El 5 de mayo pasado juró como abogado en la Corte de Apelaciones de Temuco, Gustavo Díaz Sáez, titulado de la Universidad Mayor y magíster de la Universidad de Los Andes. Dos días después, el 7 de mayo, fue elegido como consejero constitucional, Luis Silva (REP), profesor de Derecho y vicerrector de la misma universidad y con quien Díaz escribió dos papers para la revista Derecho Público Iberoamericano, mientras aún era licenciado.

Hoy, con la publicación de la nómina de asesores del Consejo Constitucional, el novel abogado Gustavo Díaz figura como el principal asesor de "El Profe" Silva, con un sueldo de $2,5 millones, el máximo asignable.

En la nómina pública figuran todo tipo de asesores, desde los que vienen del segundo gobierno de Sebastián Piñera hasta los que salieron en mayo del gobierno de Gabriel Boric para entrar al Consejo. Incluso varios nombres se repiten de la Convención Constitucional, pero asesorando a las nuevas personas encargadas de reescribir la Constitución.

Tal es el caso del abogado Jorge Barrera Rojas, principal asesor de la bancada del Partido Republicano que hoy comanda el Consejo. En su historial, Barrera figura como asesor de la UDI en el Congreso durante 2016, así como asesor personal del ex senador UDI Alejandro García-Huidobro. 

Durante Piñera 2, el ex miembro de la mesa directiva de la FECH en 2008, figura con un informe en derecho por $8 millones para la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), respecto a la nueva normativa en elección y reelección de alcaldes en 2020.

La ex vocera de Gobierno y ex ministra del Deporte de Piñera, Cecilia Pérez, hoy se encuentra asesorando a la consejera Ivonne Mángelsdorff (RN), por un honorario de $1.250.000.

En el Consejo, los republicanos también contarán con Magdalena Moncada Zúñiga, abogada y jefa de gabinete de la campaña presidencial de José Antonio Kast en 2021. Además, Moncada es la jefa de Formación de la Juventud del Partido Republicano y de Acción Republicana. En el pasado fue coordinadora del área legislativa en la Fundación Jaime Guzmán, ligada a la UDI, igual que Kast y gran parte de los militantes más conocidos de Republicanos.

Los ex candidatos

A pesar de la “ola republicana” que se dio durante la elección, varios de sus candidatos no lograron entrar en el Consejo, aunque ello no fue impedimento para que trabajaran en la redacción de una nueva constitución.

Tal es el caso de Ignacio Dülger Castillo, quien fue candidato republicano a consejero por la Región Metropolitana sin resultar electo, obteniendo sólo un 1,7% de los votos.

El fracaso del candidato, que se hizo conocido en Twitter por, supuestamente, cambiar su apellido de Castillo a Dülger, no fue impedimento para entrar al Consejo Constitucional como asesor de Héctor Urban, representante de la Araucanía.

Anteriormente, Dülger trabajó entre 2019 y 2020 como abogado en la Corporación Municipal de La Reina, dirigida por el alcalde José Manuel Palacios (UDI). Luego, en el mismo municipio, se desempeñó como coordinador Covid del Cesfam Juan Pablo II.

Otro republicano que no logró entrar por vía popular al Consejo fue José Enrique Estay, hijo del ex diputado UDI, Enrique Estay. El pasado 7 de mayo Estay júnior, candidato por el distrito 22, obtuvo 4.401 votos, un 4,1% que no fue suficiente para entrar al Consejo.

De todas formas, Estay Jr. entró al ex Congreso de la mano de Antonio Barchiesi, hermano de la diputada Chiara Barchiesi, quien lo reclutó como asesor por $2,5 millones mensuales. En términos familiares, también cabe mencionar que la hermana de Estay, María Fernanda, es asesora comunicacional del diputado republicano Juan Irarrázaval.

El abogado Francisco Bartucevic, quien hoy asesora a la comisionada experta Bettina Horst, asesoró a los convencionales de la UDI, Eduardo Cretton, Constanza Hube, Felipe Mena, Katerine Montealegre y Ricardo Neumann.

