Este año se lanzó el nuevo currículum para el ramo de religión católica en las escuelas y colegios de Chile. El decreto, que permite aplicar este currículum, fue publicado el 29 de mayo de este año en el Diario Oficial. Es así como cientos de profesores en el país se han podido informar del currículum nuevo, el cual también está disponible de manera íntegra en la web de la Vicaría para la Educación de la Iglesia Católica.

Sin embargo, este cambio curricular implica nuevas capacitaciones para los profesores de religión, las que, en general, se realizan en las distintas universidades católicas repartidas por el territorio nacional.

La medida afecta a todos los establecimientos, ya sean públicos, subvencionados o privados, pues es una obligación legal para todos ellos dictar el ramo (no así cursarlo, por parte de los alumnos).

Para los profesores de religión de la Región de Coquimbo esto ha sido un balde de agua fría, debido a que en una reunión el 16 de marzo con la Vicaría para la Educación de La Serena, dependiente del Arzobispado de La Serena (que abarca dos provincias de la región), se les informó que la capacitación sobre el nuevo currículum tendría un costo de 300 mil pesos por profesor. 

La carta de los profesores serenenses

Ante esta decisión, un grupo de docentes de esta asignatura hizo llegar al vicario de Educación de la ciudad, Alejandro Silva, su desacuerdo en una misiva.

En la carta, además, se afirma que la arquediócesis de La Serena,- de la cual depende la Vicaría para la Educación de la región-, afirmó que se reservará el derecho a renovar el permiso para dar clases de religión a los profesores que no tomen esta capacitación. En otras palabras, los profesores dicen que se les ha dicho que si no pagan el curso, ponen en riesgo continuar con sus actividades.

“Como conjunto de colegas y ex alumnos egresados de la universidad, donde tenemos un reparo, sobre todo con el carácter de obligatoriedad y vinculación que tiene este curso para poder ejercer como profesor de religión”, dice la misiva, dirigida al vicario Silva, con fecha 20 de marzo.

“Consideramos valiosa la oportunidad que nos está entregando la Vicaría para capacitarnos, no obstante consideramos que no debería ser vinculante para la autorización de profesores de religión y menos tener un costo de trescientos mil pesos”, consigna más adelante la carta.

Los docentes hacen referencia a que el pago de esta capacitación está vinculado a la “acreditación o certificado de idoneidad”, que es una carta que entrega cada diócesis que da cuenta del adecuado conocimiento de la religión católica que tiene un profesor, además de que se entrega tras haberse revisado antecedentes del docente y de que éste haya realizado una capacitación de prevención de abusos sexuales y protección a menores. 

Dicho certificado es obligatorio para que el profesor pueda ejercer como educador del ramo de religión. Por lo que lo que da a entender la misiva, es que la Vicaría para la Educación de La Serena juega con la idea de no renovar este certificado si los docentes no realizan la capacitación curricular de 300 mil pesos.

Dicha carta fue firmada por 38 profesores, aunque son alrededor de un centenar los educadores que podrían verse afectados por la decisión en toda la Región de Coquimbo.

“Sugerimos considerar un carácter optativo para esta capacitación y buscar mecanismos de pagos subvencionados entre las autoridades educativas, sostenedores, corporaciones y municipalidad para su realización. O en su defecto, considerar el trabajo anual que se ha realizado años anteriores entre los profesores de religión y Vicaria en virtud de analizar los nuevos planes y programas de forma gratuita y sistemática. También solicitamos revisar ante cualquier cobro o presupuesto los distintos escenarios donde trabajamos los docentes, tanto de colegios particulares pagados, particulares subvencionados y públicos, ya que son muy diversos en su aspecto económico y en el acceso a ciertas oportunidades”, solicitaron los profesores.

Ya el 12 de junio de este año, una carta de una estudiante de pedagogía había sido publicada en el medio El Ilustrado, denunciando el cobro de esta capacitación.

