El periodista Maximiliano Alarcón dio a conocer que Enrique Inostroza, quien asumió como jefe de Gobierno Interior cuando Monsalve arribó a La Moneda, pasó a integrar la Agencia Nacional de Inteligencia en septiembre. Su ingreso se dio previo al escándalo, pero ahora, al conocerse órdenes del ex subsecretario a agentes de Inteligencia de la PDI, su presencia generaría ruido.

El organismo publicó ayer en la red X que la crónica revelada por Interferencia dando cuenta  de filtraciones y posibles afectaciones en los sistemas del reactor de La Reina y potencial riesgo de fuga de material radiológico,  era “completamente falsa”. Sin embargo, este medio revela un informe interno donde sí se habla de riesgos eventuales en “la eléctrica” de la Sala de Control y un segundo edificio ante “un eventual accidente nuclear o radiológico”.

Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.

En mayo, un grupo de hackers robó y subastó información secreta del Ejército. Interferencia accedió al 30% de los archivos que fueron publicados como prueba de la venta, detectando documentos altamente comprometedores para la seguridad nacional. Desde entonces, las instituciones guardaron silencio y se culpó a un cabo. Los datos siguen disponibles en la dark web. Aquí repasamos nuestra cobertura.

Las diputadas Alejandra Placencia (PC), Carmen Hertz (PC) y el diputado Tomás Hirsch (AH), señalan que el oficio busca conocer las medidas administrativas y disciplinarias que se han adoptado para investigar y resolver los problemas tras el ciberataque. Además, indican preocupación pues el director de la ANI, Luis Marcó, se ha excusado de asistir a la Comisión de Inteligencia en dos ocasiones. 

A treinta días del ciberataque al Ejército, aún no hay respuesta de los organismos de seguridad nacional sobre las medidas adoptadas y las explicaciones del caso. La ANI, única citada por la Comisión de Inteligencia del Congreso, se ha excusado de asistir ya en dos ocasiones.

Desde 2020 lleva decenas de casos a nombre de La Florida y contra la concejal PC Marcela Abedrapo. En el Caso Basura fue abogado de Pedro Sabat, junto con Ángel Valencia, mientras trabajaban en Cisternas y cía.

La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados citará a declarar al general Luigi Lopresti, y conforme esas indagatorias se evaluará llamar una Comisión Investigadora. La acción se suma a lo que investigará el Ministerio Público, Carabineros y el Ministerio del Interior. 

La psicóloga que trabajó junto al juez Daniel Calvo en la primera etapa de este bullado caso de pedofilia y prostitución infantil alza la voz para acusar a quienes, según ella, arruinaron su vida sólo porque algunas personas pensaban que sabía más de lo que en realidad sabía, todo por haber tenido contacto con los menores denunciantes de la red pederasta.

Este ex oficial, acusado de cometer abusos y operaciones de escuchas ilegales a autoridades, policías y en el caso Spiniak; es hoy un operativo especial de la Agencia Nacional de Inteligencia.

Jorge Bermúdez señaló que el documento fue entregado de manera gratuita por la empresa Alto Data Analytics a la Agencia Nacional, por lo que no se afectó la ley de compras públicas. Además, el organismo aseguró que no se afectó la ley de lobby en estos hechos ni tampoco menciona el rol que tuvo Quiñenco en esta trama, hecho revelado por INTERFERENCIA en enero de este año.

La Ley de Inteligencia vigente establece que la coordinación está a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien posteriormente informa al mandatario. En medio de la crisis sanitaria y con el estallido social en aparente pausa, el gobierno busca que la Cámara de Diputados despache lo antes posible esta iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en el Senado.

Hace dos semanas La Tercera reveló que la empresa española Alto Data Analytics había elaborado ese reporte. Pero ¿quién lo mandató? El informe fue elaborado para Quiñenco y Rodrigo Hinzpeter traspasó la información al gobierno, según pudo establecer nuestro medio.

Gonzalo Yuseff, un ex fiscal, tiene desde abril un contrato a honorarios con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas por 4,5 millones de pesos. Una de sus principales labores es "asesorar al ministro en materias de planificación superior de la Defensa Nacional".

Para distintos fines, la Ley de Inteligencia y el Código Penal permiten esta medida intrusiva, siempre con la aprobación de jueces. Pese a lo delicado de estas acciones, distintos magistrados las han autorizado en circunstancias muy inapropiadas, como se supo recientemente que pasó con el periodista Mauricio Weibel, quien fue espiado mientras investigaba el Milicogate.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó publicar esta información. Pero el Consejo de Defensa del Estado interpuso una queja que fue acogida por el máximo tribunal por razones de seguridad.