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Domingo, 25 de octubre de 2020
Especial elecciones de 1970

Cómo la Casa Blanca inició la desestabilización de Allende

Luis Moniz Bandeira (*)

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Salvador Allende con Rafael Tarud y Rafael Agustín Gumucio.
Salvador Allende con Rafael Tarud y Rafael Agustín Gumucio.

En este primer artículo, el autor analiza a fondo la intervención del gobierno estadounidense en la política chilena –especialmente a través de la CIA- para intentar impedir que el triunfo de Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre fuera ratificado por el Congreso Nacional.

(*) Moniz Bandeira, historiador, politólogo y diplomático brasilero. Doctor graduado en las universidades de Heidelberg, Sao Paulo y Curitiva. Profesor en las universidades de Colonia, Estocolmo, Lisboa, Buenos Aires y Córdoba. Escribió cerca de 20 libros. Entre ellos Formação do Imperio Americano (Da Guerra contra a Espanha à Guerra contra o Iraque); As Relações Perigosas: Brasil-Estados Unidos (De Collor a Lula); Brasil, Argentina e Estados Unidos (Da Tríplice Aliança ao Mercosul); Brasil – Estados Unidos no Contexto da Globalização; y, De Martí a Fidel – A Revolução Cubana e a América Latina. Este artículo que publica INTERFERENCIA fue tomado del libro Fórmula para el Caos, Debate, 2008. Moniz Bandeira falleció en noviembre de 2017.

La maniobra para llevar a Chile el caos económico, social y político había comenzado, en realidad, inmediatamente después de  la elección de Salvador Allende. El hecho de ser el primer marxista electo presidente de la república, a través de procedimientos legales, en un régimen democrático, propició, por cierto, el  clima para el inicio  de una corrida bancaria, incentivada por la CIA y magnificada por el propio ministro de Hacienda y Economía del gobierno de Eduardo Frei, José Andrés Rafael Zaldívar Larraín, que el día 23 de septiembre ocupó una cadena nacional de televisión para anunciar una eventual bancarrota económica del país. Dijo:

“Hasta el 3 de septiembre, la economía chilena se desenvolvía en plena normalidad y las informaciones disponibles señalaban que los ritmos de crecimiento eran satisfactorios. Con posterioridad a esa fecha el proceso económico se ha visto alterado, poniendo en peligro los resultados esperados y anulando los efectos positivos de las políticas económicas que el gobierno ha venido aplicando armónicamente durante los últimos años”.

Manuel Fuentes Welding, uno de los dirigentes de Patria y Libertad, comentó en sus memorias que “bajo la visión del Comité Económico del gobierno, la situación era un desastre” y que “informar al país era un deber del gobierno,  pero que indudablemente contribuía a que la situación se agravara aún más”.  

De hecho, como escribió el dirigente socialista Carlos Altamirano, “el objetivo inmediato de esta intervención ‘inocente’ fue provocar un pánico financiero a través de la corrida bancaria, con bajas drásticas de los valores de la bolsa y retiro en masa de los fondos depositados en las instituciones de ahorro y financiamiento”. Sólo el lunes 7 de septiembre, el   primer día hábil después de  la elección presidencial, el público, en las primeras horas de la mañana, propició una corrida bancaria de 200 millones de escudos y otras en las entidades de ahorro y préstamo, donde  había 500 millones de escudos de inversores. 

Las clases medias y altas estaban aterrorizadas por la campaña  que la CIA fomentaba hacía tiempo.

Enormes filas de clientes se formaron en las puertas de las instituciones financieras,  presionando, fuertemente, al sistema bancario y de ahorro. Las clases medias y altas estaban aterrorizadas por la campaña  que la CIA fomentaba hacía tiempo. Se dio una brusca retracción de la demanda. La Bolsa de Valores cayó 60% y no abrió sus puertas, los valores en escudo (moneda oficial hasta el 29 de septiembre de 1975) de propiedades y casas cayeron a la mitad.  Los pasajes aéreos a países de América y Europa se agotaron.  El Aeropuerto de Pudahuel anunció la salida de 29 importantes personalidades.  

