Durante los últimos meses, diversos episodios han dado cuenta de las distintas presiones y apremios que ha sufrido la prensa para desarrollar su trabajo en Chile. Ministros cuestionando a reconocidos medios internacionales, llamadas desde La Moneda a altos ejecutivos de canales de televisión para quejarse por alguna pauta específica, ataques y detenciones a reporteros y camarógrafos, y el espionaje a periodistas por ejercer su labor de investigación, son algunos de los ejemplos de una larga lista de situaciones que cuestionan las libertades para el ejercicio periodístico en el país.
Así lo ha registrado el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), organización que data de 2016 y cuyo trabajo ha permitido sistematizar y observar estadísticamente la cantidad de ataques que ha sufrido la prensa en los últimos meses.
De esa forma, la entidad ha registrado que desde octubre de 2019 a marzo de 2021, ha habido 295 ataques a la prensa, considerando agresiones y detenciones. En el último trimestre, en el Boletín Nº10 del Observatorio correspondiente a los primeros meses de 2021, se da cuenta que entre enero y marzo se contabilizan 60 casos: 22 detenciones y 38 agresiones (ver informe adjunto). Gracias a este seguimiento, han podido evidenciar algunas situaciones curiosas, como que el mes con mayores detenciones a personal de prensa en el último tiempo fue en mayo del año pasado, en plena pandemia.
Asimismo, la organización informa y deja constancia de otras situaciones que deben vivir reporteros, fotógrafos y camarógrafos, como el avance en la judicialización de sus casos, el hostigamiento y las presiones que sufren por desempeñar su trabajo, y el espionaje a periodistas que investigan algunos temas en específico, tal como denunció Ciper recientemente.
En conversación con INTERFERENCIA, Javier García y Gustavo Alfonsi, en representación del ODC, afirmaron que “nosotros tenemos la hipótesis que esto ya pasaba [antes de octubre de 2019]. Es decir, Chile ya tenía problemas de libertad de expresión muy similares a otros países de la región, a pesar de que en los ranking salía muy bien evaluado.
Por ejemplo, en el último Índice Chapultepec -una herramienta de medición de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre las libertades de prensa y expresión- aparece en el primer lugar. El país gozaba de muy buena prensa a nivel internacional en este aspecto, pero nosotros ya veníamos detectando los mismos problemas que hemos evidenciado ahora. Lo que pasa es que la gravedad aumentó y el estallido social la puso en evidencia”.
García y Alfonsi describieron que la idea del proyecto surge en el seno de la Defensoría Popular, donde ya se venía trabajando el tema de represión a las disidencias, “y nosotros empezamos a trabajar casos de libertad de expresión junto a grupos específicos, principalmente medios independientes. En ese sentido, en un primer término nos enfocamos en la persecución a radios comunitarias que no tenían concesión y les aplicaban el derecho penal, y a partir de ahí fuimos abriendo el foco y nos empezaron a llegar casos de criminalización de reporteros en contexto de cobertura informativa en protestas. En 2018 nos independizamos y desde entonces hemos ido trabajando con gente de la academia y con fundaciones como Datos Protegidos o el Colegio de Periodistas. Somos una organización pequeña pero muy especializada, con un foco de trabajo de forma cooperativa”.
De esa forma, explican, “empezamos a conocer a reporteros freelance, vimos que cada vez había más saliendo a las calles y ahí empezamos a conocer cada vez más el contexto en el que se producían estas agresiones. Nos hablaban de que a partir de 2011, con las marchas estudiantiles, hubo un incremento en los ataques a prensa que tampoco está muy documentado, y que desde entonces era habitual que les dispararan balines, que hubiese detenciones, entonces era como algo recurrente. Si había detenidos, era habitual que siempre entre ellos hubiese algún reportero. Así empezamos a hacer seguimiento, a observar a estos grupos y a generar registros. Con todo esto llega el estallido social en 2019 y desde entonces sistematizamos nuestra cobertura para poder hacer frente a lo que estaba pasando”.
