El sector empresarial celebró una medida que fue promovida por el Gobierno y respaldada por los parlamentarios de derecha. La nueva ley promete bajar los tiempos de espera de aprobación de proyectos hasta en un 70%. Pero grupos ambientalistas y diputados reclamaron contra la regulación, acusando que se favorecen políticas que van contra el medio ambiente mientras evalúan llevar la iniciativa al TC.

La declaración del ex ministro de Sebastián Piñera y amigo de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital del caso, se suma a una ampliación de querella que el SII presentó en contra de Leonarda Villalobos el 14 de noviembre. 

Debido al poco avance que ha logrado la nueva ley de pesca en el Congreso, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que se centra en la repartición de cuotas de pesca. La iniciativa busca destrabar el proceso legislativo aunque ya encuentra detractores: desde el sector pesquero industrial acusan “inequidad e injusticia” por no estar siendo incluidos debidamente en la discusión, aseguran.

Luego de que la Asociación de AFP reconociera su autoría en la minuta sin nombre ni logo que criticó el texto de la mesa técnica, diputados oficialistas oficiaron al Ministerio de Economía para quitar la personalidad jurídica del gremio que reúne a las aseguradoras. 

La discusión de la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputados ya evidencia la influencia de la industria pesquera en la redacción de la norma. Más de 200 de las indicaciones propuestas por tres diputados, coinciden con los argumentos de los grandes conglomerados agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca.

Tras escuchar a los representantes de Defendamos Chiloé, Aysén Reserva de Vida y a la comunidad Pu Wapi, la Comisión decidió oficiar estos ministerios para hacer cumplir la ley en el caso de 457 concesiones salmoneras que deberían caducar, información dada a conocer por Interferencia.

El ente contralor respondió al oficio que buscaba detener la licitación de 400 mil toneladas del recurso minero en siete años prorrogables afirmando que el decreto se ajusta a la norma. Ante este escenario, en el Congreso evalúan acciones legislativas para detener la concesión a 29 años a empresas privadas.