desde diputados democratacristianos, como Gabriel Silber, hasta la bancada del Frente Amplio, pasando por el candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz. Pero, también en el sector han surgido voces distantes de esta alternativa, como los diputados Marcelo Shilling (PS) y Daniel Verdessi (DC), quienes la rechazaron, consultados como jefes de bancada.

El Partido Socialista (PS), por su parte, emitió un comunicado solicitando a su bancada estudiar dicha acusación constitucional.

Sería la segunda que enfrenta Piñera, considerando la de diciembre de 2019, por la crisis de violaciones a los derechos humanos ocurrida bajo su mandato, la que de todos modos no pasó la llamada "cuestión previa", con lo que ni siquiera se revisaron los antecedentes en Sala.

En caso de prosperar, esta sería la tercera acusación constitucional contra un presidente, siendo la primera contra Carlos Ibáñez en 1956, la cual fue deshechada por la Cámara de Diputados.     

Candidatos opositores prudentes ante acusación constitucional

El único candidato presidencial que se mostró favorable a una acusación constitucional fue Heraldo Muñoz. El resto, rechazó la medida, pero evitaron pronunciarse sobre la medida de respuesta por el envío al TC del tercer retiro.

“Indigna la persistencia de este gobierno de ponerse en contra del pueblo de Chile en cada debate importante”, publicó en su Twitter el diputado y actual candidato del Frente Amplio a la presidencia, Gabriel Boric (Convergencia Social).

Por su parte, la candidata del PS, Paula Narváez, escribió en su cuenta de Twitter: “En un acto de total desconsideración con la gente @sebastianpinera  se pone del lado equivocado de la historia, infringiéndole un daño más al pueblo chileno. Un gobierno que dice defender la Constitución cuando se  perjudica a la ciudadanía y de olvidarla [sic] cuando las FFAA deliberan”.

Mientras que la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista), autora del proyecto de ley del tercer retiro y quien lidera las preferencias presidenciales hasta el momento, incentivó en su cuenta de Twitter al cacerolazo que se produjo durante la noche de este miércoles y compartió imágenes de la manifestación en distintos puntos del país.

“Quedará en la historia como un presidente sin liderazgo, cuya fortuna creció en pandemia mientras el pueblo se empobrece”, publicó en su Twitter Heraldo Muñoz, candidato del PPD, sobre el presidente Piñera.

Tal como se mencionó, nas horas antes, Muñoz había advertido que el PPD apoyaría una acusación Constitucional en la Cámara, si el gobierno usaba la carta del Tribunal Constitucional para detener el proyecto.

“Inmensa mayoría sin ayuda, inmensa mayoría que no se beneficia con parche tras parche a las ayudas, una inmensa mayoría que ve como Gobierno le da la espalda y lleva al TC #TercerRetiro10ciento”, publicó en redes sociales la candidata presidencial por la DC, Ximena Rincón.

Daniel Jadue (Partido Comunista), no se refirió al tema en sus redes sociales.

Quien sí se refirió a la posible acusación constitucional fue Sebastián Sichel, quien habiendo militado en la DC, hoy aspira a ser el abanderado presidencial de Chile Vamos. “Creer en la democracia es entender que los gobiernos son gobierno porque ganan la elección, y la oposición debate y expone sus diferencias sin amenazas ni chantajes. Esa es la tragedia: en el Congreso hay algunos que creen estar por sobre la democracia y las instituciones”, publicó en su cuenta de Twitter.
 

Otras reacciones

En tanto, la Unión Portuaria anunció que realizará un paro nacional en apoyo al retiro del 10% de los fondos de AFP, mientras la CUT llamó a reforzar el paro nacional del 30 de abril al que convocaron hace unos días.

“El gran problema del gobierno es que sigue pensando en la lógica micro y macroeconómica tradicional, no en la lógica de la universalización. Por ejemplo, cualquier tipo de ayuda lo piensa así, obvio que el bono de clase media fue recibido por cientos de personas, pero en redes sociales no aparece eso, aparecen quienes no lo recibieron, los miles y cientos que no obtuvieron el bono. Esa lógica rindió frutos por muchos años, en muchos gobiernos, pero ya no va a resultar más”, comenta a INTERFERENCIA Darío Quiroga, periodista y analista político.

Quiroga cree que tras esta decisión del gobierno, se va a observar cada vez una distancia de los candidatos presidenciales de la derecha con el gobierno de Piñera, “porque sí tienen claro que de verdad que las elecciones en un mes más los puede hundir”.

A esto se suma que la oposición, dice Quiroga, se va a ver presionada a avanzar con la acusación constitucional, más allá de que no obtenga la mayoría de los votos en el Congreso. 

