La recuperación de tierras ancestrales sigue siendo una de las principales solicitudes de los pueblos indígenas en Chile, demanda de la que está a cargo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) por parte del Estado, en procesos de compra de predios y asignación a las comunidades indígenas que los reclaman. Una función que hoy es cuestionada por dirigentes indígenas, principalmente por la disminución del monto destinado y una ejecución de compras que consideran mínima respecto del presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la entidad.
El 28 de enero de 2021, el jefe nacional de ese fondo, Tulio Matamala, presentó vía zoom el Estado de Ejecución presupuestaria de 2020 en la sesión de Comisión de Tierras de la entidad. Los datos alarmaron a los consejeros Conadi presentes: de un presupuesto de 76 mil millones de pesos solo aparecían como devengado (es decir, compras registradas) 5,8 mil millones de pesos para la compra de tierras indígenas. Esto equivale al 8% de su presupuesto.
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En la foto, tomada de la reunión vía Zoom, se muestra la línea Artículo 20 bajo el acápite Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, que es el ítem preciso relacionado a la compra de tierras, el cual ha tenido un requerimiento de 7,9 mil millones por parte de las comunidades indígenas, con el porcentaje de ejecución más bajo de todos los ítems: 73%. Dicho de otro modo, el 27% de las solicitudes están a la espera,
El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas nació según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Indígena, siendo el instrumento que permite a la Conadi “trabajar para satisfacer distintas demandas de los pueblos originarios asociadas a los recursos de tierra y agua, elementos vitales para impulsar políticas de desarrollo acordes a los lineamientos de gestión de esta Corporación”, según indica la misma institución.
“El procedimiento de compras de tierras colapsó, las comunidades han tenido largos años de espera para conseguir la aplicabilidad y luego los procesos de compra no se cumplen”, dice José Millalen. “Son cerca de 550 comunidades que están en espera y no les han solucionado sus demandas”.
Los consejeros de la Conadi, José Millalen y Marcial Colin, solicitaron el informe definitivo de la entidad -la que depende del Ministerio de Desarrollo Social- pero no han recibido respuesta. Mientras que el candidato a escaños reservados, Adolfo Millabur, denunció en el medio Piensa Prensa, "menos del 8% del presupuesto 2020 para compra de tierras fue gastado para ese fin. El resto fue transferido para 'fondos de riesgos y emergencias Covid', o simplemente devueltos a las arcas públicas sin previa consulta".
En la página web de Conadi hasta ahora solo se puede acceder a datos completos hasta septiembre de 2020 de la ejecución presupuestaria, la cual indica un total anual de un poco más de 4 mil millones de pesos en compras de tierras.
INTERFERENCIA publicó anteriormente que Conadi disminuirá en un 19% el presupuesto para compra de tierras indígenas para el año 2021, es decir, 14 mil millones de pesos menos para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Además, nuestro medio publicó que la Contraloría muestra graves fallas en el registro de Conadi: Se entregó ayuda por pandemia a 1.500 personas no inscritas y a 132 fallecidas.
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“Nos cansamos de esperar”
Las comunidades que optan por la vía institucional para la restitución histórica, deben solicitar un reconocimiento de “aplicabilidad” a Conadi, en un proceso en el que deben presentarse distintos antecedentes para ser evaluados. Si es que la entidad estatal les reconoce el derecho territorial, da el vamos a la compra de tierras por parte del Estado para su devolución, precisamente a través del Fondo de Tierras y Aguas.
“Este procedimiento de compras de tierras colapsó, las comunidades se han percatado de esto, han tenido largos años de espera para conseguir la aplicabilidad y luego los procesos de compra que no se cumplen. Son cerca de 550 comunidades que están en espera y no les han solucionado sus demandas. Ante esa situación, hoy en día se están fortaleciendo los procesos de recuperación de los predios. Este proceso es mucho más masivo de lo que se vivió en la década de los 90’”, explica José Millalen.
Samuel Morales, presidente de la comunidad Pascuala Lican, dice que el Estado ha usado la palabra ‘diálogo’ reiteradamente, “pero solo es una palabra puesta en la prensa porque los resultados son nulos. Nos acusan de terrorismo y nosotros hemos intentado avanzar con sus instituciones”.
En el caso de la comuna de Galvarino, las comunidades mapuche Mañiuco Bajo, Mañio ñie chiko (Mañiuco Alto), Pascuala Lican (Alto Huimpil), Minas de Huimpil y José Peñartu, iniciaron un proceso de ocupación el 13 de febrero. “Nuestra reivindicación territorial involucra a los predios Santa Cruz de 757, 9 hectáreas, en manos de Bosques Cautín S.A; Tilos de Reñico de 298,8 hectáreas, Santa Piedad de 52,7 hectáreas, los últimos en manos de Hancock Chilean Plantations Spa y Santa Elena de 400 hectáreas”, indica un comunicado en Mapuexpress, que agrega que existen voluntades para vender los territorios de parte de particulares, no así de compra de parte de Conadi.
También en los territorios de Lautaro, Boroa, Nueva Imperial, Freire, entre otros, están en procesos de ocupaciones territoriales, dando cuenta de un aumento de este tipo de acciones. "Las comunidades acordaron movilizarse, el gobierno no quiso comprar tierras y eso es vulnerar nuestros derechos", dice Marcial Colin.
“Desde el 2010 estamos trabajando en la comunidad, pero en el territorio desde el 2000 se viene reclamando terrenos. Reclamamos territorios usurpados, donde existen estudios de que esto fue así, seguimos la vía legal, seguimos el protocolo de la institucionalidad, elaboramos carpetas para tener la aplicabilidad que no conseguimos, hay dos territorios que lograron la aplicabilidad recientemente, pero no tienen más respuestas”, relata Samuel Morales, presidente de la comunidad Pascuala Lican.
Morales plantea que el Estado a través de Conadi ha usado la palabra ‘diálogo’ reiteradamente, “pero solo es una palabra puesta en la prensa porque los resultados son nulos. Nos acusan terrorismo y nosotros hemos intentado avanzar con sus instituciones”.
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Mientras que Sandra Lepin, presidenta de la comunidad Mañiuco bajo de Galvarino, señala: “nosotros ya nos cansamos, por eso entramos al fundo Reñico, para que nos tomen en cuenta. Desde el 2009 estamos en proceso, tenemos la aplicabilidad y no compran tierras, es un gobierno lento, que no nos escucha, tenemos necesidades. Hemos enviado cartas a la Conadi, ojalá lograremos una conversación, eso queremos como dirigentes”.
INTERFERENCIA solicitó a Conadi conversar con el director de la institución, Ignacio Malig y con el Jefe Nacional del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de Conadi, Tulio Matamala, vía correo electrónico y llamada telefónica, sin recibir respuesta.
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