 “El tono empleado por el ministro Andrés Zaldívar Larraín, aunque revestido en términos técnicos, sólo podría, por obvias razones, fomentar aún más la intranquilidad reinante y aguzar las tendencias ya  manifiestas en el mercado”, reconoció el   embajador de    Brasil, Antônio Cândido de la Câmara Canto, concluyendo que “se iba a llegar, de esta forma, a una mala situación económico-financiera caótica, que tendría que repercutir en el esquema político”. Según el propio Câmara Canto explicó en telegrama al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, mostrando conocer lo que la derecha económica y política conspiraba, en combinación con el gobierno  de Frei:

“La imputación de las causas de la crisis a la victoria electoral de los    agrupamientos marxistas, implícita en el análisis gubernamental, anunciaba la dirección que se pretendía impeler los acontecimientos. Se insertan, en este  contexto, las declaraciones de Alessandri con respecto  de su eventual elección por el Congreso con el   apoyo de la Democracia-Cristiana y subsiguiente renuncia, abriendo un nuevo camino en los marcos institucionales, a través del lanzamiento de Frei a un inmediato  proceso electoral”.

En efecto, la crisis económico-financiera había sido concebida como detonante de un golpe de Estado, en el cual estaban involucrados altos jefes de las Fuerzas Armadas y, según observó el  entonces senador y secretario-general del PS, Carlos Altamirano, ella sólo no produjo  los efectos deseados gracias a la actitud enérgica de Allende, que obligó al   presidente Frei a accionar algunas medidas de emergencia para disminuir el impacto de un problema “artificialmente provocado”. El   Banco Central tuvo que tomar diversas medidas y, entre otras, aumentar el  medio circulante a través de emisiones sólidas destinadas a respaldar las entidades bancarias, a fin de suministrarles dinero en efectivo para atender la demanda del público, y trató de contener la evasión de divisas, en virtud de la extraordinaria procura de dólares, cuyas cotizaciones superaron en más  de 100% las vigentes antes de la elección del 4 de septiembre.  

Pero, como observó el   embajador Câmara Canto, la firme adhesión de diversos sectores y, sobre todo, de las tendencias de izquierda de la Democracia-Cristiana, representadas, principalmente, por el propio Radomiro Tomic, “frustraron los claros objetivos políticos contenidos en la declaración de Zaldívar”. Tomic reconoció la victoria de Allende, conforme el pacto que habían hecho antes de la elección, en el sentido de que cada uno reconocería la elección del otro, en el caso que  Alessandri obtuviese la segunda mayoría relativa. 

El  núcleo de oposición a la UP quedó restringido a sectores de la Democracia-Cristiana y a “ciertos miembros de la cúpula administrativa, los cuales  acabaron por revelarse minoritarios en la junta del partido gubernamental”, mientras la crisis económica se derramaba y se volvía, según comentó Câmara Canto, “contra los que inconscientemente la provocaron y los que conscientemente intentaron utilizarla con fines políticos. La previsión era  que la conjugación de las medidas financieras tomadas por el gobierno para impedir el colapso del sistema bancario provocaría un ancla inflacionaria sin precedentes, todavía contenida porque el  público no había comenzado a utilizar el dinero retirado de los bancos.

En Argentina, las Fuerzas Armadas analizaron el resultado electoral en Chile y concluyeron que, del punto de vista anti-subversivo, sería mucho peor una “maniobra o un golpe de Estado”, que  despojase a Allende del poder, no pasándole la presidencia de la república, dado que provocaría la reacción popular, contagiante, y llevaría a todos los reformistas a la violencia, convenciéndolos de que no había salida en la democracia. Allende, a pesar de haber levantado la “bandera cubana”, era definido como un “socialista izquierdizante romántico” y comparado con Alfredo Palacios (1880-1965), líder del Partido Socialista en Argentina, en 1961. Argentina, en esa época disponía de un organismo llamado Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), integrado por el presidente, por los comandantes en jefe de las tres armas, por ministros y por el jefe de la Central de Inteligencia Militar. Y el presidente, general Alejandro Lanusse reclutó a un grupo de intelectuales, entre ellos a Juan Carlos Puig, luego canciller del presidente Héctor Cámpora, que le aconsejaron imprimir un giro a la política exterior, a saber: "pluralismo ideológico" a través del acercamiento al Chile de Allende y a los miembros del Pacto Andino, para frenar la pretensión hegemónica de Brasil en América del Sur y su política en la Cuenca del Plata en desmedro de la Argentina. Lanusse adoptó la opinión del CONASE.