En una línea similar se encuentra, Fernando Peña Rivera (UDI), administrador público que renunció a la seremi de Educación del Biobío en diciembre de 2021 para candidatearse a la Convención Constituyente. No obstante, su partido lo dejó fuera de la papeleta. El historial electoral de Peña solo tenía una candidatura a concejal por San Pedro de la Paz en 2016, en la que sacó 296 votos.

Por ello, Peña se declaró “en reflexión” sobre la continuidad en su partido. A pesar de ello, volvió al gobierno de Piñera entre agosto y octubre de 2021, como asesor de la Dirección de Educación Pública por un honorario de $4 millones.

Hoy, Fernando Peña figura en la nómina como asesor de la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, con un sueldo de $2,5 millones.

Un caso similar al del ex seremi de Piñera es el de Carlos Montalva Pérez, actual asesor del republicano Jorge de la Maza. Durante el segundo gobierno de Piñera, Montalva fue abogado asesor en la Subsecretaría de Servicios Sociales, la que dejó brevemente para ser candidato a convencional por el distrito 4. Si bien iba por el cupo RN, Montalva contó en la propaganda con el apoyo del candidato presidencial, José Antonio Kast. De todas formas, no fue electo.

Los ex Piñera

El legado de Sebastián Piñera sigue presente en las instituciones chilenas, incluso las más nuevas, como el Consejo Constitucional, muy a pesar de que parte de la derecha lo intente dar por muerto.

No sólo el hecho de que su subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), haya dado el salto a la Comisión Experta, sino que también su ex vocera de Gobierno y ex ministra del Deporte, Cecilia Pérez, hoy se encuentra asesorando a la consejera Ivonne Mángelsdorff (RN), por un honorario de $1.250.000.

Un nombre polémico en la nómina de asesores es el de Karina Silva Fernández, ex directora nacional de la Junaeb de Los Ríos entre 2018 y 2021, la que renunció tras ser sancionada por maltrato laboral. Hoy asesora a la consejera Lorena Gallardo (RN) por $2,5 millones.

Así también, como asesor de la bancada de Renovación Nacional y Evópoli se encuentra Marco Riveros Keller, quien fuera nombrado por Piñera como vicepresidente ejecutivo de Cochilco en enero de 2020. En mayo de 2022, renunció tras solicitud del presidente Boric. Además, Riveros fue ex fiscal de la Corfo durante Piñera 1, e incluso llegó a ser vicepresidente ejecutivo subrogante de la corporación.

Asesorando a Germán Becker (RN) está la periodista Ana Millanao Contreras, quien fue encargada de comunicaciones de la Subsecretaría de Minería entre 2018 y 2020. En agosto de 2020, Millanao asumió como encargada de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. En marzo de 2022 dejó su cargo en Mideso para ser reemplazada por la ex convencional Rosa Catrileo.

Por su parte, el abogado Maximiliano Ravest se encuentra asesorando a Pilar Cuevas (RN). En el pasado, Ravest fue asesor externo de la senadora UDI, Luz Ebensperger. También fue asesor jurídico de la municipalidad de Pumanque, dirigida por el independiente pro-Kast, Gonzalo Baraona Bezanilla. Así también, entre 2018 y 2022, Ravest fue asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con un sueldo de $3,2 millones. Invitado por la comisión que revisó la acusación constitucional contra la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, actuó a favor del libelo.

Un nombre polémico en la nómina de asesores es el de Karina Silva Fernández, ex directora nacional de la Junaeb de Los Ríos entre 2018 y 2021, la que renunció tras ser sancionada por maltrato laboral. Hoy asesora a la consejera Lorena Gallardo (RN) por $2,5 millones.

Una republicana asesorada por un ex Piñera es Claudia Mac-Lean, quien trabaja con el abogado Tomás de Tezanos Pinto, quien fue parte del gabinete del subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Fernández Gómez. Así también, asesoró a la ex consejera del Consejo para la Transparencia, Natalia González Bañados (ind pro-UDI), hoy comisionada experta. Según Ex-Ante, De Tezanos asesoraba al diputado de la UDI, Cristián Matheson.

