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Martes, 27 de octubre de 2020
Además piden sumario

Diputados oficiarán a ministro Larraín y a Gendarmería por correos enviados por Torres Silva desde Punta Peuco

Maximiliano Alarcón G.

El ex fiscal militar y asesor de Pinochet dirigió causas judiciales estando encarcelado en dicho recinto penal, lo cual motivó la reacción de parlamentarios de las comisiones de Derechos Humanos como también de Constitución y Justicia, quienes además piden un sumario al Ministerio de Justicia.

Distintos diputados solicitaron a Gendarmería y al Ministerio de Justicia, encabezado por Hernán Larraín, responder acerca de lo ocurrido al interior del penal Punta Peuco con Fernando Torres Silva, debido a que este ex fiscal militar y asesor de Augusto Pinochet, estuvo manteniendo comunicaciones con el exterior estando encarcelado en dicho recinto.

Ayer jueves INTERFERENCIA reveló que Torres Silva, quien cumple una condena hasta 2025 en aquella cárcel por su rol en el asesinato de Eugenio Berríos, asesoró causas de un familiar entre 2015 y 2019. Esto enviando correos electrónicos de manera frecuente a sus colaboradores en el exterior, entre los que se encontraban otros abogados que fueron sus contemporáneos en el Ejército.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado (PS); como también la congresista de esta misma instancia, Carmen Hertz (PC); y el diputado de la Comisión de Constitución y Justicia, Leonardo Soto (PS), anunciaron que solicitarán explicaciones al Ministerio de Justicia, encabezado por Hernán Larraín (UDI), como también a Gendarmería, dirigida por Christian Alveal.

“Se debe investigar a través de un sumario lo que ocurre en el penal Punta Peuco ¿Por qué este interno tiene acceso a internet y correo electrónico? Es probable que pueda seguir ejerciendo su profesión desde el penal. Es importante desde la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, citar al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, y al director nacional de Gendarmería, para que puedan informar si Fernando Torres Silva, quien está privado de libertad, sigue ejerciendo como abogado desde la cárcel de Punta Peuco con los privilegios que no tiene absolutamente nadie que se encuentre privado de libertad en el resto del país”, dijo Nuyado.

En la misma línea fue Carmen Hertz, quien oficiará a Gendarmería y al Ministerio de Justicia.

“Es un escándalo de proporciones que el criminal Fernando Torres Silva esté fungiendo como abogado asesor desde Punta Peuco. Me pregunto ¿El Ejército no sabe nada de esto? ¿Gendarmería de Chile no sabe que los reos de Punta Peuco pueden tener dispositivos a su entera disposición y además asesorar estudios de abogados? Esto es un escándalo más a los que involucran a quienes están en Punta Peuco”, indicó la diputada comunista.

Por su parte, Leonardo Soto, afirmó que también solicitará distintos detalles a Gendarmería y al ministerio encabezado por Larraín sobre esta situación, 

“Esto no es nuevo, han existido en el pasado otros hallazgos similares, de celulares de última generación, computadores e incluso dispositivos de acceso a internet al interior de Punta Peuco. En una cárcel no deberían existir este tipo de privilegios para sus condenados, es urgente que Gendarmería aclare por qué se están utilizando estos dispositivos electrónicos que distan mucho de ser necesidades de los reclusos, parecen más agasajar a los criminales convirtiendo un recinto criminal en un hotel. Esto ha permitido que un condenado, el ex fiscal Torres, acérrimo colaborador de Pinochet, siga ejerciendo a través de estos aparatos desde la cárcel, expresó el parlamentario.

Desde la derecha el diputado que también integra la Comisión de Derechos Humanos, Andrés Celis (RN), también manifestó a nuestro medio su preocupación por el caso, aunque fue algo más cauteloso.

“Desconozco los alcances de la condena [de Torres Silva], por lo que es difícil sostener una opinión certera sobre la eventual ilegalidad de su actuación. Ahora bien, resulta a lo menos llamativo que una persona privada de libertad por delitos graves, tenga la posibilidad de tener contacto con el exterior a través de diversas vías, en circunstancias que el mayor porcentaje de los privados de libertad en nuestro país carecen de dicha facultad. En este caso es posible advertir una transgresión al principio de igualdad”, dijo Celis.

INTERFERENCIA contactó al Ministerio de Justicia para conocer la reacción del ministro Larraín, pero desde la cartera señalaron que contestarían a través de Gendarmería. Al cierre de esta edición, desde dicho organismo aún no existía respuesta.

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