Sigue sumando problemas la nominación del abogado Jean Pierre Matus para ocupar la vacante que el jubilado ministro Carlos Kunsemüller dejó en la Corte Suprema. El elegido de Piñera para llegar al máximo tribunal ha tenido que enfrentar cuestionamientos por su relación profesional con el Ejército en tiempos del Milicogate y por su participación en causas que disminuyeron la cuantía de las penas de condenados por violaciones a los derechos humanos. 

Los abogados Karinna Fernández y Cristián Cruz enviaron un correo electrónico al Senado -donde tendrá que confirmarse o refutarse la nominación de Matus a la Suprema- en el que aseguran que el contrato que ligaba a Jean Pierre Matus con el Ejército de Chile en ningún caso le entrega la facultad de asumir el patrocinio legal del general y en su momento, jefe del Estado Mayor del Ejército, Schafik Nazal, en causas penales en las que se persigue su responsabilidad por espionaje al periodista Mauricio Weibel y a ex funcionarios del Ejército denunciantes de corrupción, como el capitán Rafael Harvey.

Esto luego de que el propio Matus asegurara, ante la Comisión de Constitución del Senado, haber realizado estos servicios porque era su "deber profesional" con el Ejército.

“La asesoría o funciones a que estaba obligado don Jean Pierre Matus no implicaba asesoría en materia penal a la máxima autoridad del Ejército (ni a su subrogante u otra autoridad castrense), mucho menos efectuar defensa penal alguna”, dice la carta de los abogados querellantes,

El correo enviado por estos abogados -que son querellantes en dichos casos, denominados Operación Topógrafo y Operación W- menciona -entre otras cosas- que Matus faltó a la verdad al indicar que asumió la defensa del general Nazal puesto que asesoraba al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, y a Shafik Nazal, en su calidad de comandante en jefe subrogante. “La asesoría o funciones a que estaba obligado don Jean Pierre Matus no implicaba asesoría en materia penal a la máxima autoridad del Ejército (ni a su subrogante u otra autoridad castrense), mucho menos efectuar defensa penal alguna”, dice la misiva. 

Qué dice el contrato

INTERFERENCIA tuvo acceso al contrato en cuestión -firmado en marzo de 2019 por las partes- el cual señala que Matus se compromete a “brindar asesoría de carácter jurídico en materias de orden legal general” al Ejército por 10 cuotas mensuales de $4 millones y que se desempeñará en la Comandancia de dicha institución. Posteriormente enumera en seis letras las materias en las que deberá prestarle asesoría jurídica a la institución, las cuales son:

“a) Revisión de procedimientos; b) Revisión de informes; c) Asistir a reuniones informativas; d) Dar respuesta a consultas en materias de interés institucional propias del ámbito legal, guardando la reserva de los datos y antecedentes de que tomare conocimiento, en el ejercicio de su labor; e) Participar activamente en el proyecto de estudio de modelos predictivos y preventivos para el cujmplimiento de normas de probidad administrativa; f) Realizar el estudio de la reglamentación institucional con el fin de compatibilizarla con la legislación vigente”. (Revise acá el contrato). 

Una fuente señaló a esta redacción que “como el contrato se interpreta por las partes, ambos entendieron que estaba dentro de esa letra [la ‘d’]”, agregando que “en ese contrato profesional, entendían que en estos casos era necesaria una defensa judicial”. 

Es respecto de la letra “d” sobre la que se desata la polémica: "Dar respuesta a consultas en materias de interés institucional propias del ámbito legal, guardando la reserva de los datos y antecedentes de que tomare conocimiento, en el ejercicio de su labor".

Si bien Matus señaló a INTERFERENCIA no poder referirse a este tema, una fuente cercana al abogado indicó que éste asumió la defensa legal de Schafik Nazal debido a que se trataba precisamente de responder a consultas sobre materias de interés institucional en el ámbito legal, por lo que aquella letra dentro del contrato, la "d", lo habilitaba.

Aquella fuente explicó que “como el contrato se interpreta por las partes [firmantes], ambos entendieron que estaba dentro de esa letra [la defensa penal]”, agregando que “en ese contrato profesional, entendien que era necesaria una defensa judicial”. 

En el propio contrato, en la sección Calidad jurídica del prestador, se expresa que “los derechos y obligaciones que el prestador puede impetrar son sólo los contenidos en las cláusulas de este convenio, no estando facultado para reclamar el pago de beneficio y prestaciones adicionales”. 

Ante el Senado

El candidato del oficialismo para ocupar una silla en el tribunal supremo debió responder algunas consultas a propósito de los servicios prestados a los altos mandos del Ejército en su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado.

En tal instancia, Matus dijo que “mi responsabilidad profesional como asesor del comandante en jefe del ejército, fue averiguar si esas escuchas habían sido interceptadas o no legalmente. Esa averiguación se hizo de manera discreta, pero como ya es público, y lo dijo el ministro, habían sido autorizadas legalmente”, y Matus agregó que “me pareció que mi deber profesional con la institución que yo asesoraba era asesorar en la defensa al señor Nazal”. 

Además de eso señaló que una vez que su contrato de asesoría con el Ejército terminó a finales del 2020, le comunicó a Nazal “que no podía seguir porque ya no tenía contrato institucional, pero que le iba a buscar un abogado como corresponde. Le conseguí un abogado y una vez que lo tuvo renuncié al patrocinio a principios de marzo de 2020”. 

Consultado por esto, el candidato a la Suprema indicó que “no se puede abandonar un cliente sin primero dejar completamente informado de la causa y asegurarse de que mantenga una defensa profesional”.

En la carta enviada por los abogados querellantes en los casos Operación Topógrafo y Operación W se indica que el hecho de preocuparse de buscar y dejar un abogado para que defienda al general Nazal “demuestra un interés en el caso incluso una vez que formalmente dejaba la causa”; algo que contravendría sus dichos ante la comisión de Constitución, donde aseguró asumir dicha defensa en virtud de su compromiso profesional.

Círculos cercanos a Matus indicaron a nuestro medio que “no se puede abandonar un cliente sin primero dejarlo completamente informado de la causa y asegurarse de que mantenga una defensa profesional”.

Cabe destacar que el abogado apuntado por Matus para sucederlo en la defensa de Nazal es Mario Vargas Cociña, creador de la defensoría de Carabineros y quien, como informó INTERFERENCIA, después de ser detenido por la propia policía luego de infringir el toque de queda el 2020 golpeó a un funcionario con el grado de cabo 1°. Fue también el abogado de Herval Abreu ante denuncias de siete mujeres por acoso sexual, agesión y violación; y también del carabinero Patricio Maturana, acusado de disparar a Fabiola Campillai. (Revise acá el artículo sobre Vargas).