Otro que asesora a un republicano es Patricio Cuevas Lagazzi, que figura en la nómina de Sebastián Parraguez. El abogado Cuevas Lagazzi fue asesor jurídico de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que es la versión de derecha de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). Además, es ex asesor legislativo de la senadora Luz Ebensperberg (UDI) y de la bancada de republicanos que se formó en 2022 en la Cámara de Diputados.

Pasando a los comisionados expertos, Hernán Larraín (UDI) cuenta con Arturo Hasbún Nazar, quien fue asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) entre julio de 2021 y marzo de 2022, durante la dirección de Juan José Ossa (RN). Por su parte, Ossa, también comisionado, es asesorado por Paulina Castillo Gamboa, quien trabajó en la División de Relaciones Políticas e Institucionales de Segpres durante todo el gobierno de Piñera 2, siendo primero coordinadora y luego jefa, con un sueldo de $7 millones.

Por su parte, el comisionado Máximo Pavez (UDI) cuenta desde junio con la asesoría de María Fuenzalida Walker. Durante el segundo gobierno de Piñera, Fuenzalida Walker se desempeñó como asesora del Ministerio de Educación dirigido por Marcela Cubillos (UDI) y, luego, como abogada a honorarios de la subsecretaría de Energía.

Los ex Boric

A pesar de que el gobierno de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad recién entra en su segundo año, varios de los funcionarios que pasaron por su administración ya dieron el salto al Consejo Constitucional como asesores.

El asesor de la bancada oficialista en el Consejo es Cristián Miquel Munizaga, quien fue asesor del senador RD Juan Ignacio Latorre y jefe de gabinete del ministro Ávila (RD).

Tal es el caso del abogado Manuel Luna Abarza, asesor de la consejera Karen Araya (PC). Según registros de Portal Transparencia, Luna fue asesor de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dirigida por Claudio Araya (PC), entre abril de 2022 y febrero de 2023 por un sueldo de $4,6 millones.

Así también pasa con el asesor de la consejera del Biobío, Paloma Zúñiga (RD). Según el registro de Transparencia, Víctor Curinao Sanhueza se desempeñó como abogado del Servicio Nacional de Migraciones de Biobío, por un sueldo de $1,3 millones, entre marzo y junio de 2023.

Siguiendo con Revolución Democrática, el asesor de la bancada en el Consejo Constitucional es Cristián Miquel Munizaga. Según su LinkedIn, Miquel Munizaga trabajó entre 2020 y 2022 como asesor del senador RD Juan Ignacio Latorre. Luego, en marzo de 2022, pasó a ser jefe de gabinete del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), hasta su renuncia en enero de 2023.

Por su parte, la comisionada experta por cupo del Frente Amplio, Antonia Rivas, tiene como asesor a Ariel Salinas Antezana por un honorario de $2 millones. Hasta enero de 2023, Salinas fue el principal asesor y jefe de gabinete de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS).

Otra jefa de gabinete reconvertida en asesora es Laura Bartolotti, quien trabaja para la consejera de la Araucanía, Kinturay Melín (RD). Hasta marzo de 2023, Bartolotti trabajó como jefa de gabinete del seremi de Desarrollo Social de Los Ríos, Roberto Giubergia Valderrama (RD).

En el otra “alma del Gobierno”, el Partido Socialista recurrió a su ex asesor en el Congreso, Gaspar Jenkins Peña y Lillo, quien hoy trabaja con el comisionado experto del PS, Flavio Quezada. Durante su paso por la Cámara de Diputados, Jenkins fue asesor histórico del diputado Raúl Saldívar (PS).

Así también, en el Partido Socialista recurrieron a asesores municipales, como es el caso del abogado Matías Camacho, que hoy asesora a Jocelyn Ormeño (PS). Antes de dar el salto al Consejo, Camacho tuvo pasos como apoyo del Administrador municipal de Pudahuel entre 2019 y 2021, año en que el alcalde Johnny Carrasco (PS) dejó el cargo. 

Luego, en agosto de 2021, Camacho asumió como administrador municipal de Quinta Normal, dirigida por Karina Delfino (PS), con un sueldo de $1,4 millones. En marzo de 2022 renunció para pasar a ser asesor a honorarios de la Corporación Municipal de Quinta Normal manteniendo su sueldo.

