El empresario y dueño de La Tercera interpuso ante el 14 Juzgado Civil de Santiago una demanda en contra del medio electrónico, acusando que un reportaje lo difamó y desprestigió. “Solo hemos cumplido con nuestro deber de informar, con pleno respeto a la verdad”, aseguró en una editorial El Mostrador.

Hace algunos días, causó revuelo la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de declarar inadmisible la querella criminal por el delito de injurias graves, interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de la periodista de La Tercera, Leslie Ayala, y su director, José Luis Santa María. No es el mismo criterio que se ha aplicado en el caso de medios independientes.

El ex Publisher de El Mostrador, que sufrió la agresión en octubre de 2020 en la comuna de Vitacura, no aceptó un juicio abreviado y esta semana comienza el litigio oral en contra de los agresores. La fiscalía pide penas de cárcel efectiva para ambos, que ya cuentan con antecedentes penales.

Los niveles obscenos de concentración de la propiedad de los medios en Chile, en tan pocas manos, –en 2020 el 81% de la lectoría de diarios y casi el 88% de su avisaje correspondía a medios de El Mercurio y Copesa–, no son cuestión baladí. Los medios tradicionales aún marcan la agenda del país y es necesario pensar sobre el poder de éstos de aquí al futuro.

Este influyente miembro del Directorio ideó la estrategia de demandar a sus afiliados con el fin de arrinconar a abogados que litigan en favor de usuarios por alzas de planes. ¿El resultado? El descabezamiento de la administración y un proceso de fusión con Nexus que se complica. La agencia de comunicaciones de Eugenio Tironi ha apoyado la estrategia de la empresa.

Interpretaciones mañosas e incluso mentiras han sido algunas de las tácticas que personeros afines al Rechazo han utilizado para amedrentar el trabajo realizado por la Convención Constitucional. El rearme del conservadurismo chileno, vuelve a encontrar en los medios tradicionales el espacio para su reproducir sus ideas en uno de los momentos más trascendentales de cara al plebiscito del 4 de septiembre. 

La entidad cuenta en total con $350 millones para destinar en estrategias comunicacionales y de difusión del trabajo constituyente. Próximamente, los recursos también serán usados para poner avisaje en medios regionales, locales y comunitarios.

El agresor fue condenado el año pasado a libertad vigilada tras protagonizar un accidente que mató a un joven conductor en La Dehesa. Max Raide, quien podría perder la visión en uno de sus ojos, alentó desde su puesto en ese diario digital la cobertura del fatal choque ocurrido en 2017. El fiscal Manuel Guerra anuncia una investigación de los hechos.

Ya con su banco propio e inversiones en otros rubros, Saieh apostó por la cadena de supermercados Unimarc e intentó crear una red de locales a nivel nacional. Lo que ahora parece un negocio próspero, le resultó dramático en su momento, tanto así que lo tuvo cerca de la quiebra. Estos fueron los años con mayores escándalos en su vida empresarial.