La X del Bono Clase Media y la crisis de credibilidad de las ayudas

El argumento que dice que los retiros de las AFP perjudicarán las pensiones futuras no es lo único que ha perdido credibilidad, ante un sistema que de todos modos -con o sin retiros- entregaba insuficientes montos a sus afiliados. 

Tampoco perdieron solamente credibilidad los defensores de las AFP, como el mencionado Ignacio Briones, sino que también personas de oposición de matriz concertacionista, como los ex ministros Rodrigo Valdés y Jorge de Gregorio, quienes han sido directores de fondos financieros que se nutren de las platas de las AFP.

El otro gran perdedor de credibilidad ha sido la política de focalización en la entrega de recursos, la cual en la aplicación de sus filtros dio paso a la idea de que toda ayuda tiene letra chica, que hace arbitraria la decisión respecto de quién merece y quién no las ayudas.

El último episodio fue el sábado pasado 17 pasado, cuando millones de chilenos ingresaron a la plataforma web del Servicio de Impuestos Internos para saber si se convertirían en beneficiarios del Bono Clase Media. 

Según datos del gobierno, solo alrededor de 1,2 millones de personas pudieron retirar el beneficio, con lo cual, #BonoClaseMedia2021Rechazado se hizo trending topic en Twitter debido a la gran cantidad de personas que no recibieron el beneficio, considerándose parte de la clase media. 

Algo que se convirtió en una reedición de la letra chica con la que han venido los beneficios desde el gobierno. 

Las tensiones entre las ayudas económicas focalizadas propuestas por el gobierno que generan frustración y la iniciativa parlamentaria de dejar en manos de los ahorros previsionales de la población una alternativa para paliar los costos de la pandemia tiene antecedentes que datan desde el comienzo de la crisis sanitaria.

En un primer término, en mayo de 2020, el ejecutivo anunció la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos, aún cuando la cantidad de unidades comprometidas todavía era mucho menor a lo prometido (ver artículo Exclusivo: a tres días del anuncio de Piñera, gobierno recién ha ordenado 400 mil cajas de alimentos, menos del 20% de lo prometido).

Semanas después, la entrega de estas mismas resultó caótica, y muchas personas denunciaron la falta de ellas o la entrega errónea de éstas a personas que no las requerían, tal como informó INTERFERENCIA en esa oportunidad.

Por la misma fecha, el gobierno anunció la transferencia de $80.960 millones del Fondo Solidario a municipios para enfrentar la emergencia sanitaria . Pero todo fue resultando insuficiente y decantó en un descontento con las medidas focalizadas que los anuncios del primer y el segundo IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) no pudieron aplacar. 

El fallo que ordenó la entrega de sus fondos previsionales a una profesora jubilada en junio de 2020 avivó la idea de utilizar los ahorros para hacer frente a la crisis que habían provocado las cuarentenas y la disminución en la actividad económica. De esa forma, al mes siguiente el primer retiro del 10% de las AFP ya se hacía realidad, siendo aprobado con una amplia mayoría, que incluyó a varios parlamentarios oficialistas

Otro episodio similar ocurrió cuando el gobierno implementó el Bono Clase Media en agosto de 2020, un beneficio de 500 mil pesos para todos aquellos trabajadores que hubieran visto sus ingresos drásticamente disminuidos durante la pandemia, y que fue anunciado por Pïñera a escasos días de tramitarse el primer retiro de fondos de pensiones en el Congreso. 

La medida del gobierno fue objeto de duras críticas debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) -órgano a través del cual se realizaría el pago- tuvo un colapso en sus sistemas, y reconoció que no tenía la información mensual de cuántos ingresos tenían los trabajadores dependientes, dando la sensación de una medida absolutamente improvisada (Ver artículo Improvisado bono del gobierno: El SII colapsa y admite que no puede comprobar ingresos de trabajadores dependientes)

Ya en 2021, el 22 de marzo, a pocos días de que 13 millones de personas en Chile entraran a una nueva cuarentena, Piñera anunció una inyección de US$ 6 mil millones al Fondo Covid, de manera que sumado a los US$ 12 mil millones con que ese fondo ya contaba, los dineros en ayuda de los chilenos ascenderían a US$18 mil millones de parte del Estado. 

De esta forma, a las dudas que genera la ayuda focalizada debido a la burocracia del gobierno, también se suman dudas sobre su cuantía y eficacia. Según datos publicados por la Superintendencia de Pensiones (SP) a enero de 2021, las AFP ya habían pagado un total de US$33.931 millones sumando los montos que solicitaron chilenos y chilenas entre el primer y el segundo retiro. 