Contactados por INTERFERENCIA, los docentes que firmaron la carta confirmaron la veracidad de la misiva y que ésta fue enviada al vicario Silva, sin embargo, declinaron dar declaraciones, ya que esperan llegar pronto a algún tipo de acuerdo sobre el pago de estas capacitaciones. 

Una decisión autónoma

INTERFERENCIA consultó por este caso al sacerdote Andrés Moro, vicario para la Educación del Arzobispado de Santiago, quien afirmó que en el caso de la vicaría en la capital no se está cobrando la capacitación del nuevo currículum del ramo de religión a los profesores. Según explicó el religioso, el cobro de este curso es decisión de cada vicaría regional, quienes trabajan en conjunto con sus diócesis respectivas.

“En Chile hay 37 diócesis, y lo único común es que cada una de ellas se hace cargo de sus profesores de religión. Cada una de ellas ve cómo trabaja para formarlos según el programa de religión aprobado por el Ministerio de Educación”, señaló Moro. 

Además de esto, señaló que en Santiago nunca se ha cobrado esa cantidad ni nunca se va a cobrar, y que gestionan la formación de los profesores de otra forma. “Nosotros gestionamos esto con becas, con soluciones particulares, además muchos colegios financian la capacitación de sus profesores, entre otras formas”, dijo Moro.

Nuestro medio llamó por teléfono a la Arquediócesis de La Serena, y también envió un correo electrónico para conocer más detalles respecto del caso. Hasta el cierre de esta edición, no pudimos contactarnos con ellos.

Una política que nació durante la dictadura

Como se señaló, la aplicación del nuevo currículum de religión católica es una medida que afecta a docentes que se desempeñan tanto en colegios privados -muchos de ellos católicos y correspondientes a alguna congregación religiosa- como a aquellos que trabajan en establecimientos educacionales públicos. 

La introducción de materias de religión en el currículum nacional de estudiantes de la educación pública tiene su antecedente legal en el Decreto 924 del 7 de enero de 1984. Las principales consideraciones tomadas en cuenta para introducir estas materias aparecen especificadas al comienzo de la norma. 

Se menciona que estas materias son necesarias debido a que “la persona tiene una dimensión espiritual que informa su existencia (...) Que los principios que inspiran las líneas de acción del actual Gobierno [el de facto de Augusto Pinochet] se basan en valores morales y espirituales propios de nuestra tradición cultural humanista occidental”, y además que “la educación tiene como uno de sus objetivos fundamentales alcanzar el desarrollo pleno del hombre en plenitud”. 

Este decreto señala que las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos, pero que son “optativas para el alumno y la familia”, y que “los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de Religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases de Religión”. 

En esta norma, también se señala que los profesores que impartan estas materias, además de cumplir con los requisitos que exige el Estado para ser docente, deberá “estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras ésta no lo revoque”.

Como la Iglesia católica funciona a través de numerosas diócesis a lo largo del mundo, dentro de las cuales la autoridad máxima es el obispo designado directamente por el Papa en ejercicio, está la posibilidad de que cada una de estas autoridades fije distintas normas para la consecución de estos certificados. 

El currículum es mera potestad de la Iglesia, donde no interviene el Ministerio de Educación, sino solo aprueba o rechaza la propuesta de la institución eclesial. De hecho, en su web, la Vicaría para la Educación señala que éste último curriculum aprobado  oficialmente el 29 de mayo, “es fruto de un largo trabajo  que ha contado con el valioso aporte sinodal del capítulo chileno de universidades católicas, profesores de aula representantes de las diócesis del país y un equipo de expertos del área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile y del área Profesores de Religión de la Vicaría para la Educación”.

Es decir, el ramo de religión es una verdadera ventana para llegar a los alumnos por parte de la Iglesia, para que ésta imparta un currículum que ella misma propone y revisa.

En la práctica , según un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso, un gran porcentaje de los alumnos se exime de la asignatura de religión. En la enseñanza básica cerca del 40% opta por eximirse, mientras que en cuarto medio más de un 90% optaría por no rendir este ramo.