En septiembre de 2024, se produjo una serie de detenciones en la región del Biobío, en donde quedaron presos personas vinculadas a salas de juego que, supuestamente, operan máquinas de azar al igual que los grandes casinos. Esto es ilegal, por lo que el Ministerio Público los formalizó por distintos delitos, entre ellos, el de operar casinos al margen de la ley. Los dueños, hoy en día detenidos, se defienden indicando que sus máquinas en realidad son de destreza, y no de azar. Ese es un debate que todavía no se zanja en la justicia y en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Sin embargo, algo llamó la atención de los abogados defensores hace un par de meses, en medio de una audiencia por este caso. Y es que el conocido ex fiscal Carlos Gajardo, abogado de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos –que es parte querellante en el juicio, integrada por las cadenas Dreams y Enjoy–, señaló que se adherían a una solicitud de la Fiscalía Regional del Biobío para vender las máquinas que habían sido incautadas durante los procedimientos. Más de 1.500 especies, según algunas versiones, pero Gajardo entregó un dato clave:

“Se ha incautado una gran cantidad de especies donde a nuestro juicio el mayor problema es que la conservación resulta muy difícil o dispendiosa. En la especie, solo para darle un dato su señoría, una de las bodegas que se ha arrendado por estos efectos y cuyo pago inicial lo efectuó una de las de las víctimas en este hecho es de $8 millones. Una de las bodegas que fue arrendada”.

Giovanni Gotelli, abogado defensor del formalizado Paulo De La Paz Garnica, no se quedó tranquilo con esta información. Todo indicaba que una de las partes querellantes, y no precisamente el Ministerio Público, había corrido con los gastos de traslado y de acopio de las máquinas incautadas. 

Por lo mismo, realizó una solicitud por transparencia a la Fiscalía Regional del Biobío, para saber si el Ministerio Público podía aceptar dinero de las víctimas para llevar a cabo sus diligencias. La entidad investigativa, en un oficio firmado por su directora ejecutiva, Ximena Hassi Thumala, contestó que puedo “que ni la ley procesal penal ni el Reglamento mencionado, contemplan la entrega de dinero al Ministerio Público por parte de las víctimas, para el desarrollo de sus actividades investigativas y de custodia de especies incautadas”.

Pero añadió que dado el volumen de las máquinas, la cantidad que representaban estas, y ya que era recomendable acopiarlas en una bodega, “la Fiscal a cargo de la causa determinó que, previas las coordinaciones pertinentes lugar de custodia fuese proporcionado por la víctima o querellante, esto es la Asociación Chilena de Casinos y Juegos”.

“El lugar de custodia fue proporcionado a título gratuito”, agregó.

Respecto de los detalles de estos contratos, la directora ejecutiva de la Fiscalía Regional dijo que no tenían información sobre “los contratos que haya celebrado la Asociación Chilena de Casinos y Juegos ya sea con los propietarios de los inmuebles donde encuentran las especies ni con las empresas de transporte encargadas del traslado de éstas”.

La respuesta dejó más inquieto al abogado Giovanni Gotelli. No es que esto se trate de algo ilegal, según el profesional, pero para que se dé esta situación, de que un privado le preste un lugar acopiar y trasladar especies incautadas, se deben cumplir una serie de requisitos para que no se afecten como tal los medios de prueba.

“Ella (Ximena Hassi Thumala, de la Fiscalía) dice que respecto de lo de los acuerdos entre privados no se tiene información acerca de los contratos que haya celebrado la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, ya sea con los propietarios de los inmuebles donde se encuentra el edificio ni con la empresa de transporte encargada del traslado de esta. O sea, el Ministerio Público perdió la cadena de custodia. El Ministerio Público perdió el control absoluto de las especies que se encuentran incautadas”, dice Gotelli en entrevista con Interferencia.

Además, asegura que “si bien es cierto que hay un reglamento que permite que eso pueda ocurrir, no es menos cierto que ese reglamento establece una cantidad de requisitos para que ello ocurra, embalaje de las máquinas”, entrada y salida de personas de las bodegas, y otros. Estos requisitos no se habrían cumplido en este caso.

Interferencia se comunicó con el abogado Carlos Gajardo Pinto para hacerle las consultas respectivas a este artículo, pero no respondió los mensajes. También nos comunicamos con la fiscal a cargo del caso, Pamela Lillo Salazar, y le solicitamos una entrevista, pero enviaron una declaración en la que señalan que "es muy importante aclarar que la custodia siempre ha estado a cargo del Ministerio Público, ya que solamente nuestra institución y la PDI pueden ingresar al recinto"

"Asimismo, tratándose de especies que han sido puestas a disposición del Ministerio Público en el contexto de una investigación penal, su conservación se rige por la denominada “cadena de custodia” en la que se debe dejar registro de las personas que previa autorización de la fiscal han accedido a las especies", agregaron..