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Sábado, 21 de septiembre de 2019
Suman y siguen casos de irregularidades

Cathy Barriga otorga $ 115 millones mensuales a firma privada por seguridad de jardines infantiles

Diego Ortiz

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Crédito: Municipalidad de Maipú
Crédito: Municipalidad de Maipú

La Corporación de Educación de la Municipalidad de Maipú pagó en abril esa suma a Minerva Diseño y Producción de Eventos Ltda por seguridad ‘part-time’ en los 26 jardines de la comuna. La empresa recibió el pago -sin licitación, u orden de compra, o contrato y sin pasar por Transparencia- después de que un operador UDI orquestara a inicios de año robos falsos para justificar la contratación del servicio.

“Vamos a quebrar unos vidrios, se van a robar, no sé… Cualquier huevá, una manguera, pero se va a robar. Que diga robo”. Este fue el audio que develó el plan de Michael Parada, militante de la UDI y presidente comunal del partido en Renca, de falsificar robos para conseguir contratos por el servicio de guardia de seguridad en colegios y jardines infantiles de la Corporación de Educación (Codeduc) de Maipú.

El plan funcionó. Luego de que se produjeran los robos en marzo, la empresa Minerva Diseño y Producción de Eventos y Otros Limitada se instaló con 26 guardias part time en dependencias de jardines municipales por el mes de abril. El servicio le significó un gasto de $115.851.260 pesos a la municipalidad, haciéndose con éste sin pasar por ningún proceso de licitación y sin firmar ningún contrato.

Durante el mes de junio, el medio La Voz de Maipú publicó un artículo donde revela la operación de Parada ligado al exasesor y mano derecha de la alcaldesa Cathy Barriga, Luis Japaz-, donde señalaban a la empresa Seguridad Marcela de los Ángeles Ramos Cáceres E.I.R.L como la beneficiaria del plan del operador UDI. Lo concreto es que quién se benefició realmente fue la empresa Minerva, no Seguridad Marcela de los Ángeles Ramos Cáceres, quienes realizaron el servicio de seguridad durante el periodo previo a los robos.

INTERFERENCIA tuvo acceso al acuerdo extrajudicial donde la Codeduc pagó los más de 100 millones de pesos a la empresa de producción de eventos. Quien figura como contacto de Minerva en el acuerdo es Ángela Tapia, dueña de un 99% de las acciones de la empresa. El restante 1% es de un viejo conocido de la Corporación y, también, de este medio.

El pasado 1 de julio, esta redacción publicó un artículo sobre la desratización fantasma de un colegio en la comuna de Maipú. Se pagó más de 32 millones de pesos a San Isidro Empresas Limitada por el servicio: sin licitación, sin orden de compra, sin contrato y sin publicarse a través de transparencia. El dueño de la empresa era Wilber Jáuregui, quien es también poseedor del 1% de Minerva Diseño y Producción de Eventos y Otros Limitada.

La relación de la familia Jáuregui con Minerva no se detiene ahí. El primo de Wilber, Jenri Jáuregui, es el marido de Ángela Tapia, la accionista principal de la empresa, quien figura también como el gerente de Minerva.

En uno de los audios develados por La Voz De Maipú, Michael Parada le habla directamente a una persona cuando explica el plan de acción: “tenemos que tener el objetivo, Jenri, y por eso yo quería que estuvieras aquí”. Y el objetivo era claro. Después de los robos, Parada intuía que habría instrucciones nuevas desde la jefatura de la Corporación respecto al servicio de guardias. “Las instrucciones nuevas son, pagarle los 119 millones y que se haga un contrato de 6 a un año al tiro”, indicaba el presidente comunal gremial.

Se tomó contacto con Ángela Tapia, quien indicó que tanto ella como su empresa cumplieron con el trabajo. Respecto a Jenri Jáuregui, ella negó que trabajara en la empresa. Después de que se le explicara que se tenía conocimiento de que Jenri era su marido, figuraba como gerente de la empresa y también fuese nombrado por Parada dentro de los audios para el plan de robos en los jardines, Tapia se limitó a indicar que sólo permanecía en la empresa por sus múltiples contactos, de gran utilidad a la hora de conseguir eventos. No quiso responder sobre la participación de su marido en los audios, indicando que Parada era un estafador.

La versión de Codeduc 

INTERFERENCIA contactó a José Astudillo, director jurídico de la Corporación desde mayo de este año, quien indicó que identificaron un ilícito y encargaron una investigación. Sindicó a Sergio Barrera, exsecretario general de la entidad y quien se encuentra todavía dentro de ésta, con licencia, como el principal responsable de este acuerdo.

Consultado por el pago que se efectuó, Astudillo declaró que se hizo fuera de cualquier procedimiento administrativo, mas no pudo bloquearse el pago porque efectivamente se prestó un servicio. “Entonces ¿llegó una persona, prestó un servicio sin la autorización de nadie y fue a cobrar?”, se le consultó al abogado y director jurídico. “Exacto”, respondió.

Este medio también intentó contactar a la alcaldesa Cathy Barriga, sin recibir respuesta.

Maipú, comuna -casi- inmune a Contraloría

Desde julio a la fecha, INTERFERENCIA ha publicado una serie de artículos sobre irregularidades presentes en la comuna de Maipú. Desde los más de 26 mil millones de pesos que se perdieron en el Servicio de Agua Potable de Maipú al viaje de Cathy Barriga con 18 funcionarios a Mendoza para ver la Cenicienta, la gestión de la alcaldesa UDI ha estado bajo la lupa de esta redacción.

Sin embargo, a pesar de la información revelada en una cobertura de seis artículos, no se han anunciado mayores acciones por parte de Contraloría. Según fuentes extraoficiales, el único oficio que se ha realizado por parte de la entidad fiscalizadora fue por artículo publicado este lunes sobre los más de 3 mil millones entregados por Maipú a Salcobrand S.A. por compra de medicamentos. 

Durante abril del 2017, la Contraloría firmó un acuerdo con la Municipalidad de Maipú con miras a “seguir contribuyendo al fortalecimiento de la Administración del Estado y avanzar en la ejecución del programa de colaboración con demás organismos públicos”. El acuerdo, firmado por el contralor Jorge Bermúdez, contempla en sus objetivos “actividades que permitirán analizar la información relevante emanada de los procesos de fiscalización, detectar los problemas centrales o transversales e identificar las causas y riesgos asociados”.

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Lo de cathy barriga es una vergüenza!!!

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