Gloria de la Fuente
Desde diciembre la entidad encargada de fiscalizar la transparencia de organismos públicos está parada por falta de dos integrantes de cuatro. En marzo, el gobierno sacó a una consejera para nombrarla subsecretaria y durante todo el año no reemplazó al consejero que terminó su periodo en diciembre.
En diciembre la entidad encargada de fiscalizar la transparencia de organismos públicos quedará con sólo dos integrantes, por lo que no habrá quórum para sesionar. El presidente debe presentar los candidatos al Senado para su designación. El consejero saliente, Francisco Leturia, podría ser renovado en caso de ser requerido, aunque el cupo disponible corresponde al PS.
Susana Herrera ostentó el cargo durante 14 meses, hasta que se dio a conocer un proyecto entre la Embajada de Chile en Reino Unido y el Gobierno Regional del Bío Bío, que ella misma había diseñado y que requería de una inversión público-privada de US $5 millones en el que supuestamente participarían Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundación creada por el rey Carlos III y el estudio de arquitectura Zaha Hadid.
La medida -ordenada por el Consejo para la Transparencia- podría terminar en una multa de hasta el 50% del salario de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, misma persona que cuando fue consejera del CPLT votó a favor de que se entregue la información.
Gloria de la Fuente, actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, arriesga un sumario luego de haber votado a favor de entregar la información relativa al Caso Dammert cuando era parte del Consejo para la Transparencia, y no entregarla ahora que encabeza la subsecretaría en cuestión. Tiene plazo hasta el lunes 8 de mayo.
Luego de revisar sus registros en Santiago y Washington, la Cancillería reconoció que no existe la información oficial con la que se desmintió a este medio. El Consejo para la Transparencia ordenó revelar al menos los interlocutores de la supuesta comunicación, pero se volvió a negar la información.
El Consejo para la Transparencia -con voto de Gloria de la Fuente- ordenó a la subsecretaría de Relaciones Exteriores entregar detalles sobre una comunicación oficial entre Chile y Estados Unidos. Hoy ella dirige esa subsecretaría, teniendo que delegar esa función.
El Consejo para la Transparencia requiere la asistencia de tres de sus cuatro integrantes para sesionar. Sin la militante del PS, que ingresó a la cancillería, quedan tres. Pero a fines de enero la consejera Natalia González anunció que no participaría de las sesiones hasta junio, debido a que fue nombrada por la UDI en el Comité de Expertos para una nueva Constitución, de tal forma que el consejo no podría funcionar hasta que el gobierno, con la aprobación del Senado, nombre el reemplazante de Gloria de la Fuente.
Desde los albores de la transición, la ex Concertación y la derecha se han repartido salomónicamente los cargos de varias entidades públicas. INTERFERENCIA revisó la composición del Servel, CNTV, CPLT, CDE y TVN. ¿Resultado? Muchos puestos son un botín o premio de consuelo para los grandes operadores políticos del tradicional duopolio.
La empresa de opinión pública ha recibido masiva información de usuarios de telefonía móvil para realizar encuestas de satisfacción que requieren muestras significativamente más pequeñas. El CPLT estimó -con un voto disidente- que Subtel cuenta con base legal habilitante para este tratamiento de datos. Con todo, la versión 2021 de esta encuesta será realizada por Ipsos.
La Asociación Chilena de Telefonía Movil pidió al CPLT pronunciarse por las solicitudes que hizo la Subsecretaría de Telecomunicaciones a las empresas de telefonía de entregar datos de todos sus usuarios -y no muestras- para que Cadem haga "encuestas de satisfacción". INTERFERENCIA accedió al escrito que hoy está en tabla del CPLT.
Junto a Natalia González, directora de asuntos jurídicos y legislativos del instituto ligado al gremialismo, también se aprobó el nombre de Bernardo Navarrete, académico de la Usach, propuesto por la DC. La falta de experiencia de ambos en temas de transparencia suscitó críticas, pero finalmente se impuso la lógica de la época del binominal.
El gobierno ha dilatado el nombramiento de nuevos consejeros, porque teme que Ignacio Briones corra el riesgo de terminar con una acusación constitucional en su contra si el consejo directivo vuelve a funcionar. Esto porque el primer tema en tabla será la polémica petición de los RUT de quiénes pidieron el retiro del 10% de sus AFP.
Una denuncia anónima a la Contraloría acusó a Jorge Jaraquemada de recibir doble sueldo. Si bien no hay inhabilidad en ejercer ambos cargos y percibir doble remuneración, este no quiso decir cuánto ganaba en el centro de estudios de la UDI al ser consultado por nuestro medio. En el consejo gana más de 7 millones líquidos al mes.
