Este martes se inició el juicio oral contra siete guardias de seguridad por el homicidio calificado de Emilia Milén “Bau” Herrera Obrecht, activista trans que fue asesinada por un disparo en la cabeza la noche del 16 de febrero de 2021, en el lof Llascahue de Panguipulli.

Se tratan de Francisco Jarpa Jarpa, Carlos López Aguayo, Cristián Cisternas Larenas, Sergio Larenas Paz, Jorge Rodríguez Neira, Jorge Ruiz Paz y Cristián Larenas Cisternas, todos imputados por el asesinato de la joven en medio de un conflicto por el acceso a la playa que se mantenía con el condominio Riñimapu, propiedad del empresario inmobiliario de la zona, Fernando Puga Matte. 

La jornada se desarrolló en el Tribunal de Juicio Oral de Valdivia y contó con las primeras declaraciones de los testigos. En total, fueron citados a declarar 60 testigos durante aproximadamente un mes por el cual se extenderá el juicio. 

La pena solicitada por la abogada querellante en representación de la madre de la joven, Denisse Obrecht Samson, es cadena perpetua para dos de los acusados. 

En esta audiencia de apertura, la abogada querellante, Karina Riquelme, enfatizó en que este tipo de conflictos por el acceso a las playas y ríos no “pueden ser solucionados a través de las armas de fuego y que, por lo tanto “debe ser sancionado por el Poder Judicial”.

“Esperamos que el tribunal, luego de recibir las pruebas, aplique la sanción mayor que corresponde respecto de quienes asesinaron a sangre fría a Emilia, realizando más disparos que pudieron terminar con la vida de más personas. Personas que solo buscaban resguardar el acceso al río de manera pacífica”, sostuvo a Interferencia.
Además, agregó que “está muerte se pudo haber evitado dado que por muchos años la comunidad denunció los cierres de acceso al lago y el río que realizaban los propietarios del condominio. Desgraciadamente hay personas que pretenden imponer su posición a través de las armas y esa decisión debe ser sancionada en virtud de las leyes vigentes”. 

La abogada aclaró en medio de la audiencia que “los imputados fueron contratados diez días antes del asesinato de la hija de mi representada, fueron con la misión de cumplir con lo que los guardias del condominio no quisieron ejecutar”.

La pena solicitada por la abogada querellante en representación de la madre de la joven, Denisse Obrecht Samson, es cadena perpetua para dos de los acusados. 

Obrecht Samson ha dicho que los guardias de seguridad contratados por los propietarios del condominio son conocidos como los ´'jardineros' que tenían funciones de “sicarios”. Los ha descrito como personas prepotentes, que utilizaban lenguaje 'canero' y que portaban armas. Algunos de ellos contaban con antecedentes penales.  

Obrecht Samson ha dicho a INTERFERENCIA que los guardias de seguridad contratados por los propietarios del condominio son conocidos como los ´'jardineros' que tenían funciones de “sicarios”. Los ha descrito como personas prepotentes, que utilizaban lenguaje 'canero' y que portaban armas. Algunos de ellos contaban con antecedentes penales. Lo mismo se ha señalado desde la comunidad donde han reconocido que tenían una actitud intimidante al utilizar armas. 

Así también, la investigación ha contado con cuestionadas diligencias como una reconstitución de escena que no fue realizada en el sitio del suceso a petición de la Fiscalía Regional de Los Ríos, sin tampoco avisarle a la madre de la joven ni a su abogada querellante. El lugar escogido fue un centro de formación de Carabineros a cerca de 300 kilómetros del lugar de los hechos (ver artículo de INTERFERENCIA al respecto). 

Además, las dudas persisten en torno al arma que fue utilizada aquella noche, que hasta hoy se encuentra extraviada, sin que se haya dado la orden de allanamiento al interior del condominio. 
En tanto, la parte defensora solicitó la absolución de los imputados, asegurando que no se podía probar su participación dado que el sitio del suceso se encontraba alterado por bomberos y Carabineros.