El pasado 12 de mayo el Consejo para la Transparencia (CPLT) emitió la resolución exenta N°202, la cual señala: “instrúyase investigación sumaria rol S57-23 en la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, con la finalidad de esclarecer los hechos, circunstancias y razones que permitan determinar si el modo de obrar del órgano al no haber hecho entrega oportuna de la información decretada una vez que ha sido ordenado por resolución a firme recaída en el amparo rol C11599-22, configuraría una infracción a las obligaciones de la Ley de Transparencia (...)”. 

Lo anterior es el corolario de un largo proceso al alero de dicha ley, en el cual Interferencia ha buscado esclarecer las circunstancias y detalles de una supuesta comunicación oficial sostenida entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos, la cual fue referida por el gobierno de Gabriel Boric en un comunicado de prensa -sin firma de autoridad responsable ni repartición- para desmentir un artículo publicado por este periódico en septiembre del año pasado. 

En ese artículo, este medio señaló que Lucía Dammert habría aceptado dar declaraciones en el proceso penal que se estaba llevando en la justicia del Estado de Nueva York en Estados Unidos contra el -ahora condenado- ex secretario de seguridad mexicano, Genaro García Luna, con el cual Dammert trabajó al menos entre 2007 y 2008, según distintos currículums de la ex jefa de asesores del presidente Gabriel Boric. 

Si bien Gloria de la Fuente resolvió delegar este tema en una funcionaria técnica de Cancillería, todo indica que la Ley de Transparencia obliga al jefe del servicio requerido, de tal forma que puede darse la situación de que la actual subsecretaria tenga que pagar una multa por no entregar una información que ella misma señaló que se debía entregar.

“El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia, del pasado 15 de septiembre”, señaló el comunicado, para asegurar que “luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el gobierno confirma que dicha información es falsa (...)”. 

Ante el desmentido -que no lleva la firma de ninguna autoridad responsable ni repartición gubernamental- Interferencia solicitó el detalle de dicha comunicación vía Ley de Transparencia, a lo cual Relaciones Exteriores respondió que no existía registro, ya que se había tratado de una comunicación verbal. Ante esto, este medio exigió en un amparo ante el CPLT que se informe si la comunicación había sido presencial, vía telefónica o a través de otros medios, la fecha exacta de la comunicación. y quiénes habían sido los interlocutores. 

El CPLT resolvió el pasado 28 de febrero acoger el amparo, ordenando a Cancillería entregar la información requerida con el voto unánime de todos sus consejeros. ¿Lo llamativo? Gloria de la Fuente, actual subsecretaria de Relaciones Exteriores desde el 9 de marzo, era en ese entonces consejera del CPLT y votó a favor de entregar la información en cuestión. 

La respuesta de Cancillería llegó el 23 de marzo de este año, cuando ese organismo señaló que "se hace presente que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores ha realizado una búsqueda íntegra de los antecedentes que servirían de base para satisfacer la consulta formulada por el interesado [Interferencia], arrojando como resultado que no existen actos, resoluciones, contratos, acuerdos u otros antecedentes de naturaleza tangible que tengan algún grado de identidad con los elementos descritos por el mismo en su solicitud de acceso a la información (“contenido del intercambio de mensajes, el medio por el cuál se realizó, las fechas y horas de los mensajes, interlocutores y todo tipo de detalles”)".

"Como se ha señalado en la presente resolución, el organismo confirmó la existencia de comunicaciones a través de vías verbales, por lo que corresponde, conforme a la decisión firme y ejecutoriada, que informe sobre la fecha y hora en que se produjeron esas comunicaciones; si se trató de comunicación presencial, telefónica o de otro tipo; en qué lugar ocurrió, y principalmente, quiénes fueron los interlocutores oficiales que tuvieron esa comunicación", dice la resolución del CPLT.

Si bien Gloria de la Fuente resolvió delegar este tema en una funcionaria técnica de Cancillería, todo indica que la Ley de Transparencia obliga al jefe del servicio requerido, de tal forma que puede darse la situación de que la actual subsecretaria tenga que pagar una multa por no entregar una información que ella misma señaló que se debía entregar.

La resolución del CPLT de este 12 de mayo, sostiene que “las alegaciones de la Subsecretaría resultan erradas por basarse en un presupuesto equivocado, como lo es el asumir que el Consejo le exige la elaboración de una respuesta o de información en base a antecedentes inexistentes. Sin embargo, como se ha señalado en la presente resolución, el organismo confirmó la existencia de comunicaciones a través de vías verbales, por lo que corresponde, conforme a la decisión firme y ejecutoriada, que informe sobre la fecha y hora en que se produjeron esas comunicaciones; si se trató de comunicación presencial, telefónica o de otro tipo; en qué lugar ocurrió, y principalmente, quiénes fueron los interlocutores oficiales que tuvieron esa comunicación”. 

El sumario en cuestión podría sancionar a Gloria de la Fuente con una multa de entre el 20% y el 50% de sus remuneraciones, y según la duración de distintos procedimientos similares anteriores, los resultados del sumario podrían conocerse entre uno y dos meses más adelante.

"Se levantan una serie de dudas, y una de las más graves que espero no sea así, es que podría no haber existido comunicación oficial alguna entre el gobierno de Chile y el gobierno de Estados Unidos, relativo a las investigaciones reservadas llevadas por el FBI, lo que sería un hecho inédito y gravísimo", dijo Francisco Leturia, presidente del CPLT a La Tercera.