Estas semanas la Convención Constitucional se encuentra exponiendo, deliberando y votando en general las propuestas de norma presentadas por los convencionales, generando un amplio listado de iniciativas aprobadas y que más adelante serán sometidas nuevamente a escrutinio y votación ante el Pleno.
Una vez finalice el periodo de deliberación y votación de propuestas de norma constitucional y populares –las cuales no comenzarán a ser discutidas hasta después del 1 de febrero– en el Pleno, todas las que resulten aprobadas se convertirán en los artículos que integren la propuesta de nueva Constitución.
Sin embargo, para que el texto sea coherente y ordenado se conformará la Comisión de Armonización, que según el Reglamento General tiene como principal función “velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno”, además de “revisar deficiencias de técnica legislativa, omisiones y contradicciones de sintaxis y correcciones gramaticales, ortográficas y de estilo”.
La Comisión de Armonización, según el Reglamento General tiene como principal función “velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno”.
Esta comisión será integrada por 40 convencionales, donde al menos 7 de ellos deberán ser de escaños reservados, quienes requerirán de 3 patrocinios cada uno, a diferencia de los 4 que necesitan quienes no son representantes de los pueblos indígenas. Además, se establece que esta “no podrá estar integrada en más del sesenta por ciento por un género”.
Esta labor abre la discusión sobre las facultades que tendrá dicho espacio al momento de armonizar las normativas. Y es que la redacción de los artículos es fundamental para la interpretación futura que tendrá cada uno de estos, lo que impactará directamente en cómo se aplicará el contenido presente en la nueva Carta Magna.
En vista de aquello, el Reglamento también dejó estipuladas las limitaciones que tendrá la Comisión. En su Artículo 77 letra c se indica que “en ningún caso la Comisión de Armonización podrá alterar, modificar o reemplazar una norma constitucional aprobada”. No obstante, los convencionales tienen presente que las correcciones y el trabajo que se realice en la armonización no solo debe estar enfocado en los aspectos técnicos y jurídicos del texto, sino que también en el sentido político e histórico del proceso constituyente.
En ese sentido, la convencional Yarela Gómez (FA) plantea que la labor de la Comisión de Armonización es esencial para el momento histórico y político con el que nació y se desarrolla este proceso.
Según indica, el texto de la nueva Constitución debe reflejar las particularidades históricas que se están desarrollando, lo que se ve directamente marcado por las palabras y términos que se han instalado durante el proceso, tales como la paridad, descentralización o plurinacionalidad, lo cual debe quedar adecuadamente redactado y reflejado en la propuesta de nueva Constitución.
“Yo soy profesora de lenguaje y comunicación y planteo que desde la escritura del texto mismo no da lo mismo donde va una coma, y en ese sentido, si bien tiene que haber un carácter técnico, el carácter político va a ser importante”, dijo Gómez a esta redacción.
“Yo soy profesora de lenguaje y comunicación y planteo que desde la escritura del texto mismo no da lo mismo donde va una coma, y en ese sentido, si bien tiene que haber un carácter técnico, el carácter político va a ser importante”, dijo Gómez a esta redacción.
De la misma manera, agrega que su colectivo definirá a los nombres que integrarán dicha Comisión una vez se tenga la totalidad de normativas aprobadas, puesto que aquellos convencionales quedarán definidos según las necesidades correctivas que tengan las normas.
Es decir, si esta requiere de correcciones más técnicas, probablemente se le dará mayor espacio a convencionales que son abogados constitucionalistas como Fernando Atria, Amaya Alvez, Jaime Bassa o Cristián Viera. Mientras que si requiere de una reflexión más política, probablemente se buscará algún tipo de equilibrio que le dé espacio a convencionales del sector que no son abogados y que tienen perspectivas más regionalistas, territoriales o de género.
Su par de colectivo, Jennifer Mella coincide con la importancia de la comisión, puesto que “esta tiene que armonizar el trabajo de siete comisiones que quizás no han unificado los conceptos, entonces tiene que tener un corte técnico pero también un matiz político porque evidentemente va a tener que consensuar conceptos a lo largo de todo el texto constitucional y también tendrá que ver la redacción sin cambiar el sentido”, agregó.
Por esa misma línea fue la convencional y vicepresidenta adjunta Natividad Llanquileo, escaño reservado Mapuche y miembro de la Coordinadora Constitucional Plurinacional y Popular (CCPP), quien manifestó que “es necesario también que la Comisión tenga una visión que no solo sea técnica sino que haya gente que sea especialista en temas como los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres o de otros grupos históricamente excluidos como los niños”.
Y es que según indica Llanquileo una letra o una palabra puede cambiar todo el sentido de una normativa. “No da lo mismo para los pueblos indígenas el derecho a la tierra que al territorio, porque son conceptos distintos, por lo que necesitan personas especialistas en la materia”, puntualizó la convencional.
En el caso del convencional de escaños reservados Aymara, Luis Jiménez, plantea que la presencia de convencionales que apunten hacia lo técnico y los que apunten hacia lo político se reflejarán los acuerdos previos alcanzados con los ⅔ requeridos para aprobar las normas constitucionales. “En ese equilibrio va a haber mucha negociación y consensos como ya ha pasado en instancias anteriores como en la Comisión de Reglamento”, dijo el convencional.
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