Confiado por su perfil político, el preparador físico firmó un contrato para que Hasbún invirtiera parte de su finiquito en acciones, a través de su empresa ISS SpA. Sin embargo, el ex alcalde dejó de responder. Cuando lo fue a buscar a su oficina, no lo recibió. Ni Hasbún ni su empresa figuran como corredores de bolsa, requisito necesario para intermediar la compra de acciones. Tras querellarse en su contra, el ex diputado devolvió parte del dinero.

Una demanda laboral de la ex gerente contralor contra la matriz de La Tercera reveló que las cuentas de Copesa S.A. no tienen dinero disponible para pagar los $67 millones que le adeuda. El único embargo exitoso obtuvo 15 mil dólares de una cuenta del Banco Itaú. En el juicio laboral no se llegó a conciliación y los abogados demandantes apuntan a que todo el holding de Saieh sea responsable en el pago de las deudas laborales.

El 1°Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra de la matriz de la multitienda, pero no de las otras 12 sociedades relacionadas, donde habría patrimonio para cubrir la deuda laboral pendiente, acusa el abogado que representa a trabajadores y gerentes de Corona. Con la quiebra, se terminan todos los contratos y se ordenó la incautación de los bienes del retailer.

La Superir detectó que la multitienda de los Schupper no reportó que su tercer mayor acreedor es la Tesorería, a la que deben $3.433 millones, y por lo tanto tiene derecho a voto en el proceso de liquidación. La institución ofició para aclarar los errores y dio la oportunidad a realizar una nueva nominación. Matías Berríos Fuchslocher, abogado de los trabajadores, acusa que esta situación “genera un paragua de incertidumbres en torno a la quiebra de Corona”.

Se trata de un video de capital importancia con que el tribunal pudo comprobar “que para la organización, todos los colaboradores eran iguales”. Por estas malas prácticas, la corporación ha tenido que pagar casi $1.000 millones en juicios laborales.

Abogados de acreedores y trabajadores han puesto el ojo en el patrimonio de la familia Schupper, propietaria de Corona, estimado de casi 100 millones de dólares y con el que podrían pagar sus deudas laborales. La acción apunta a levantar el velo corporativo, una estrategia legal que permitiría a los demandantes recuperar su dinero de sociedades asociadas a la familia, sanas económicamente. Tampoco descartan acciones penales por delitos económicos y concursales.