Los jefes militares entendían que los Estados Unidos no repetirían los errores que cometieron en relación a Fidel Castro, pero no permitirían que Chile se convirtiese en una plataforma de la OLAS, y juzgaban que la elección de Allende había tenido una consecuencia positiva, bajo el aspecto geopolítico, pues tornaba imposible el  eje Chile-Brasil y, en más, presionaba a los Estados Unidos a comprender la necesidad de apoyar a Argentina. 

En los Estados Unidos, las evaluaciones, dentro del gobierno,  presentaron matices variados.  La opinión de Nixon, sin embargo, coincidía perfectamente con la de Kissinger. Su aversión a Allende y a la UP era enorme.

En los Estados Unidos, las evaluaciones, dentro del gobierno,  presentaron matices variados.  La opinión de Nixon, sin embargo, coincidía perfectamente con la de Kissinger. Su aversión a Allende y a la UP era enorme y él, el 15 de septiembre, recibió, en el Salón Oval, al   director de El Mercurio, Agustín Edwards, que fue a advertirlo de las consecuencias de la asunción de Allende a la presidencia de Chile, a vaticinar un desastre si los Estados Unidos permitiesen que esto ocurriese. La reunión fue intermediada por Don Kendall, presidente de la PepsiCo (Pepsi Cola), de la cual Edwards era distribuidor en Chile.  

Y el mismo día Nixon declaró a Richard Helms, director de la CIA, “an régimen Allende in Chile was not acceptable to the United States”, al mismo tiempo en que ordenó el inicio de una masiva intervención clandestina en Chile, y se manifestó dispuesto a aprobar recursos por un monto de U$S 10 millones para  financiar  las covert y spoilings operations.  “Truman had lost China. Kennedy had lost Cuba. Nixon was not about to lose Chile”, explicó Richard Helms, agregando que Nixon le ordenó instigar el   golpe militar en Chile, y lo instruyó para que no diera conocimiento de esta directriz ni al secretario de Estado ni al secretario de Defensa. 

Según recordó Richard Helms, fue la operación más secreta que él debía ejecutar desde la II Guerra Mundial. Así, bajo la supervisión de William Broe, director de la Western Hemisphere Division de la CIA, y Thomas Karamessines, director-adjunto de planes, una Special Task Force fue inmediatamente creada y activada, bajo la dirección de David Atlee Philips, jefe de la estación en Brasil, para elaborar y dirigir la ejecución del Proyecto FUBELT, nombre codificado del proyecto, que tendía a promover el caos en Chile y provocar su estrangulamiento económico. El historiador americano Peter Kornbluh, que mucho hizo por la desclasificación de los documentos relativos a Chile, calificó este proyecto como de las “most infamous covert operations” de la CIA.

El objetivo del proyecto FUBELT era fomentar la crisis económica y social, promover el desorden en la sociedad chilena, aterrorizar a la población y crear las condiciones objetivas para la ruptura de la legalidad, generando un clima que llevase a las Fuerzas Armadas a intervenir y rematar el golpe de Estado. Y dos caminos fueron entonces delineados para bloquear la asunción de Allende a la presidencia de    Chile: la Track I, el camino político/constitucional, evitando que el   Congreso refrendase su elección, como establecía la Constitución chilena, dado que él había obtenido la pluralidad de los votos, pero no había alcanzado la mayoría absoluta, o induciendo a Frei a dar un golpe constitucional; y la Track II, el camino militar, mediante un golpe de Estado. 

La Track I se diferenciaba apenas de la Track II, porque contaba con la expectativa de connivencia de Frei y la participación del embajador Korry. Éste y los operadores de la CIA, funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa tratarían de convencer y hasta sobornar a parlamentarios chilenos (idea de Korry expuesta desde junio de 1970)  para que no ratificasen la elección de Allende y sufragasen a Alessandri, que algunos días después, el 3 de noviembre, renunciaría, según había prometido. En tales circunstancias, la Constitución determinaba la convocatoria de otra elección popular y Frei, estando fuera del gobierno durante este período, no tendría más incompatibilidad y podría ser candidato, legalmente, a la presidencia de Chile. Esta era la Alessandri formula. 

La spoiling campaign promovida durante años había producido importantes y profundos efectos en la sociedad chilena, dentro de la cual se había desarrollado un  agudo antagonismo de clases, que se reflejó  en las elecciones para la presidencia. 