Este monto casi triplica los US$12 mil millones del Fondo Covid durante el año pasado, y supera con creces los US$18 mil que promete Piñera para este año

Ahora bien, a pesar de que el tercer retiro no se ha concretado, ya se han hecho estimaciones sobre los montos que implicaría. La Superintendencia de Pensiones se refirió a esto cuando el diputado Camilo Morán (RN) ofició a ese ente fiscalizador para conocer el impacto que significaría un tercer retiro de fondos de pensiones. En su respuesta, la SP estimó que “asumiendo que todos los afiliados retiran el máximo permitido para cada uno de ellos, la suma de recursos a retirar sería de US$ 18.882 millones, que representan un 9,1% del total de los Fondos de Pensiones al 31 de enero de 2021”. 

Es decir, solo el tercer retiro significaría una inyección más potente a los bolsillos de los chilenos que todo el Fondo Covid gestionado por el gobierno con dineros públicos. Cifras que -después de todo- multiplican X similares a las del frustrante Bono Clase Media del pasado sábado.

Cacerolazos y el requerimiento del TC ante los ojos de Lo Hermida

A las 20:00 hrs comenzaron a sonar las cacerolas en el sector de Universidad Católica en la Alameda. Gladys Roa, golpea un sartén con fuerza, se siente indignada, porque no recibió el bono de clase media y ninguno de los aportes que el gobierno ha entregado para superar la crisis económica que ha traído la pandemia. 

“Una vez más el presidente que tenemos se ha burlado de nosotros. Mandar al Tribunal Constitucional a que rechace el retiro del 10% es una jugada cobarde y una burla para el pueblo que no tiene qué comer. Hay muchas necesidades y esto va a terminar en otro estallido, porque es como una olla a presión”, afirma la vecina de Santiago Centro. 

Ulises Colque se encuentra sin trabajo, su último empleo fue como contador en una empresa del rubro minero, fue despedido porque las explotaciones cupríferas se detuvieron, y como él, cientos de trabajadores quedaron cesantes. No recibió el bono de clase media y el retiro del tercer 10% se transforma en una posibilidad de liquidez. 

“Este cacerolazo es porque el presidente después de un año y medio desde que comenzó el estallido no ha logrado entender las demandas de la ciudadanía, eso es porque se encuentra en una lejanía tan grande que no le permite comprender cómo viven las personas que él llama clase media. La gente está comiendo con el 10% y poner trabas al trámite para entregar los fondos de pensiones a sus propietarios es una patudez total. El estado no proporciona las condiciones mínimas para que las personas puedan guardar cuarentenas o para remediar la falta de ingresos por la cesantía, entonces no entiendo cómo puede interponerse en el único alivio económico que un gran porcentaje de personas tiene ante esta pandemia”, planteó Colque. 

Desde ayer que en el sector de Lo Hermida, en la rotonda Grecia, se han generado manifestaciones por parte de los vecinos. A las 20:30 hrs de este martes comenzaron a prenderse las primeras barricadas y a reunirse los vecinos. 

Según cuenta Santiago Castillo, “la pandemia ha profundizado las condiciones de hacinamiento en las que viven los vecinos de Lo Hermida, antes solo se experimentaban estas condiciones en la noche cuando todos estaban en la casa, pero ahora el mismo lugar que funciona como living en la mañana, en la tarde es la escuela de los niños y en la noche es dormitorio. Cuando viven ocho personas en una casa todo se complica, aumenta la violencia y hay muy poca tolerancia”. 

“Un tercio de los vecinos de Lo Hermida está sin trabajo, muchos debieron regresar a sus hogares de origen aumentando los allegados, dos tercios tienen afectadas sus jornadas y están recibiendo la mitad de sus sueldos. La gente que tenía plata en la AFP solicitó los dos retiros y muchos quedaron sin fondos. Los de 30 años en adelante en general les queda para el tercer retiro, pero ahora no se los quieren entregar”, explicó el vecino de Lo Hermida 

“Cuando llegan los dineros de las AFP se nota entre los vecinos, pueden comprar mercadería y se reactivan las ferias libres. Hoy la feria no es lo de antes, la gente no tiene para gastar, por lo tanto, está muerto para los vendedores. Este nuevo proceso de cuarentena sepultó a todos los que han estado sin trabajo por más de ocho meses. 

Hace dos semanas se reactivaron las ollas comunes en la población Lo Hermida, una respuesta comunitaria a la falta de apoyo gubernamental para sobrellevar la crisis económica que ha desatado la pandemia de Covid - 19.

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han tantas cosas que ha hecho Piñera, acusenlo bien, hagan bien la pega. Enjoy, caso Volcon, triangulación, palo blanco del choclo, etc. etc, etc.

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