¿Cuánto espacio le darán a la discusión de las distintas posturas en los canales de televisión? ¿Serán programas en horario estelar o perdidos en una lamentable franja de trasnoche? ¿Cómo se repartirán los cupos para los panelistas e invitados? ¿Habrá mitad para el Apruebo y mitad para el Rechazo o se respetarán las cuotas existentes hoy en la Convención?

“El periodismo chileno vive un momento especial”, señaló hace pocos días el director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello. Esto, explicó el colombiano, ya que el periodismo está llamado a ayudar a la ciudadanía a “entenderse en un momento de cambio y muchas incertidumbres”. El chileno Cristián Alarcón, director de la revista Anfibia, complementó: “La paradoja del momento de crisis mundial que pasamos, es que además de hablar del pasado y presente, tenemos el desafío de pensar en el futuro, somos agentes de cambio, el futuro es un asunto de los/las periodistas”.

A juicio de las académicas Ximena Orchard, Claudia Lagos y Magdalena Saldaña –todas investigadoras asociadas del Núcleo Milenio para el Estudio de Medios– el destino del texto constitucional vivirá una “dura contienda” que se librará en tres campos: la comunicación institucional, la proliferación de rumores y desinformación, y la comunicación electoral. Y de los tres, los medios de comunicación tienen injerencia directa en al menos dos de ellos.

¿Cómo se alistan entonces estos medios, sus periodistas y editores para este momento crucial? ¿Estarán preparados (e interesados) para contradecir a quienes intenten instalar medias verdades o derechamente mentiras en los paneles de discusión? Como señalan las tres académicas del Núcleo Milenio, “la desinformación se ha abierto camino en los medios tradicionales, tanto en la forma de imprecisiones interesadas, como de errores involuntarios y datos de mala calidad”.

El desafío es, a todas luces, mayúsculo. Los intereses que están en juego no tienen precedentes en la historia reciente de nuestro país y así lo han hecho saber, por ejemplo, los grandes empresarios a través de columnas, entrevistas, cartas a sus accionistas e incluso con publicidad pagada. ¿Cuánto pesará la voz de estos –los principales auspiciadores de nuestros medios– a la hora de definir cómo se informa a la ciudadanía? ¿Qué nivel de independencia editorial tienen diarios, radios, canales de televisión y sitios web cuyos anunciantes son la Cámara Chilena de la Construcción, las AFP, el Consejo Minero, isapres y la banca privada? Si bien hay quienes consideran que esta influencia no es más que mitología popular, destacados economistas políticos de los medios como James Curran o Jonathan Hardy sostienen que no analizar la propiedad y el peso de los auspiciadores es, al menos, una ingenuidad.

En estos cuatro meses serán muchos los detalles a los que habrá que poner atención. Que los editoriales de El Mercurio critiquen todos los días el trabajo de la Convención es algo predecible. Lo mismo corre para su suplemento Crónica Constitucional y las mañosas encuestas que le entrega todas las semanas la Universidad del Desarrollo. Más interesante, por lo tanto, resulta analizar la cobertura de La Tercera, diario que en septiembre de 2020 –seis semanas antes del primer plebiscito– señaló en su editorial que “El Apruebo es la mejor opción para el país”. Hoy, leyendo las páginas editoriales del diario de Copesa quedan pocas dudas de que su consejo editorial apoyará el Rechazo.

¿Seguirá nuestra prensa, como lo hizo el Diario Financiero hace pocos días, criticando artículos que el pleno de la Convención ya rechazó y que por lo tanto no estarán en el borrador? ¿Continuarán dándoles páginas completas a agrupaciones que no representan a nadie, como la Fundación Politopedia en LUN y La Tercera, pero que entregan informes alineados con las líneas editoriales de estos diarios? ¿Cuántas Cayetanas más vendrán del extranjero a despotricar contra la Convención para dar decenas de entrevistas y reunirse con los editores de El Mercurio en sus oficinas? ¿Volveremos a ver esas encuestas truchas que el Rechazo pagó en el plebiscito de entrada, que tuvieron cabida en El Mercurio, La Segunda y LUN y que luego se excusaron diciendo que “cuesta saber dónde estuvo la equivocación”? ¿Seguirán dándoles amplia cabida a fallidas marchas del Rechazo que no convocan a más de 50 personas?

Los medios de comunicación tradicionales no tienen el monopolio de la opinión pública, pero su influencia sigue siendo incuestionable. Lo que un diario publica en la mañana repercute en las pautas de radios y canales de televisión, mientras que lo que aparece en pantalla se traduce en inevitable tema de discusión en redes sociales y sistemas de mensajería.

¿Se seguirá repitiendo como un mantra que la Convención fue una aplanadora ideológica o se consignará que las normas aprobadas llegan al borrador con un respaldo promedio de 121 votos (79% de pleno)? Si los medios consideran que lo más justo es incluir en sus debates a la misma cantidad de convencionales de derecha (37) que de los demás colectivos de centro-izquierda (114) deberán saber entonces que cada convencional de derecha tendrá tres veces más pantalla que un par de otro sector político.

De aquí a septiembre, la función social del periodismo chileno debe primar más que nunca por sobre los intereses de unas elites agrupadas en torno a la CPC y que hasta el momento han sido exitosas en instalar su discurso apocalíptico. El cortafuegos entre los medios y estos grupos debe ser más ancho que nunca antes para que el electorado llegue esa mañana de domingo informado de la mejor manera. Como escribió Mónica González para El País, “de aquí al 4 de septiembre próximo el enjambre sísmico será furioso. Hay miles de millones de dólares en juego. De allí la violencia. Y el miedo”.