Mayo es un mes rico en efemérides. El Día de los Trabajadores, el Día de las Glorias Navales, el Día del Conscripto y el de la Diversidad Biológica, que este año cayó el lunes y el ministro Nicolás Grau aprovechó para instalar algunas líneas sobre la nueva Ley de Pesca.

“Soluciona un problema de legitimidad”, señaló en entrevista con ADN.
La Ley de Pesca vigente está manchada por un escándalo de cohecho que terminó con un senador condenado. Jaime Orpis recibía dineros de la principal empresa pesquera del grupo Angelini; dentro de poco saldrá en libertad condicional por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Desde 2013, cuando se aprobó la polémica Ley, la captura total de especies marinas en Chile se ha mantenido entre 3,1 y 3,8 millones de toneladas, con oscilaciones importantes de año en año. A fines de los años 80 era el doble. “Es tan barato el pescado y no lo sabimos [sic] aprovechar”, decía Yolanda Sultana. Hoy no es ni barato ni “se está perdiendo en el norte”, como sostenía la adivina. 

Tal vez esto explique por qué, en los últimos años, la pesca haya sido el sector extractivo más problemático en cuanto a regulación. En veinte años se tramitaron cuatro leyes y se suponía que la última de ellas, bautizada como Ley Longueira, iba a zanjar definitivamente el problema de la sobreexplotación y el conflicto de intereses.

La presión sobre los recursos se mantiene, existen comunidades costeras que han vivido de su explotación artesanal por generaciones y grandes intereses industriales que invirtieron millones y cosecharon ganancias que defienden como derecho adquirido. Los primeros tienden a trabajar en la cercanía de la costa; los segundos, mar afuera, pero hay lugares donde sus intereses se sobreponen o entran en conflicto. A esta tensión se suma una segunda entre los propios industriales: los del norte y los del sur defienden sus zonas de explotación, cada una atrincherada detrás de sus representantes en el Congreso.

Tal vez esto explique por qué, en los últimos años, la pesca haya sido el sector extractivo más problemático en cuanto a regulación. En veinte años se tramitaron cuatro leyes y se suponía que la última de ellas, bautizada como Ley Longueira, iba a zanjar definitivamente el problema de la sobreexplotación y el conflicto de intereses. Envuelta en escándalo y en proceso de anulación por el Congreso actual, será tarea del Gobierno de Boric hacerse cargo del drama de los pescados y los pescadores.

Mes del Mar

Según un largo debate, los peces son de quien los pesque. Previo a ello son de nadie, especies silvestres que se desplazan por el espacio soberano de la nación; el rol del Estado se limita a regular el acceso al mar a través de decretos y licitaciones. 

Así era en 1974, cuando la Dictadura estableció la celebración del Mes del Mar, quizá como una manera de exorcizar y enterrar el Ministerio del Mar que Allende anunció durante su Gobierno, como eje de una pesca industrial estatizada.

Durante los años siguientes los privados recuperaron sus empresas y expandieron su capacidad de captura y procesamiento: el negocio era lucrativo y los peces abundaban… hasta que dejaron de hacerlo.

A mediados de los años 80 la sobreexplotación obligó a dictar las primeras vedas. Una tras otra, a un ritmo tal que la Dictadura, acostumbrada al decreto ley, se vio obligada a tramitar una ley hecha y derecha, discutida en comisiones legislativas con expertos nacionales y extranjeros, dirigentes de la industria y de los pescadores artesanales. Así nació la llamada Ley Merino: un cuerpo legislativo e incómodo para la industria, pues contemplaba licitar cuotas de captura de especies sobreexplotadas una vez que su población se recuperara.

La ley fue promulgada a fines de 1989 y apenas asumió el Gobierno de Patricio Aylwin comenzaron las presiones para derogarla. El grupo Angelini era entonces muy cercano a la Democracia Cristiana, de modo que la Ley Merino falleció antes que su impulsor.  

La ley fue promulgada a fines de 1989 y apenas asumió el Gobierno de Patricio Aylwin comenzaron las presiones para derogarla. El grupo Angelini era entonces muy cercano a la Democracia Cristiana, de modo que la Ley Merino falleció antes que su impulsor.  

El tema no quedó resuelto con una nueva ley más amigable con los grandes intereses. Era tal la competencia por capturar peces que las grandes flotas agotaban sus cuotas de pesca en cuestión de meses. A partir de entonces cada gobierno tendría que responder al agotamiento de los recursos y a las presiones de los regulados. Se dictaba una ley de alcance transitorio, con fecha de caducidad, que obligaba al siguiente Gobierno y al siguiente Parlamento hacerse cargo del estropicio.

El primer gobierno de Sebastián Piñera intentó zanjar el problema de manera definitiva, primero a través del enfoque técnico del ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, que contempló retomar el mecanismo de las licitaciones. Un cambio de gabinete instaló en su lugar a Pablo Longueira, entonces un presidenciable de la UDI, quien sentó a los incumbentes a negociar una repartición salomónica de los recursos. 

A fines del gobierno de Bachelet la FAO elaboró un documento que revisaba de manera exhaustiva la ley Longueira. En el lenguaje diplomático de los organismos multilaterales reconoció sus aportes, pero también hizo ver vacíos en materia de seguridad alimentaria y cambio climático. 

Cuando la ley entró en vigor había once especies o pesquerías (de un total de 28) en estado de agotamiento o colapso. Según el último informe publicado por la Subsecretaría de Pesca, hace dos años eran cinco. La sobreexplotación y la subexplotación son definiciones técnico-jurídicas, la popular reineta se encuentra en el primer estado y solo dos especies (el camarón nailon y el langostino amarillo) están en el segundo.

El actual ministro de Economía Nicolás Grau anunció que la nueva ley se presentará a fines de este semestre y comienzos del próximo, o sea en cuestión de meses. Sería producto de un diálogo de más de un año con expertos y representantes del sector, la misma que emplearon todos los gobiernos precedentes. La diferencia la marcará un Congreso fragmentado, una derecha empoderada y a la vez tensionada por la irrupción de los Republicanos, y una discusión constitucional abierta. ¿Qué podría salir mal?