La portada de este martes del diario La Segunda calificaba a la Comisión de Medio Ambiente como la más "polémica" de las siete comisiones temáticas de la Convención, en un escenario de creciente crítica al trabajo constituyente en general, por parte de la prensa tradicional y los agentes de opinión pública más conservadores.

Aquella denominación se basó en las propuestas de norma constitucional que se han discutido y aprobado en general y en particular en la Comisión de Medioambiente, las cuales abordan varias demandas históricas en materia medioambiental, las que coinciden mayormente en que tiene el potencial de afectar directamente los intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales.

“Se han resuelto diversas iniciativas de norma que afectan gravemente el desarrollo de nuestro país, en particular, la debida libertad, protección y promoción del derecho de toda persona a emprender. Consideramos graves, radicales y preocupantes estas decisiones y así se lo hemos planteado hoy a la mesa directiva de la Convención", declaró Richard von Appen, presidente de la Sofofa, y miembro de la familia dueña de Ultramar, el holding naviero de los Von Appen.

La primera señal que dio la Comisión de Medio Ambiente fue someter a votación una propuesta de norma el 20 de enero, aprobando la iniciativa constituyente Nº 10-5 que “garantiza y protege a la atmósfera como bien común” con 14 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Y a medida que han ido avanzando los días, dicho espacio ha sometido a discusión propuestas que limitan el poder de las grandes empresas extractivistas ligadas a la minería, forestales, la pesca, la acuicultura o la agroindustria, así como también a los proyectos de producción energética.

A medida que han ido avanzando los días, dicho espacio ha sometido a discusión propuestas que limitan el poder de las grandes empresas extractivistas ligadas a la minería, forestales, la pesca, la acuicultura o la agroindustria, así como también a los proyectos de producción energética.

Al mismo tiempo, las propuestas aprobadas le otorgan mayores facultades a las comunidades y pueblos indígenas para decidir sobre aquellos proyectos empresariales que afectan el buen vivir de aquellos grupos por factores socioambientales.

En esa línea, el martes 1 de febrero la Comisión de Medio Ambiente aprobó en general dos artículos transitorios de la propuesta 'Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir', que busca busca ponerle fin a las concesiones mineras. Dicha propuesta fue ingresada con el patrocinio de convencionales de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Coordinadora Plurinacional y Popular (CCPP) y Pueblo Constituyente. Es decir, el ala más hacia la izquierda de la Convención.

De inmediato, tanto la Comisión como sus miembros comenzaron a recibir diversos ataques, pese a que dicha normativa debe aprobarse por 2/3 del Pleno, por po que difícilmente llegue a ser norma tal y como está planteada.

Así y todo, la convencional Ivanna Olivares (Coordinadora Plurinacional), quien presentó la propuesta de la nacionalización de los minerales, recibió insultos y violencia racista, machista y de clase en sus redes sociales. En paralelo, a eso se sumó la amenaza de muerte que recibió Manuela Royo (MSC), integrante de la Comisión de Sistemas de Justicia, espacio que este martes aprobó la iniciativa sobre 'Pluralismo Jurídico'; cambiar el nombre del Poder Judicial por Sistemas de Justicia, entre otras cosas. 

Así, la Comisión de Medioambiente fue calificada como "exagerada", "polémica" y acusada de estar aprobando normas "sin sentido", en especial por parte del mundo empresarial y sus agentes de opinión pública, los que históricamente se ha resistido incluso a hacer cambios menores al modelo neoliberal, y han defendido el sistema de producción extractivista, lo que incluye la tolerancia a los efectos más dramáticos del impacto socio-ambiental de la actividad de sus industrias. 

Por su parte, el convencional Fernando Salinas (Pueblo Constituyente), indicó que estas reacciones ya las habían visto desde gremios como el Consejo Minero o la Sociedad Nacional de Agricultura. De tal modo, el convencional recuerda que hace unas semanas siete líderes económicos firmaron una carta llamando a la población a patrocinar siete iniciativas populares que el gremio defendía y que -de un modo u otro- buscan compensar lo que está pasando a nivel de contenidos en la Comisión de Medioambiente.

Los siete empresarios presidentes de diversos gremios eran Juan Sutil (Confederación de la Producción y del Comercio), Richard Von Appen (Sofofa), Antonio Errázuriz (Cámara Chilena de la Construcción), Diego Hernandez (Sociedad Nacional de Minería), Cristián Allendes (Sociedad Nacional de Agricultura), Ricardo Mewes (Cámara Nacional de Comercio) y José Manuel Mena (Asociación de Bancos e Instituciones Financieras).   

