El 24 de septiembre de 2021 la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) recibió un oficio de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) que le notificó de la demanda que el grupo de casinos Dreams -dueños de Monticello- interpuso contra Betsson, advirtiendo de ilegalidades en el contrato publicitario del fútbol con esa casa virtual de apuestas.

De tal modo, se solicitó a la Superintendencia la revisión del contrato entre la ANFP y Betsson con el que la casa de apuestas comenzó a auspiciar el campeonato de ascenso en marzo de ese año, contrato que se extendió a 2022, pese a las advertencias.

En el oficio (disponible al final de este artículo), la SCJ le señaló a Pablo Milad -presidente de la ANFP- que, a su juicio, la demanda tenía asidero legal al ampararse en el artículo 5 de la ley 19.995, que establece las bases de autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego. Según este artículo, para operar los casinos deben cumplir ciertas medidas estipuladas, pero “en ningún caso el permiso de operación comprenderá juegos de azar en línea”.

Y, justamente, Betsson es un casino en línea de origen sueco que no está constituido como sociedad en Chile.

A interpretación de la Superintendencia, así como de los demandantes, “cualquier actividad de promoción, publicidad, impulso u otra, relacionada con el juego en línea, adolecería de la misma ilegalidad que el juego en línea propiamente tal”.

A interpretación de la Superintendencia, así como de los demandantes, “cualquier actividad de promoción, publicidad, impulso u otra, relacionada con el juego en línea, adolecería de la misma ilegalidad que el juego en línea propiamente tal”.

Si bien la SCJ no tiene jurisdicción sobre la ANFP -cuestión por la que ofició al Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR) y remitió los antecedentes al Ministerio Público en la causa contra Betsson-, los hechos denunciados por Dreams y respaldados por la Superintendencia suponen “la existencia de eventuales vulneraciones que podrían existir por parte del sitio web Betsson al ordenamiento jurídico vigente”.

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Extracto del oficio de la SCJ a la ANFP

Según la SCJ, estas vulneraciones son contempladas en los artículos 277 y 278 del Código Penal. Estos adjudican penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados y una multa de once a veinte UTM (a $58 mil pesos cada unidad, al día de hoy) para los dueños, administradores y agentes ligados al casino. Mientras que los apostadores podrían sufrir penas de reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte UTM.

Por último, el oficio finaliza con la Superintendencia presentando su “disposición y colaboración ante cualquier consulta que corresponda pronunciarse dentro del ámbito de las funciones de este servicio”.

Desde la ANFP, señalaron a esta redacción que la Superintendencia de Casinos no tiene jurisdicción sobre la asociación deportiva, por lo que una respuesta es algo netamente voluntario. Característica que es así, a menos que sea solicitado lo contrario por un tribunal, tal como podría suceder en la causa de Dreams contra Betsson.

INTERFERENCIA consultó la semana pasada a Milad por esta situación, y el dirigente aseguró que la ANFP tiene una respuesta que -a su juicio- subsana las ilegalidades que plantea la SCJ, y que sería entregada a esta redacción durante el lunes 1° de agosto, lo cual no sucedió.

INTERFERENCIA consultó la semana pasada a Milad por esta situación, y el dirigente aseguró que la ANFP tiene una respuesta que -a su juicio- subsana las ilegalidades que plantea la SCJ, y que sería entregada a esta redacción durante el lunes 1° de agosto, lo cual no sucedió.

Vale recordar que la Comisión de Deportes de la Cámara recibió a Pablo Milad y al fiscal corporativo de Dreams, Carlos Silva, el pasado 19 de julio para la sesión en que se discutió un proyecto de ley que busca prohibir la publicidad de casas de apuestas en eventos deportivos. En esa ocasión, Silva aseguró que ”este proyecto de ley que han presentado es una consecuencia obvia para una actividad que es ilegal y prohibida en nuestra legislación, no se puede hacer publicidad de cosas ilegales".

Por su parte, Milad comentó que la ANFP respalda la posición de que se tiene que regularizar a los casinos en línea, cuyo aporte al mundo deportivo es “un soporte económico significativo, no fundamental”. Además, solicitó un plazo de tres años para regularizar la situación con las casas de apuestas en caso de que el proyecto de ley prospere.

En esta línea, ayer martes 2 de agosto la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados reactivó la tramitación del proyecto de ley enviado durante el gobierno de Sebastián Piñera que busca regular a las casas de apuestas en línea.