Consultados sobre lo que tuvieron que vivir durante esos meses de octubre y noviembre de 2019, sostienen que “nos obligó a replantear todo. Era una multitud de casos, impresionante, en especial el número de heridos por disparos de armas disuasivas. Lo que nos decían los testimonios, era que muchas de estas agresiones se dieron en contexto donde no había disturbios ocurriendo, el relato mayoritario era que la prensa solía agruparse entre reporteros lejos de los manifestantes y aún así la policía les comenzaba a disparar. Así se evidenció que hubo un ataque directo e intensivo hacia estas personas que era más violento de lo que ya venía siendo.. Las agresiones siguieron siendo similares a partir de ahí, creemos que la razón por la que no siguieron existiendo tantos heridos graves fue porque los mismos reporteros empezaron a protegerse más, con gafas antibalines y máscaras full face”
La alta concentración de información, afirman, derivó en un informe al cual todavía le faltan datos. “Era tanta la información durante las primeras semanas, que lo que nosotros registramos es un subreporte. La cantidad de agresiones a la prensa fueron muchísimas, y muchas de ellas se dejaron de informar por los afectados, porque se habían empezado a normalizar los disparos de perdigones y lacrimógenas. Si no sucedía algo grave, no se reportaba”.
¿Libertad de prensa amenazada?
Ante la consulta de cómo ven la situación nacional en comparación con lo que ocurre en otros lugares, desde el ODC creen que “es difícil comparar entre países, pero uno puede ver tendencias. En el caso de agresiones en marchas, lo ocurrido en Chile se ha parecido a lo que ha ocurrido en Estados Unidos con las protestas tras el asesinato de George Floyd, pero no fueron tan prolongadas en el tiempo. Algo similar ocurrió en Colombia antes de la pandemia, y en Bielorrusia fue aún más grave, porque las detenciones eran más largas. Pero en todas ellas hubo agresiones a la prensa. Quizás la diferencia de lo que ocurre aquí es la prolongación de la crisis, es decir, en otros países también hay protestas, golpean a los reporteros, pero esto dura un par de semanas. Lo que muestran las gráficas es que en nuestro país, desde que comenzó el estallido social en 2019, no han parado las agresiones a la prensa. Y de hecho en época de pandemia, donde apenas había gente movilizada como lo fue en mayo de 2020, es la fecha histórica donde más detenciones a prensa se producen en Chile, posiblemente en los últimos 30 años”.
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Sobre el rol fiscalizador de la prensa en un contexto sanitario como el que se vive actualmente, desde el Observatorio apuntan a que según lo que han podido registrar “siempre hubo ocultamiento de información, siempre ha existido una mirada autoritaria respecto a la libertad de expresión, y con el estallido todo eso se agudiza y se hace mucho más evidente. Junto a ello, la pandemia ha evidenciado las múltiples versiones sobre cifras de muertos o los precios en que se consiguieron algunos insumos como las vacunas. Algo similar ocurrió en el estallido con las cifras de detenidos y querellas presentadas, se ocultaron los detalles de la información respecto de la reunión de Piñera y sus ministros con altos ejecutivos de medios de televisión”.
A juicio del Observatorio del Derecho a la Comunicación, en Chile recién se está poniendo en la discusión pública el tema de la libertad de expresión, pero la evidencia estaba presente desde mucho antes. “Llevamos haciendo informes desde hace más de un año. Desde las primeras semanas generamos esta estadística y nos ha costado mucho que sea tomada en cuenta. Creemos que muchos medios no han querido darle mucha tribuna a este tema, no forma parte de la agenda, porque quizás no quieren abrir esa puerta para que se empiece a hablar de libertad de expresión en Chile. Hace poco porque en La Red se están tocando estos temas se empezó a hablar pero sigue siendo como un tabú”, apuntaron.
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