Por su parte el cineasta socialista, Miguel Littin, contrató a la periodista María Verónica Neumann, quien trabajó como asesora de comunicaciones del ex ministro de Cultura durante Bachelet 2, Ernesto Ottone.

Ya fuera de las coaliciones de gobierno, el consejero Francisco Soto (PPD) recurrió a Benjamín Alemparte Prado, quien antes trabajó como asesor de la división de estudios de Segpres entre julio de 2022 y marzo de 2023 con un sueldo de $3,3 millones.

El consejero Julio Ñanco contrató a Ana María Gúzman Labra como asesora, mismo cargo que desempeñó en la Convención para Eduardo Castillo (PPD).

Por último, cabe mencionar al estudio de abogadas Sarmiento y Walker, recientemente laureadas como “las abogadas favoritas del Gobierno” y que hoy figuran como asesoras de los comisionados oficialistas Verónica Undurraga, Catalina Lagos y Domingo Lovera. 

Del bufete, figuran como asesoras Elisa Walker, ex candidata a la Convención por cupo DC y defensora de Giorgio Jackson e Izkia Siches en sus respectivas acusaciones constitucionales, que asesora a Undurraga; Claudia Sarmiento, que asesora a Lagos, y Sebastián Winter del Bosco, que hace lo propio con Lovera.

Los que se repiten el plato de la Convención

Si bien el proceso de la Convención Constituyente finalizó con un fracaso rotundo tras la victoria del Rechazo en septiembre de 2022, las personas que participaron en su desarrollo no han tenido un mal pasar tras la derrota. Varios ex convencionales han entrado al gobierno de Gabriel Boric, como ha sucedido con Tomás Laibe (PS), Ricardo Montero (PS), Ignacio Achurra (CS), Rosa Catrileo, Constanza Schonhaut (RD), Beatriz Sanchez (RD), entre otros.

Por su parte, los asesores del proceso de la Convención hoy se repiten el plato con el comienzo del Consejo Constitucional.

Tal es el caso del abogado Francisco Bartucevic, quien hoy asesora a la comisionada experta Bettina Horst, y que durante la Convención asesoró a los convencionales de la UDI, Eduardo Cretton, Constanza Hube, Felipe Mena, Katerine Montealegre y Ricardo Neumann.

Asimismo, Domingo Lovera, comisionado del Frente Amplio, es asesorado por Leonardo Ortíz Mesías, quien fuera asesor de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional de la Segpres entre enero y agosto de 2022.

En la UDI también se repite el plato Luis Fernando Mackenna Irarrázaval. Durante 2022, el licenciado en derecho asesoró a Claudia Castro (cupo UDI), mientras que hoy asesora a Carolina Navarrete (UDI) por $1,5 millones de pesos.

La comisionada experta, Natalia González Bañados, patrocinada por la UDI, contrató a John Henríquez, quien asesoró a Rodrigo Alvarez (UDI) durante la Convención.

También en la derecha, Gonzalo Vásquez Berthelon se hará presente en un nuevo proceso constitucional tras participar en la Convención asesorando a Bárbara Rebolledo. Hoy trabaja junto a la comisionada experta y ex subsecretaria de Prevención del Delito de Piñera 2, Katherine Martorell (RN).

Por parte de la izquierda, el consejero mapuche Julio Ñanco contrató a Ana María Gúzman Labra como asesora, mismo cargo que desempeñó en la Convención para Eduardo Castillo (PPD). En tanto, Alihuén Antileo contrató como asesora a la abogada Claudia Allendes, quien trabajó con el constituyente aymara Luis Jiménez durante la Convención.

Por parte de los comisionados expertos, el comunista Alexis Cortés, cuenta con Aron Núñez Becker como asesor, quien trabajó con Fernando Salinas en la Convención. En tanto la socialista Catalina Lagos trabaja con Julián Ortíz Echeñique, quien trabaja con Tomás Laibe (PS) durante 2022. 

Asimismo, Domingo Lovera, comisionado del Frente Amplio, es asesorado por Leonardo Ortíz Mesías, quien fuera asesor de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional de la Segpres entre enero y agosto de 2022.