La spoiling campaign promovida durante años había producido importantes y profundos efectos en la sociedad chilena, dentro de la cual se había desarrollado un  agudo antagonismo de clases, que se reflejó  en las elecciones para la presidencia.  Y la scare campaign, como parte de la Track I, prosiguió. El   objetivo siempre fue alarmar a la población y al medio empresarial, demostrando la reacción que la elección de Allende provocaría, en el extranjero, y las graves consecuencias para la economía de Chile, de forma de provocar el pánico financiero, un crash, la inestabilidad política, forzando a los militares a intervenir, para impedir la investidura de Allende en la presidencia de Chile . Y el 40 Committee decidió  determinar que los organismos multilaterales, como el   FMI y el Banco Mundial, cortasen todos los créditos y presionar a las empresas americanas y de otros países en el sentido de que redujesen sus  inversiones en Chile.  

La CIA desencadenó la campaña, dentro y fuera de Chile, inspirando más de 700 artículos y reportajes, afirmando que el país estaba al borde del colapso financiero. La técnica era similar a la usada en Brasil, en 1964, cuando la CIA explotó las contradicciones políticas domésticas, tendiendo a  crear las condiciones objetivas, inclusive el   caos económico y financiero, para legitimar el golpe de Estado, tal como hizo en Brasil, en 1964, para justificar y legitimar la deposición del presidente João Goulart por las Fuerzas Armadas. 

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Moniz Bandeira, el autor, muy joven, con Pablo Neruda.
Moniz Bandeira, el autor, muy joven, con Pablo Neruda.

La CIA incluso despachó para Chile un equipo de cuatro agentes secretos, entre los cuales  estaba Anthony Sforza y Henry J. Sloman, éste vinculado a la mafia y acostumbrado a trabajar en América Latina, todos hablando perfectamente español, con órdenes de no entrar en contacto con ningún americano, y usando pasaportes falsos, de países latinoamericanos, razón por la cual eran denominados de false-flaggers, i. e., un “illegal team” , de manera que no pudiesen ser vinculados a los  Estados Unidos. Uno se hacía pasar como un hombre de negocios de nacionalidad colombiana, otro, como argentino, y un tercero se presentaba como oficial de inteligencia de Bolivia. 

Los false-flaggers, del mismo modo que Heckscher y el   coronel Paul Wimert, agente de la Defense Intelligence Agency (DIA), que había servido como oficial de inteligencia en América Latina,  y estaba formalmente en la función de agregado militar en la Embajada de los    Estados Unidos, en Santiago, hizo, entre el 5 y el 20 de octubre, 21 contactos con altos jefes militares, entre los cuales estaban  los generales   de Ejército Camilo Valenzuela, comandante de la guarnición de Santiago, y Alfredo Canales, director de la Academia de Guerra del    Ejército; el almirante Hugo Tirado Barros, el general de la Fuerza Aérea Joaquín García,  y el director-general de los Carabineros, general Vicente Huerta. Los agentes de la CIA mantuvieron, igualmente, entendimiento con el general (r) Roberto Viaux y el mayor Arturo Marshall, que articulaban y fomentaban atentados terroristas en Santiago. Ellos aceptaron llevar adelante el golpe de Estado y recibieron fuertes garantías de apoyo de los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos (Nixon y Kissinger), antes y después del acontecimiento.

El  general Viaux, el más comprometido con el   complot, actuaba  como la contra-parte del coronel Paul Wimert, aunque considerado inestable e imposible de controlar. El  propio Henry Heckscher, el jefe de la estación de la CIA y cuyo seudónimo era “Felix”, preveía que, si él ejecutase el coup d’État,  promovería “a massive bloodbath”, que sería una “tragedy for Chile and for the free world...”.

El embajador Korry, sin embargo, fue formalmente excluido de la Track II, autorizado apenas a estimular a los militares a perpetrar el   golpe de Estado. Él había tomado una actitud prudente, al impedir que funcionarios americanos en cargos privados u oficiales  se involucrasen en actividades conspirativas. Solamente por casualidad supo que la CIA iba a llevar a cabo la Track II. Y, antes de viajar para Washington, en la primera semana de octubre, avisó a Frei que el mayor Arturo Marshall, vinculado al general Roberto Viaux, conspiraba con el   Movimiento Nacionalista Patria y Libertad (MNPL), una organización derechista, de carácter para-militar, creada bajo la dirección del abogado Pablo Rodríguez Grez, el 10 de septiembre  de 1970, cinco días después  de la elección, con la misión de combatir al gobierno de Allende.

Mañana: Segunda parte y final.

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