La política argentina está en estado de conmoción, luego de que se conociera la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 en la cual se considera que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta del país, es culpable del delito de administración fraudulenta agravada en un caso de corrupción ocurrido mientras fue Presidenta de la Nación.

Dada esa conclusión, Fernández fue condenada a seis años de prisión e inabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Esto implica que la vicepresidenta evitó el cargo de asociación ilícita que le imputaban los fiscales, lo que implicaba una pena de 12 años. Los fundamentos del caso se conocerán recién a principios de marzo de 2023.

Tampoco Fernández corre mayor riesgo de ir a la cárcel, pues el proceso judicial está abierto, en tanto tiene fuero mientras no esté a firme el fallo, y es posible apelar ente el Tribunal de Casación y -posteriormente- la Corte Suprema, cuyo proceso podría tardar hasta el 2025. Para entonces, si es que no logra revertir su situación judicial, ya tendrá más de 70 años, por lo que cumpliría la condena en su domicilio. Además, es posible, aunque improbable, que Alberto Fernández, el presidente argentino, la indulte mientras dure su mandato que acabará a fines de 2023.

Para el gobierno argentino, el peronismo y la propia Fernández, la causa constituye algo que han llamado 'lawfare' (algo así como 'guerra judicial'), donde se busca usar los tribunales para anular a los enemigos políticos, como ciertamente pasó con Lula da Silva en Brasil

Sin embargo, sus detractores postulan a que la causa por la que fue condenada -el llamado caso 'Vialidad'- podría abrir la puerta a otras causas de corrupción pendientes o ya sentenciadas, pues consideran que hay puentes entre ellas; 'la Ruta del Dinero K' y 'Los Sauces y Hotesur' 

El caso 'Vialidad' corresponde a una serie de ilícitos ocurridos entre 2003 y 2015 -cuando Fernández y su marido Néstor Kirchner fueron presidentes- mediante los cuales se pagaron sobreprecios, se hicieron adelantos financieros injustificados y se aceptaron prórrogas lesivas para el fisco al empresario simpatizante del kirchnerismo Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz.

Más allá de lo legal, para el gobierno argentino, el peronismo y la propia Fernández, la causa constituye algo que han llamado 'lawfare' (algo así como 'guerra judicial'), donde se busca usar los tribunales para anular a los enemigos políticos, como ciertamente pasó con Lula da Silva en Brasil, quien fue condenado por corrupción por un juez venal, quien terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro (Sérgio Moro). 

"Presa o muerta me quieren", declaró Fernández depués del fallo, con lo que recordó que fue víctima de un intento fallido de asesinato en septiembre. La vicepresidenta también descalificó el fallo por varios vicios procesales, por lo que lo consideró que respondía a una forma de incidir en las elecciones generales de 2023, en las cuales declaró que no será candidata. "Es un ataque al proceso democrático", concluyó.

El caso 'Vialidad' corresponde a una serie de ilícitos ocurridos entre 2003 y 2015 -cuando Fernández y su marido Néstor Kirchner fueron presidentes- mediante los cuales se pagaron sobreprecios, se hicieron adelantos financieros injustificados y se aceptaron prórrogas lesivas para el fisco al empresario simpatizante del kirchnerismo Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz.

"Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal, esta es una condena que tiene su origen en un sistema de lawfare, también lo he llamado "partido judicial". Pero esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre el conjunto de los argentinos por fuera de los resultados electorales", dijo Fernández. 

El argumento del 'lawfare' fue dispuesto con toda la fuerza posible un día antes desde la Casa Rosada, en una cadena nacional, en la que Alberto Fernández -quien no es pariente de Cristina- subrayó la existencia de un caso de corrupción que afecta a jueces, a empresarios de El Clarín, funcionarios públicos de oposición e incluso a un alto asesor del propio Alberto, quienes -de acuerdo a un chat de Telegram filtrado- aparentemente se coludieron para restar impacto informativo a la cobertura del caso de un vuelo charter en que viajaron para reunirse en Bariloche, en la estancia Lago Escondido del magnate inglés Joe Lewis.

"Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas", dijo Alberto Fernández.

Al cierre de esta edición, Fernández había recibido abundantes muestras de respaldo por parte de figuras y autoridades ligadas al peronismo argentino, así como la del presidente mexicano Manuel López Obrador, quien twitteó: "Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo".