El caso Zumba estalló en 2024 tras una denuncia del Gobierno de Santiago y el Consejo de Defensa del Estado por el presunto desvío de cerca de $500 millones destinados a proyectos de zumba, spinning y entrenamiento funcional, que nunca se ejecutaron. 

Manuel Zapata Vergara es uno de los implicados en el caso por su rol como representante legal de la ONG RCKLT, que habría obtenido más de $200 millones de forma fraudulenta por un proyecto de zumba. 

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Zapata fue detenido por Carabineros en julio de 2025, dentro del Instituto de Neurocirugía, donde ejercía como jefe de Adquisiciones. Así lo confirmó el establecimiento hospitalario tras consulta de Interferencia. El funcionario permaneció en prisión preventiva hasta enero de 2026, cuando la medida fue sustituida por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Durante su tiempo privado de libertad, Contraloría cuestionaría su jefatura en el Instituto con un informe que acusó irregularidades en el manejo de insumos del hospital.

El informe

El 22 de diciembre de 2025, la Contraloría emitió el Informe Final N° 859, resultado de una investigación especial sobre el Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo. El hallazgo central: la entidad mantiene 948 préstamos de insumos sin devolución completa desde 2015, por los cuales el organismo contralor formuló un reparo de $640.221.442.

La investigación partió por una denuncia con reserva de identidad contra la jefatura del Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, cargo que, según confirmó el propio Instituto a Interferencia, ocupaba Zapata Vergara, habría prestado 30 unidades de un sellante dural a la empresa proveedora Comercializadora Invermed Limitada, nunca devueltas, y habría mantenido en su oficina insumos vencidos desde 2016, sin registrarlos en el inventario del servicio. El Instituto instruyó un sumario administrativo y presentó además una denuncia penal ante el Ministerio Público, el 1 de agosto de 2025.

Consultado por Interferencia, el Instituto planteó reparos al informe.

Desde el hospital sostienen que gran parte de los $640 millones corresponde a traspasos definitivos de medicamentos e insumos hacia otros establecimientos públicos de salud, no a préstamos propiamente tales, una práctica destinada a evitar quiebres de stock, especialmente durante la pandemia. Los $24.195.330 restantes, vinculados a Invermed, son hoy objeto de una demanda civil de cobro que el Instituto presentó en octubre de 2025 y que continúa en tramitación.

Ese mismo argumento, sin embargo, ya había sido presentado por el Instituto durante la propia auditoría, y Contraloría no lo aceptó: concluyó que no se acompañó evidencia de haber cumplido la normativa que rige esos traspasos entre establecimientos públicos, y mantuvo la observación, y el reparo por el monto completo, en su totalidad.

El Instituto confirmó a nuestra redacción que Zapata Vergara dejó de prestar servicios de manera efectiva desde julio de 2025, y que se restringió de inmediato su acceso a los sistemas de abastecimiento. 

"La Dirección del Instituto tomó conocimiento formal del procedimiento penal que afecta al Sr. Zapata, en el momento exacto en que personal de Carabineros de Chile concurrió a las dependencias de este establecimiento asistencial para realizar la diligencia de su detención según instrucción judicial, en el mes de julio de 2025", afirman. 

El sumario administrativo por el caso Invermed continúa en tramitación y, según indicó el propio establecimiento, mantiene carácter reservado mientras no exista una resolución de término.