El joven fue atropellado por un vehículo de la Armada en medio del Estallido Social. En Chile los tribunales dejaron en libertad a Leonardo Medina, el marino que manejó el vehículo. Por esto sus familiares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Su hija menor de edad recibirá 60 millones y su pareja otros 40, el resto se dividirá entre sus padres y hermano. El marino que conducía el camión que atropelló a Rebolledo solo fue condenado a firma mensual.

El contraalmirante cayó por defender al marino que asesinó a Manuel Rebolledo en el estallido social. De todos modos, el Gobierno no mencionó la situación de Yordan Llempi, quien fue asesinado cuando Parga dirigía el estado de emergencia en Arauco. Interferencia dio cuenta de ambas situaciones inmediatamente conocida la nominación del ofical. Hablan los familiares de las víctimas.

Jorge Parga, comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, además tiene un hermano que posee acciones –menores al 1%– en una empresa forestal de la familia Matte. Comentan la nominación a Interferencia los familiares de los fallecidos Yordan Llempi y Manuel Rebolledo.

El tribunal de alzada desestimó los recursos presentados tanto por la parte querellante como por la defensa del uniformado, los que respectivamente buscaban un nuevo juicio para conseguir una condena por homicidio y un sobreseimiento, respectivamente. Con esto se confirma la condena de cuasidelito de homicidio, lo que en la práctica dejará a Leonardo Medina Caamaño sin pasar un solo día en la cárcel.

Marcela Ríos se reunió con los padres del joven de 23 años que fue asesinado por la Armada durante los primeros días del estallido social. Estos buscan que los tribunales repitan el juicio en contra del marino Leonardo Medina Caamaño, quien fue dejado en libertad tras ser condenado por cuasidelito de homicidio.

El uniformado fue sentenciado a 540 días de presidio menor en su grado mínimo pero goza de pena sustitutiva. La familia de la víctima anunció que buscarán la anulación del juicio para que se realice uno nuevamente.

Pese a la evidencia visual que muestra el momento en que el uniformado Leonardo Medina Caamaño arrolló al joven de la población Libertad, los jueces rechazaron calificar el delito como homicidio, tal como pedía la familia de la víctima y el Ministerio Público.

El 21 de octubre pasado se cumplieron dos años del día en que el joven de Talcahuano fue arrollado por un vehículo de la Armada conducido por el infante Leonardo Medina Caamaño. Los padres esperan un buen resultado en tribunales, mientras cargan con el cansancio y la tristeza de todavía ver al causante de la muerte de su hijo en libertad.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conversó con los padres de Manuel Rebolledo Navarrete, joven que fue asesinado en Talcahuano en el contexto de las protestas de octubre de 2019, a quienes señaló que el organismo estará presente en la audiencia que se realizará el próximo 25 de octubre. 

El Ministerio Público reformalizó al funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, por el delito de homicidio. Sin embargo, la jueza Humilde Silva Gaete no accedió al cambio de medida cautelar en contra del imputado, por lo que seguirá con firma mensual.

Leonardo Medina Caamaño, el infante de marina que conducía el vehículo de la Armada con que se asesinó al joven de Talcahuano, podría enfrentar un juicio oral y de ser condenado, cumplir al menos 10 años de cárcel efectiva.

El funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, actualmente se encuentra formalizado por cuasidelito de homicidio, con lo que incluso podría terminar condenado tan sólo a 61 días de firma.

La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.

A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.