“Ellos no quieren cambiar absolutamente nada y creen que el desarrollo sustentable viene solo, pero viene porque hay transformaciones”, dice Salinas a esta redacción. “Están diciendo que la Comisión nuestra está muy exagerada o que somos irreales. Pero resulta que nosotros estamos aprobando aquellas normas que creemos que son necesarias para salir de la crisis en que estamos. Porque aquí en Chile tenemos una crisis ecológica brutal”, agrega el convencional.

"Resulta que nosotros estamos aprobando aquellas normas que creemos que son necesarias para salir de la crisis en que estamos. Porque aquí en Chile tenemos una crisis ecológica brutal”, indicó el convencional Fernando Salinas.

Algo similar manifestó la convencional Ivanna Olivares, quien cree que es importante “asumir el escenario crítico en que nos encontramos producto del cambio climático, por lo que resulta prioritaria la defensa de la naturaleza y las comunidades, así como tender puentes para medidas transformadoras que redistribuyan de manera justa en todos los territorios”, indicó a INTERFERENCIA. 

“En la medida en que las propuestas de normas afectan los intereses de los grupos económicos y de poder, es natural que reaccionen para protegerse a sí mismos. Sin embargo, nuestro horizonte es claro y tiene que ver con defender las demandas populares que se levantaron con la revuelta popular”, agrega Olivares. 

Iniciativas transversales y un nuevo sentido común

Si bien las primeras normas aprobadas por la Comisión de Medioambiente pueden entenderse como más 'radicales', las que han seguido son propuestas que vienen con un patrocinio político transversal de la Convención: lo que incluye respaldos de Pueblo Constituyente, Independientes No Neutrales, Colectivo Socialista, Frente Amplio y Movimientos Sociales Constituyentes.

Es decir, con un apoyo de todo el espectro de la Convención, salvo la derecha. Un nuevo sentido común que responde a una sensibilidad distinta del país que se expresó en el Estallido Social, que se ratificó con la elección de múltiples constituyentes ambientalistas y que refrendó Gabriel Boric, con su promesa de campaña de hacer del suyo un "gobierno ecológico".

Y estas nuevas normas aprobadas esta última semana, las que también se someterán al Pleno y los 2/3, también tienen la característica de poner límites a los grandes intereses económicos en pos de una mayor regulación ambiental.

Este martes se aprobaron cuatro propuestas: 'Custodia pública de la naturaleza'; 'Daño ambiental y zonas de sacrificio'; la iniciativa popular de norma (IPN) de caracter animalista '#NoSonMuebles'; y 'Preservación de los cielos oscuros'.

Estas nuevas normas aprobadas esta última semana, las que también se someterán al Pleno y los 2/3, también tienen la característica de poner límites a los grandes intereses económicos en pos de una mayor regulación ambiental.

La propuesta 'Custodia pública de la naturaleza' llegó a la Comisión patrocinada por el Colectivo Socialista y el Frente Amplio, además de las firmas de Tammy Pustilnick (INN) y Cristina Dorador (MSC). Esta iniciativa contempla que el Estado sea custodio de los ‘bienes públicos naturales’, a la vez que garantiza la mantención de los ecosistemas por los beneficios que estos reportan al bienestar de las personas.

De todas formas, estos ‘bienes públicos naturales’ deben ser identificados por el Estado. Aunque la iniciativa contempla una primera aproximación al considerar los siguientes bienes naturales; el mar territorial, su fondo marino, y las playas de la zona costera; las aguas, sus cauces y playas; los glaciares y los humedales, incluyendo salares; los campos geotérmicos, los vientos y otras fuentes de energías renovables que defina la ley; el aire y la atmósfera; el material genético de la biodiversidad nativa nacional; la fauna terrestre y especies acuáticas, silvestres; las zonas de montaña, la áreas protegidas y los ecosistemas terrestres de titularidad estatal; y los minerales y el subsuelo.

Además, en su tercer inciso -aprobado con 16 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones- la iniciativa pone límites al ‘Estado custodio’ respecto a la sesión de derechos para la explotación de estos bienes naturales.

Aquí la iniciativa hace referencia directa a los derechos de aprovechamiento de aguas, los que se verían reformulados con la incorporación de esta propuesta. Este tipo de cesiones se contemplarán “de manera temporal, sujetas a causales de caducidad y revocación, con obligaciones específicas de conservación, estableciendo limitaciones, restricciones y tarifas”.

En este escenario, los derechos, concesiones y autorizaciones para la explotación de bienes públicos naturales de empresas forestales, mineras, agrícolas, ganaderas, acuícolas y energéticas quedarían supeditados al deber estatal de “custodiar la Naturaleza, incluyendo tanto su biodiversidad como geodiversidad”.

Más certeramente, la iniciativa propone que la cesión de “estos títulos no generan derechos de propiedad privada”.

En este escenario, los derechos, concesiones y autorizaciones para la explotación de bienes públicos naturales de empresas forestales, mineras, agrícolas, ganaderas, acuícolas y energéticas quedarían supeditados al deber estatal de “custodiar la Naturaleza, incluyendo tanto su biodiversidad como geodiversidad”.

Sin embargo, el documento de presentación aclara que “esta norma implicará una revisión posterior de toda la legislación que regula cada uno de los regímenes especiales (pesca, minería, agua), pero permitirá establecer bases comunes constitucionales sin tener que darles a cada uno una regulación detallada a este nivel, que pueda caer en vacíos o contradicciones”.

Algo parecido sucedió el 3 de febrero con la aprobación de la 'Iniciativa Constituyente que consagra el estatuto constitucional del agua'. Esta iniciativa propuso, de forma explícita, un artículo transitorio con el que el Código de Aguas vigente pierde toda validez y eficacia jurídica.

Respecto a la importancia de las normas vinculadas al agua, Salinas comenta que “han aparecido sectores que se sienten afectados por este tema: los dueños de los derechos de agua. Pero no los campesinos ni los agricultores. El problema son aquellos derechos que se usan para especular, para venderlos en el mercado, para venderlos incluso al Estado para que éste pueda proveer a la gente que no tiene. Con esto queremos acabar con el comercio del agua”.

Por otra parte, la iniciativa 'Daño ambiental y zonas de sacrificio' también llegó patrocinada por convencionales del Colectivo Socialista, FA, Pueblo Constituyente y MSC. En su articulado, la iniciativa propone que “toda persona, natural o jurídica, deberá prevenir causar daños ambientales y repararlos en su caso”. En especial contempla “sanciones penales y administrativas, independientemente de su obligación de reparar los daños causados”.

A estos deberes se suma un artículo transitorio que crea un Fondo Estatal de Justicia ambiental para implementar acciones correctivas y de restauración de zonas históricamente afectadas por contaminación.

Para Olivares, estas iniciativas siguen el tenor de las demandas levantadas por los pobladores de zonas de sacrificio. “Tanto la custodia pública de la naturaleza, el deber de las personas de prevenir daños ambientales y repararlos, y la creación del fondo estatal de justicia ambiental, son un claro deseo del pueblo de Chile por establecer parámetros robustos en materia de protección ambiental y de avanzar desde una perspectiva de justicia para las generaciones futuras”, afirmó.

En este sentido, según Salinas, la comisión de Medio Ambiente está trabajando “para resolver los problemas, ir cambiando los sistemas productivos y regenerar el territorio que está completamente dañado por estas industrias”.

Otra iniciativa aprobada ayer fue la IPN #NoSonMuebles, patrocinada por la fundación Vegetarianos Hoy. Esta pretende que se establezca constitucionalmente a los animales como seres ‘sintientes’ y así dejen de ser considerados ‘cosas’ para la legislación.

Además, en la presentación de la IPN, la fundación propone la consagración de este derecho se traduzca a normas jurídicas y políticas públicas, las que afectarían las industrias ganadera, acuícola, forestal, cosmética y farmacológica. 

Específicamente proponen que se "limiten el avance inmobiliario, de plantaciones agrícolas y de zonas ganaderas hacia zonas silvestres". Cuestión que significaría poner coto al desarrollo de empresas en los sectores.

Una última iniciativa aprobada aborda los problemas de la contaminación lumínica y su impacto en la vida de los ciudadanos y animales. La propuesta presenta un articulado que asegura “un cielo nocturno no contaminado que permita su observación, estudio, goce y usos tradicionales. Corresponderá al legislador regular las condiciones técnicas necesarias a fin de resguardar efectivamente el cielo nocturno”.

Por lo mismo, plantean que será “deber del Estado y de la sociedad preservar y proteger la calidad astronómica de los cielos”. Asimismo, la iniciativa contempla los efectos negativos que tenga la introducción de luz artificial en hábitats de especies nocturnas, las que pueden verse afectadas en sus ciclos de sueño.

De esta forma, la propuesta podría incidir en la construcción de ciudades, empresas, carreteras y cualquier edificación que contemple alumbrado público. Además, contemplaría nuevos planes de regulación del smog e industrias que puedan contaminar el cielo, impidiendo su observación nocturna.

"Las normas que se debatieron hoy dentro de la Comisión de Medioambiente persiguen el camino de lo ya esbozado en la aprobación de normas anteriores, poniendo en el centro del debate el bienestar de las comunidades, los territorios y la protección de los ecosistemas", dice Olivares.